Cuando Antonio López de Santa Anna tomó el poder en 1836 implantó en México una figura peculiar que en su momento fue efectiva para los fines para los que fue creada, pero en la práctica resultó una losa muy pesada para la libertad política del resto de los ciudadanos. El Supremo Poder Conservador consistió en una oficina capaz de someter a los otros tres poderes y, dándole la oportunidad, a la sociedad entera a través de la voluntad del tirano en que se convirtió ese hombre unos años después. Un órgano de vigilancia extrema que podía al mismo tiempo disolver al Legislativo como aplastar las resoluciones del Judicial, o prohibir la organización de ciertos eventos e ideologías.

La reforma electoral de 2007 significó una serie de buenas medidas para controlar a los partidos políticos en los excesos producto de sus luchas por el poder. Entre las más destacables se encuentra la limitación para contratar espacios por parte de particulares, la prohibición para que partidos contraten directamente tiempo en televisión y radio, o la reducción de las campañas políticas, lo que vino a golpear severamente el control que las televisoras estaban teniendo sobre la toma de decisiones de la ciudadanía. Sin embargo, ahora podemos ver algunas de las monstruosidades que se dejaron crecer sin control, y que son precisamente los partidos políticos los que más lo están sufriendo.

El riesgo es que estos excesos comiencen a permearse a la ciudadanía común. Irónicamente, al fortalecer a las instituciones electorales para que tuvieran la capacidad de defenderse de los grupos de poder, éstas se han convertido en un grupo de poder en sí mismo, por encima de los poderes constitucionales, un Supremo Poder Electoral.

La decisión de golpear al PAN, PRI y Verde Ecologista por los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial en contra del candidato de la Alianza por el Bien de Todos ha venido a poner sobre la mesa nuevamente las extrañas y sorprendentes facultades que ahora gozan los órganos electorales, incluyendo al IFE, al Tribunal Electoral y las demás instancias de resolución electoral. Significa un aumento considerable de la capacidad de sanción, así como de su ámbito de acción. De pronto las áreas de acción ciudadana se han convertido en ámbitos en los que ellos pueden emitir resoluciones. Los organismos privados ahora son sujetos de estas autoridades, quienes los pueden multar de manera significativa. Este elemento que en un principio surgió por una buena causa se ha convertido de la noche a la mañana en una pesadilla para las esferas más íntimas del ciudadano y de las empresas.

Completamente de acuerdo en señalar los excesos de un organismo empresarial que utilizó todo su poder para someter a un candidato, pero esto no deberá significar que se tolere este tipo de ejercicios propios de un régimen autoritario por decir lo menos. La acción del ciudadano no puede ser sometida a instancias que no corresponden con su naturaleza. La tipificación de delitos para personas físicas y morales queda establecido en varios códigos como el civil, el penal, entre otros. El electoral desde un principio está entendido para abarcar la acción muy específica de los partidos políticos y sus actividades durante los periodos de campaña política, o en lo general para puntos muy particulares.

Las atribuciones que ahora se están autoproclamando el Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral son consecuencia de lagunas legales que los legisladores han dejado. Ante la duda, estos organismos han preferido actuar. Una explicación a estos movimientos violentos puede caber en que éstos fueron duramente criticados durante 2006 por su laxitud y falta de voluntad. El extremo opuesto es igual o todavía más dañino.

La capacidad de fiscalización de los organismos electorales debe estar supeditada a las actividades que conciernen a ellos. Pensar que pueden regular la vida diaria de personas físicas o de organismos empresariales es una suposición peligrosa. Es momento de detener estos excesos antes de que terminen por destruir la poca credibilidad que aún les queda.

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