Escribo este artículo en tránsito hacia el III Congreso Internacional de Estudios Electorales que se realizará en la ciudad de Salamanca, España del 28 al 30 de octubre convocado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Salamanca, con el apoyo del IFE, TEPJF y el TEDF. Será un encuentro de primer nivel con más de 350 ponentes de los cinco continentes. En lo personal me enorgullece ser parte, junto con otros cuatro colegas, de la directiva convocante. La SOMEE reúne a cerca de 400 investigadores mexicanos de reconocida trayectoria. La amplia convocatoria internacional da cuenta de la importancia de los estudios electorales. Los procesos electorales son un requisito indispensable para la renovación de los poderes públicos en toda democracia. Pese a las dificultades que experimentan los regímenes políticos en varios países, la representación política democrática requiere garantizar elecciones periódicas libres y equitativas. Podemos estar en desacuerdo con las formas asumidas por los regímenes democráticos o por los déficits que presentan en varios ámbitos; pero la ausencia de renovación periódica de la clase gobernante mediante elecciones es impensable en una democracia.

México no podía ser la excepción. La “democracia delegativa”, así definida por Guillermo O’Donell o “democracia mínima” de Leonardo Morlino, parece aplicable a nuestro caso. Justamente estas visiones incluyen la idea de que hay regímenes donde el único ámbito compartido con una definición amplia de democracia es el de llevar a cabo elecciones regulares, donde los ciudadanos votan cada cierto tiempo y delegan el ejercicio del poder a la clase política; es decir, no participan en la discusión de los asuntos públicos o en la confección de las políticas públicas. El espectáculo al que asistimos en estos días en el Congreso de la Unión derivado de la discusión de la Ley de Ingresos, nos da mayores elementos para sostener que estamos muy lejos de tener algo más que una democracia limitada. Por eso son tan importantes los procesos electorales; representan el único asidero en medio del caos que parece reinar en la vida pública nacional.

Hace ya más de 20 años que también salí del aeropuerto de San Diego, California rumbo a España. Hoy estamos en la era de la Internet y la tecnología me permite escribir mi colaboración desde el aire. A diferencia de estos cambios vertiginosos, el régimen político mexicano parece estancado en el tiempo. En 1988 partí de México a estudiar un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Fue apenas unas semanas después de las controvertidas elecciones presidenciales de aquel año aciago. El país se encontraba polarizado. La sensación de un fraude mayúsculo en contra del candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, era generalizada. Producto de aquella crisis surgió la legislación que dio lugar al nacimiento del IFE en octubre de 1990.

Han pasado más de dos décadas desde aquel 1988. Hemos vivido tres elecciones presidenciales más y la vida pública mexicana sigue convulsionada. La polarización no sólo es política, sino social. La pobreza y la desigualdad se han acrecentado. No hemos resuelto los principales problemas sociales, económicos y políticos. Nuestra democracia delegativa se ha mostrado incapaz de construir una nueva institucionalidad que permita dar paso a una democracia de calidad, en la que se imponga la legalidad en el ejercicio gubernamental; que los funcionarios electos cumplan con sus responsabilidades y sus compromisos frente a los ciudadanos, haya rendición de cuentas y transparencia pero no como una dádiva política, sino de manera regular y obligatoria; y la libertad e igualdad ciudadana sean garantizadas por las instituciones.

Cierto, una democracia de calidad no se traduce automáticamente en la solución de los problemas en el ámbito económico o social, pero permite que haya una mayor correspondencia entre lo que quieren los ciudadanos y hacen los gobernantes. En este momento no hay costos para quienes infringen la ley o a nombre de ella, una vez alcanzado el cargo, toman decisiones absurdas que conducen muchas veces al empobrecimiento o a la monopolización de la riqueza.

Pero la exigencia de un acuerdo nacional para la reforma institucional exige también una ciudadanía informada y participativa, que en nuestro país brilla por su ausencia. Con lo único que seguimos contando para proseguir en nuestra interminable transición en con los procesos electorales.

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