¿Y si capturan al Chapo?
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- No debería haber duda en un Estado con una auténtica separación de poderes, sin embargo, no falta quien se pregunte sobre el posible beneficio electoral para el PAN que traería consigo la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando esa persona presencia los operativos y escucha las declaraciones de altos funcionarios del gobierno, justificando la intensificación de la búsqueda y captura de este personaje que el gobierno y los medios de comunicación han convertido en leyenda.
Se podrá decir desde el gobierno que no hay nada fuera de lo normal y la búsqueda es la misma de siempre. Pero algún cálculo debe estarse haciendo en Los Pinos por las constantes incursiones policiacas y militares en algunas regiones del país ─muy especialmente en el noroeste─ que vienen acompañadas de declaraciones oficiosas y llevan a pensar que el asunto supera lo estrictamente judicial para caer en la dimensión electoral.
Igual la pregunta no puede, ni debe reducirse al ámbito electoral, como una relación de costo beneficio-político para el partido gobernante sino también interrogarse sobre los posibles efectos que podría traer consigo el desenlace deseado por el gobierno: ¿qué podría pasar si al final de todos estos esfuerzos el Chapo no es encontrado antes del 1 de julio?; ¿o qué podría suceder si se le captura o cae abatido en uno de esos operativos?; son preguntas obligadas que motivan respuestas en clave de desenlaces.
¿Dónde está?
La noche del primero de marzo la metralla se escuchó en el Valle de San Lorenzo, al sur de la capital del estado de Sinaloa, dejando oficialmente dos muertos y un vehículo blindado quemado. La prensa dijo que ese operativo tuvo como objetivo minar el sistema de seguridad personal de Chapo Guzmán. Una semana y media después el Secretario de Gobernación menciona que se estuvo a punto de detenerlo en Los Cabos, cuando Hillary Clinton en esa misma ciudad presidía la reunión de los países miembros del G20; sin embargo, el personaje había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades volvían entonces a la hipótesis difusa de que se encontraba en algún lugar de la Sierra Madre occidental, o en uno de los numerosos refugios que tiene la organización para protegerlo. O sea, de nuevo a la nada y la especulación. Se habían eslabonado una serie de operativos fallidos contraproducentes para la estrategia del gobierno federal, y es que estar mencionando que se le busca, pero no se le encuentra, evidentemente es una pésima publicidad y una derrota sucesiva que tiene sus costos político-electorales.
Pero, además, no detenerlo representa para algunos sectores un cierto alivio, pues es incierta la desembocadura criminal que ocasionaría en zonas donde teóricamente tiene control el cártel de Sinaloa. Me explico, y es con base a una opinión que he escuchado en algunos círculos sociales y son de sentido común: hay zonas del país donde dominan uno y otro cártel de manera que existe una cierta geografía del poder criminal. Por ejemplo, en Sinaloa no hay duda que el grupo más poderoso es el Cártel de Sinaloa, cómo en Chihuahua son los de La Línea, o en Michoacán, La Familia Michoacana, o Los Zetas en Tamaulipas. Y sus jefes son los primeros preocupados porque no lleguen miembros de otros cárteles, de manera que hay una constante vigilancia en los accesos de “sus” estados. No obstante, como lo documenta la prensa diaria, hay regiones donde otros grupos controlan, como es el caso del Valle del Fuerte y se ha documentado que operan células ligadas a Los Zetas y a los hermanos Beltrán Leyva.
Algunos, entonces, se preguntan con cierta racionalidad qué pasaría si nuestras ciudades quedaran totalmente desamparadas, a merced de los cárteles que hoy dominan en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas. Lo más lógico es que ese vacío lo cubrieran quienes están obligado constitucionalmente, garantizando el pleno ejercicio de derechos. Sin embargo, las cosas no parece razonarse de esa manera y la conclusión generalizada es que se repetiría lo que ya sucede en otras ciudades mucho más inestables del norte del país.
