ANÁLISIS A FONDO
Qué pasa con tu búsqueda, Alejandro
Francisco Gómez Maza
Ciudad de México.- Este lunes 25 de mayo recibí un desplegado público del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, anunciando la celebración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, con una denuncia muy grave y que no deja en un buen lugar al gobierno de López Obrador. Y me pregunté: es cierto; qué hace Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, presuntamente el encargado de buscar a los desaparecidos.
La denuncia del Comité viene firmada por la abogada P. Nadín Reyes Maldonado, para recordar que este lunes 25 de mayo se cumplen 13 años de la desaparición de los luchadores sociales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, pero nada se ha movido, desde hace décadas, para impartir justicia; nada se ha hecho por parte del nuevo gobierno por presentarlos con vida y, en este momento, el Covid-19 ha servido como nuevo pretexto para hacer menos de lo que de por si no se hacía.
Los miembros del Comité aseguran que, en estos 13 años, han sufrido de manera reiterada la burla y la simulación de los distintos gobiernos, que no han mostrado voluntad para entregar con vida a los desaparecidos y acceder a la verdad y la justicia.
Han gobernado ya, durante todo este tiempo, tres presidentes: Felipe Calderón, a quien el Comité señala como responsable directo de las desapariciones Gabriel Alberto y Edmundo; Enrique Peña, a quien señalan de cómplice y, ahora, Andrés Manuel López Obrador, a quien tampoco interesa el asunto. López Obrador conoce caso desde mucho antes de que fuera presidente.
Esto significa que el gobierno actual no ha cambiado el estado de cosas en torno a las desapariciones forzadas. Parece que no le interesara el dolor de los familiares y amigos de los desaparecidos porque ya lleva un año y cinco meses en palacio y no ha cambiado la política frente a las desapariciones. No ha cumplido con su compromiso de encontrar a los miles de detenidos desaparecidos del país y mucho menos de enjuiciar y castigar a los responsables.
Duro crítico es el Comité: Durante todo este tiempo, (López Obrador) ha hecho caso omiso y oídos sordos de las exigencias de miles de familiares que han pedido respuestas. ¿Cómo pensar que es un gobierno diferente, si las instancias de búsqueda y de justicia sólo simulan trabajar, pero vía de los hechos garantizan la impunidad a los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos?
El caso de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo es la muestra más palpable y fehaciente de la falta de voluntad de este gobierno para acabar con la impunidad y la práctica de este crimen de lesa humanidad, dado que, a pesar de contar con un sinfín de documentación que confirma el crimen y de contar con una resolución jurídica desde hace más de 6 años, que ordena la búsqueda de ambos luchadores en cuarteles militares y la creación de una comisión especial de búsqueda, entre otros puntos, hasta el día de hoy no se ha cumplido.
Los familiares de ambos desaparecidos tampoco han obtenido respuesta, desde hace 4 meses, de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso de Gabriel y Edmundo.
Los familiares se preguntan y responden con una respuesta brutalmente dolorosa, que no sé si será tomada en cuenta por López Obrador y Alejandro Encinas Rodríguez: ¿Por qué la negativa de presentar a Edmundo y a Gabriel? La respuesta es clara; porque no se tiene la voluntad para terminar con toda la cadena de impunidad sistemática que, desde hace décadas, sostiene la continuidad de este crimen; porque, aunque se diga que este gobierno es diferente, en los hechos, mantiene la misma política de cubrir con la impunidad y dotar de mayor poder a quienes, por años, han reprimido y cometido los peores crímenes en contra del pueblo: al ejército.
Y disculpen que me alargue, pero son preguntas muy importantes, hechas por quienes sufren el horrible dolor de la desaparición de sus familiares:
La sentencia de amparo que lograron obtener, desde el año 2014, y que fue ratificada en mayo de 2019, pone en la discusión nuevamente el papel del ejército en la comisión de este crimen de Estado, y la necesidad de sentar bases para que los presuntos autores del crimen sean investigados y sancionados.
El gobierno de López Obrador, después de poco más de un año de haber recibido la documentación del caso y de tener la oportunidad de demostrar en los hechos que es distinto, ha pasado a ser corresponsable por mantener y dilatar cada vez más el acceso a la verdad y la justicia.
El Comité, por último, pide la presentación con vida, además de Edmundo y Gabriel Alberto, de las indígenas triquis, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; el defensor de derechos humanos, Francisco Paredes Ruiz; el indígena chatino, Lauro Juárez; el profesor, Carlos Rene Román Salazar; los activistas, Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, el antropólogo popular Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México. #NOSFALTANENCASA.