Era de la judialización
Carlos M. López Hernández
Todo empezó con los procesos electorales, cuando los políticos, que habían perdido en las urnas, acudían al Tribunal Electoral con la esperanza de que este invalidara las elecciones y ordenara un nueva jornada electoral.
Con el tiempo, las jornadas electorales ahora se han vuelto inmiscuídas en largos procesos jurídicos. Y ya no es la voluntad popular la que legitima el proceso electoral, sino el visto bueno del Tribunal Electoral.
Esto es muy relevante, ya que se relaciona con múltiples problemas que son imposibles de tratar aquí, pero que provocan cuestionarse hasta dónde llegan los poderes de un tribunal, puesto que sus decisiones tienen impacto en temáticas que no le competen al poder judicial.
Por ejemplo, en la actual administración federal, la oposición ha recurrido constantemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta analice, o mejor dicho, dé el visto bueno a las acciones (principalmente legislativas) del partido hegemónico, lo cual ha provocado un excesivo uso de mecanismos constitucionales, pero también cuestionarse sobre los alcances del poder judicial.
Así, cada vez que la SCJN ha indicado que ciertos cambios constitucionales no son válidos, se le ha agregado un paso más al proceso legislativo.
Si se recuerda, el grupo “Va por México” llegó a declarar que harían una «moratoria constitucional», lo cual, en términos simples, consistía en judicializar todos los proyectos de reforma constitucional promovidos por el ejecutivo federal o por su partido.
Esto ha pasado con las reformas a la guardia nacional, la reforma electoral, la reforma educativa o la reforma energética, entre otras. De una u otra forma, cada una de ellas ha pasado por un proceso jurídico, es decir, se han judicializado. Y ha sido la SCJN la que ha indicado qué se puede o qué no se puede hacer.
Ahora, la novedad son los libros de texto gratuitos, ya que algunas entidades federativas se han negado a distribuir el material educativo. Por lo tanto, resulta que el que dará visto bueno a los contenidos educativos no será otro más que el poder judicial.
Ciertamente, Dworkin temía que los juces, en su imposibilidad de negar sus prejuicios, mezclaran sus ideas personales con los fines del derecho; el peligro de la arbitrariedad.
Así dicho, parece que las cosas no son tan distintas después de todo, ya que podría bien darse el caso que un juez que no le agraden los contenidos de los libros dd texto, dé la orden de no distribuirlos y obligue a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a imprimir un material distinto.
Sin embargo, este panorama de la era de la judicialización es distinto a la era de los jueces de Dworkin, ya que la judialización se ha convertido en una carga pesada que los políticos le atribuyen a los jueces y, al mismo tiempo, utilizan como escudo, pues de ser una medida antipopular la que se adopte, serán los jueces los señalados, mas no los políticos.
En efecto, como exactamente ha pasado en los último meses en los que ciudadanos han reclamado y exigido la renuncia de varios ministros de la SCJN.