EL CRISTALAZO
Periodistas y delitos
Rafael Cardona

La noticia nos debió alegrar a todos

Ciudad de México.- Quizá haya hecho felices a muchos, pero la verdad a este humilde servidor, periodista profesional hace más de 40 años, hijo y nieto de periodistas, le parece una más de las muchas tomaduras de pelo, hijas del matrimonio bien avenido de la burocracia oportunista y el protagonismo interesado.

Dice el diario: “La adición al artículo 73 constitucional, aprobada, primero en la Cámara de Diputados y ayer en el Senado de la República, señala que ‘las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta’”.

El senador priista Carlos Jiménez Macías calificó la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación como grave, “y lo más lamentable es que estas muertes y esta violación a los derechos humanos, casi en su totalidad, han quedado impunes.

“Esto no sólo representa una ofensa para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, representa una vergüenza para un país que se proclama, que sustenta su existencia en el estado de derecho porque muestra su incapacidad para cumplir con su responsabilidad de proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

¿De veras nos debe alegrar la intervención de la PGR en casos de agresión contra periodistas? ¿Ya gozamos del manto protector de Santa Marisela y con eso es suficiente?

Pues lo dudo. Desde hace años ya existe en la misma PGR cuya intervención hoy se festeja como si fuera agua bendita contra los vampiros, una oficina especializada en no hacer nada, pero cuya supuesta función es la misma sacralizada hoy con la federalización.
La estadística es abrumadora en estos asuntos. Más de 70 asesinatos no investigados ni mucho menos resueltos en la década azul.

Cínicamente algunos han dicho: los periodistas están condenados.

Durante el régimen del PRI los controlaban por las buenas o las malas. Ahora nomás los matan o las callan con la mordaza del miedo.

Obviamente juiciosos abogados y sesudos tratadistas estarán en contra de estas opiniones, pero una de las fuentes de la ineficiencia policial en México es la separación entre lo grave y lo leve; lo federal y lo local.

Pero como en el Senado creen en aquello de la eficiencia legislativa, quieren resolver la vida nacional mediante una sobre regulación y así  como han federalizado, para nada, la investigación de las agresiones contra el gremio (cuya comisión por desgracia persistirá) han descubierto la solución del gravísimo problema nacional. El más grave, dicen algunos: la corrupción y han creado una fiscalía especial en su contra.

¡Vade retro!, dice la novísima invención nacional. Leamos: “Con el propósito de combatir la corrupción, el Senado aprobó reformas al artículo 102 constitucional para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, así como el Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos.

“Melquiades Morales, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el nombramiento del fiscal lo hará el Senado, mediante convocatoria y elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes; durará en el cargo ocho años y podrá ser reelecto por una sola vez y ser removido por el propio Senado; presentará anualmente un informe de actividades, y comparecerá ante las Cámaras del Congreso.

“La Fiscalía Nacional contra la Corrupción, órgano autónomo, estará específicamente dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la corrupción; se encargará de la investigación y persecución del lavado de dinero, para combatir en forma paralela y eficiente el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, ya sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.

También se creará el Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos, de los Poderes de la Unión, de las entidades federativas, los municipios, y los organismos constitucionalmente autónomos, al cual tendrá acceso la Fiscalía Nacional contra la Corrupción”.

Tortura
Si usted es usuario frecuente del Metrobús, podría acudir a Amnistía Internacional o alguna de esas organizaciones civiles contra la tortura y exponer el caso de los miles de usuarios del sistema  metropolitano cuyos pasajeros deben soportar las pantallas instaladas dentro de los autobuses con la interminable repetición de los mensajes publicitarios del gobierno cuya finalidad, dicen, es para vivir mejor.

Son casi tan odiosos como en su tiempo lo fueron las plegarias cívicas de Bonilla.