A los diputados federales por Nuevo León:

No ha habido plataforma política de los más distintos signos ideológicos que no ponga a la educación como prioridad del gobierno que ofrece llevar a la práctica. Al momento de formular las políticas públicas y aprobar los presupuestos del erario se advierte, sin embargo, que esa prioridad se minimiza y resulta, en el caso de la universidad pública, en una lesión a las posibilidades del desarrollo nacional.

No se valora, por lo mismo, el hecho histórico de que la universidad pública ha sido factor de movilidad social y desarrollo humano y tecnológico. Ni el de que hayan sido las suyas las propuestas más racionales a lo que se denomina justicia social o bien común.

En las tres últimas décadas, la estrategia gubernamental ha sido la de desfinanciar a la universidad pública con la promoción concomitante de su desprestigio social. El resultado ha sido una cada vez mayor dificultad para poder cumplir con sus fines. La OCDE señala que México gasta por alumno en educación superior 1.6 veces menos que el resto de los países miembros. Considerando una medida relativa, el gasto en educación superior representaba en 1998 el 0.89% del PIB mientras que en países como Chile, Perú, Argentina y Brasil significaba el 1.85, 1.32, 1.14 y 1.08% respectivamente.

Pese a la meta de incrementarlo a 1% del PIB en 2006, el gasto fue de 0.57% y en 2007, agravando la situación, se proponía el 0.51%. Tras la inconformidad del sector afectado y de los representantes en el Congreso, se logró una reasignación que representó en total el 0.59% del PIB, lo cual no fue en sí mismo un logro ya que seguía representando lo mismo que en 1995.

Se pretende llegar a ser un país competitivo y de primer mundo con una educación a la que se reprueba con frecuencia en los organismos internacionales. A las universidades se las condiciona hasta vulnerar su autonomía para que acepten lo que el gobierno quiere darles —cada vez menos— como no se condiciona a otros aspectos del gasto público. ¿Acaso se pide que la compra de equipo de seguridad pública o que ciertos caminos y carreteras se sujeten al criterio, absurdo para la educación, de costo-beneficio? ¿O que los responsables de otras obras de infraestructura se desgasten buscando fuentes alternas de financiamiento para completar las erogaciones que deben hacer?

No se ha entendido que la competitividad de un país reside en una educación de calidad, así como en un vasto empleo bien remunerado y, en general, en altos niveles de calidad de vida. Los países compiten, básicamente, con su población: con el capital humano al que se enaltece en las declaraciones para enseguida ponerlo en segundo plano en los hechos. Tampoco se ha entendido el objetivo de los impuestos: no es el de combatir la pobreza, como ahora argumenta el Ejecutivo federal, sino el de combatir la desigualdad mediante una escala impositiva (el que más tiene es el que más debe tributar), la inversión pública y el gasto público social.

Quienes signamos este documento, escritores, periodistas, promotores culturales y académicos, demandamos a los diputados federales por Nuevo León que pugnen, y llamen a sus colegas de la Cámara de Diputados a pugnar, por una revaloración del significado social y cultural de la universidad pública y, en consecuencia, por un mayor presupuesto para cumplir con el alto fin de mejorar sus servicios educativos.

Monterrey, N.L., noviembre 5 de 2009.

FIRMAS

1. Abraham Nuncio (escritor y periodista)

2. Adriana Hinojosa (académica)

3. Luis Ignacio Pozo Rocha (académico)

4. Katia Ibarra (escritora)

5. Félix Carrasco (director de orquesta)

6. Meynardo Vázquez (historiador)

7. Luis Lauro Garza (sociólogo)

8. Graciela Salazar Reyna (escritora)

9. Román Cortazar Aranda (escritor)

10. Luis Frías Teneyuque (académico)

11. Humberto Salazar Herrera (escritor y periodista)

12. Miguel Covarrubias (escritor)

13. Silvia Mijares (filósofa/escritora)

Estimados amigos/amigas:

Un grupo de universitarios hemos preparado el documento adjunto con el propósito de hacerlo llegar a los diputados federales por Nuevo León. El documento sintetiza la política de contracción presupuestal hacia la educación del país y, de manera señalada, a la educación superior. En consecuencia, se pide a los diputados federales que pugnen por la revaloración social y cultural de la universidad pública y de un mayor presupuesto para que ésta pueda cumplir con el alto fin de mejorar sus servicios educativos.

En el caso de que estén de acuerdo con la pertinencia del documento, les pedimos que lo copien y nos lo regresen con su nombre agregado a la lista y señalando su profesión u oficio. Si así lo creen conveniente pueden hacerlo llegar a otras personas que tengan el perfil del que se habla en su redacción pidiéndoles que hagan lo mismo. En la versión final que se entregará a los diputados se ordenarán los nombres de los signatarios por orden alfabético a partir del primer apellido.

Gracias.

Abraham Nuncio

abraham.nuncio@gmail.com

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