Estas voces, donde se incluyen empresarios, no parecerían estar de acuerdo con un golpe de estas dimensiones y menos por un propósito electoral. No olvidemos que si bien las políticas y los operativos de seguridad púbica son parte de una estrategia nacional, los efectos negativos son siempre domésticos o familiares. Los servicios de seguridad llegan y se van mientras los ciudadanos permanecen en sus pueblos y ciudades soportando estoicamente las secuelas de violencia.
En fin, la pregunta que precede a esta parte del ensayo no es banal, tiene implicaciones serías que al menos hay que sopesar en clave de estabilidad regional y más todavía para garantizar que los procesos electorales concluyan con resultados creíbles y legítimos. No es que el gobierno deba quedarse impávido, sino que no debe actuar con criterio de oportunidad electoral o buscando la cereza de fin de sexenio; pero se recomienda cautela porque puede resultar más grave la medicina que la misma enfermedad.
¡Ya lo tenemos!
Esa afirmación en clave de costo beneficio gustaría mucho a los asesores de los gobiernos para generar la sensación de éxito, sin considerar los daños colaterales que en este sexenio ya alcanza a varios miles que estuvieron en el momento y el lugar equivocado, muchos de ellos niños que fueron sorprendidos en el primer hervor de la vida. Evidentemente la detención del Chapo Guzmán significaría la eliminación de una de las cabezas visibles del Cártel del Sinaloa. Sin embargo, este logro llevaría a la siguiente pregunta: ¿su detención implicaría un cambio sustancial de los grados de violencia? Está visto que las detenciones de “los más buscados” por la PGR han complicado las cosas en algunas regiones del país por el llamado “efecto cucaracha”, que fragmenta más el crimen organizado y dificulta la acción de la justicia.
No es que compartamos la parálisis en la acción de gobierno, sino que preocupa este renovado brío que viene cargado de intencionalidad electoral, cuando sabemos que lo policial se mezcla con la política, provocando un coctel muy explosivo. Ya lo hemos visto en algunos estados donde los desenlaces han sido fatales. Incluso para el partido en el gobierno, como sucedió en el estado de Michoacán, donde el mismo presidente Calderón mencionó alarmado que más de 50 candidatos de todos los partidos fueron “bajados” de sus postulaciones mediante amenazas (sin contar el asesinato el candidato panista a la alcaldía de La Piedad).
Afirmar que la estrategia ha sido un éxito, como deja entrever Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación, porque de los 37 más buscados 22 han sido detenidos o abatidos, es salir por la tangente, porque si bien no es poca cosa, cierto es que el problema escala con la fragmentación criminal. Lo que a muchos le dice que la estrategia de seguridad no ha sido la que necesitábamos. Menos si la estrategia sólo ha servido para reforzar críticas electoreras contra el PRI o el PRD, sobre presuntos vínculos de algunos de sus miembros con el crimen organizado, y en última instancia para lograr influir en la agenda del debate público, sin disminuir al problema que se le atiza.
Y es que si se detiene, o peor aún, se abate al Chapo Guzmán, es previsible una campaña del gobierno de grandes dimensiones, pero también una secuela que no sabemos habrá de tener en algunas regiones del país. Lo que sí ya sabemos, por lo reiterado, es que cuando la violencia aparece en tiempos electorales inmediatamente provoca ausentismo en las urnas. El miedo permea el tejido social y entonces los dados con los que se juega son los del voto duro y el clientelismo político, y ahí creo no sale bien parado el PAN ya que el PRI, sigue siendo el partido que tiene una mayor base de voto duro alimentado por las dos decenas de estados que gobierna y la mayoría de sus municipios, como también por su extraordinaria capacidad de generar ahí apoyos extrapartidarios.
Entonces, una estrategia que tiene como uno de sus principales ejes a este personaje legendario, no necesariamente redituará en beneficio del partido en el gobierno y es muy probable que más que logros electorales, al final sólo sea la cereza del pastel que busca el Presidente Calderón para cerrar su sexenio y su política de seguridad. Pero eso, de ser así, es otra cosa.
En definitiva, México necesita en materia de seguridad una política de Estado, más que acciones destinadas a obtener beneficios electorales, sobre todo cuando mucha gente sigue dudando que exista una verdadera separación de poderes.
