CADA COSA EN SU LUGAR
Claudio Tapia

Dice bien la hermana Consuelo: lo que ocurrió en la EGAP, debiera ser lo normal, lo cotidiano y no una excepción. Por eso, porque se trata de una garbanza de a libra, dije que la lección nos aproxima a  una sociedad en la que sus integrantes se comportan con civilidad.
En una sociedad de ciudadanos, sus universidades, todas, ejercen con pasión crítica el público debate de las ideas y de todo lo que afecta la vida social. Sus profesores y estudiantes manifiestan con libertad su pluralidad de opinión y, lo más importante, la sociedad les demanda que lo hagan. Nada de eso ocurre cotidianamente en N.L. Por eso, lo que pasó se convirtió en una excepcional lección. ¿Leyeron la carta abierta de Ximena Peredo publicada en este diario?
Sobre si con eso, los manifestantes, los defraudados por los empresarios consejeros de la  UCREM, lograron algún compromiso del gobernador o los asistentes para recuperar su dinero, opino que en la democracia deliberativa, el pragmatismo que conduce a creer que sólo sirve lo que permite alcanzar un objetivo único e inmediato: la reparación del daño, conduce a una reducción de sus alcances y a un empobrecimiento de la participación.
 Por lo pronto, ese pragmatismo cancela la importancia intrínseca de la denuncia, de la protesta y de la invitación a la reflexión  si con ellas no se logra la inmediata restitución del daño. Si no se va a lograr el objetivo único ¿para qué participar si nada se va a ganar? No es con esa lógica con la que opera la lucha social. Sin convertirse en nacidos para perder, los ciudadanos valoran el coraje cívico de la resistencia, la denuncia y la oposición aun cuando ni siquiera se les dé la razón.
Digo además que hay que poner las cosas en su lugar. Los defraudados de UCREM son víctimas de un grupo de vivales personajes de la localidad, dueños de prósperas empresas, que valiéndose del cargo de consejeros de la Unión, de la deficiente regulación y de la nula supervisión de las autoridades federales responsables de la función crediticia (Comisión Nacional Bancaria y SHCP) realizaron operaciones de auto préstamo de los fondos para luego declararse insolventes. De los verdaderos defraudadores, de los únicos obligados a reparar el daño, nadie habla. Toda la culpa la tiene Natividad.
No fue el gobernador del estado ni alguno de los funcionarios públicos del gobierno estatal los que golpearon a las víctimas de la UCREM. Fueron los porros de un partido político los que lo hicieron. Por lo tanto, debemos exigir al gobierno estatal que no permita la impunidad de los golpeadores y que llame a cuentas a los policías que se limitaron a observar. Nada menos, pero nada más.
El gobierno estatal carece de facultades para exigir que las autoridades crediticias -que advirtieron desde cuatro años antes, a los defraudadores pero no a los defraudados, de las irregularidades que ponían en riesgo grave la operación  de la Unión– cumplan con su deber. Digo más. Si en un arrebato de comprensión y solidaridad el gobierno estatal resarciera el daño patrimonial sufrido por los defraudados, estaría violando la ley porque no puede destinar recursos públicos a reparar daños causados en una relación entre particulares.
Cada cosa en su lugar. Que cada quien asuma su responsabilidad. Si hubiera más ciudadanos, lograríamos instituir la Contraloría Ciudadana para impedir desvíos de poder e incumplimientos como los que nos ocupan. El día llegará si aprendemos la lección.

claudiotapia@prodigy.net.mx  

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