Transiciones
Gobierno dividido. ¿Podría ser diferente?
Víctor Alejandro Espinoza

Como sabemos, el pasado 4 de julio el PRI obtuvo una amplia victoria en Baja California. No sólo ganó las 5 alcaldías, sino que en coalición con el PVEM ganó 13 de los 16 distritos electorales, lo cual le permitió obtener 14 de 25 diputados (13 diputados de mayoría relativa y 1 más de representación proporcional). Es decir, aseguró la mayoría absoluta en el Congreso. Una situación inédita en nuestra historia política local, pues nunca antes el partido del gobernador había dejado de contar con al menos la mayoría relativa en la Cámara de Diputados.
         
Habría que recordar que producto del proceso electoral de 1989, se registró la primera alternancia estatal, pero también el primer gobierno dividido. Sin embargo, el partido del nuevo gobernador, el panista Ernesto Ruffo Appel, no obtuvo la mayoría absoluta, sino la relativa en el Congreso. El politólogo de la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado, le llama a esta situación “gobierno no unificado”, para diferenciarla del gobierno dividido que es cuando el partido opositor al Ejecutivo alcanza la mayoría absoluta de los congresistas (la mitad más uno de las curules, 13 en el caso de Baja California).
         
A nivel federal el primer gobierno dividido surgió de las elecciones intermedias de 1997. La pérdida de la mayoría absoluta del PRI se registró en  la Cámara de Diputados (el mismo Javier Hurtado caracteriza esta situación como “gobierno no unificado con control partidario dividido del Congreso”). Lo cierto es que desde entonces, tanto a nivel estatal como federal surgieron posiciones encontradas en torno a las consecuencias políticas de esta nueva división de poderes. Las críticas principales se centran en torno a la parálisis que se genera por la imposibilidad de que al Ejecutivo le aprueben las reformas que considera más importantes. Quienes defienden este tipo de gobiernos no unificados, puntualizan que se trata de una forma de gobernar que se acerca más a la democracia pues impide que el autoritarismo del Ejecutivo se imponga y el Congreso apruebe leyes que sólo responden a los dictados de aquél. En todo caso, sostienen, deriva de la voluntad popular expresada en las urnas.
         
Javier Hurtado nos recuerda que los gobiernos divididos sólo surgen bajo sistemas de gobierno presidencialistas. Este autor fácilmente podría ubicarse entre aquellos que ven más inconvenientes para la gobernabilidad que bondades derivadas de los resultados electorales. “La responsabilidad sobre las ineficiencias gubernamentales se diluye en las dos ramas del gobierno: el Congreso le echará la culpa de ello al presidente, y el presidente al Congreso”. Uno no puede dejar de pensar en lo que ha sido la relación entre el Congreso y los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
         
El 30 de septiembre pasado tomó protesta la XX Legislatura de Baja California. Al otro día, el 1 de octubre, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán envió al Congreso a través de su secretario de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona, el  documento del Tercer Informe de Gobierno. Por la tarde de ese mismo día, el gobernador realizó un evento público para leer su mensaje político. La fracción priista del Congreso, incluyendo a la diputada presidente del mismo, Nancy Sánchez Arredondo, decidieron no asistir por considerar una falta de respeto de los organizadores no haber invitado al senador por Baja California y líder priista, Fernando Castro Trenti. Posteriormente el gobernador haría polémicas declaraciones ante sus partidarios que vinieron a enturbiar aún más las relaciones entre ambos poderes; mismas que fueron respondidas mediante un enérgico desplegado firmado por la fracción mayoritaria.
         
Considero que los próximos tres años la entidad será testigo de una difícil relación entre ambos poderes. No podía ser de otra forma. El gobernador echará de menos la composición anterior de la Legislatura cuando mediante alianzas lograba en ocasiones la mayoría calificada. La XX Legislatura tratará de impulsar aquellas reformas que sean bien recibidas por los ciudadanos, aunque no sean bien vistas por el Ejecutivo y su partido. Con ello, tratarán de pavimentar el camino hacia el 2013 cuando se elija gobernador. No puede ser de otra manera; el diseño institucional no incentiva otro tipo de actuaciones. El problema no es el actual Congreso o el Ejecutivo; el problema se encuentra en otra parte: en el sistema presidencialista anacrónico.

Investigador de El Colegio de la Frontera Norte
victorae@colef.mx

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