Posicionamiento de Cadhac y otros, ante la crisis del sistema penitenciario en NL
El día de hoy concluyó el Foro "Hacia la gobernabilidad en las prisiones de Nuevo León", con la presencia de integrantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y con la participación de expertos en el tema penitenciario como Miguel Sarre, miembro del Sub Comité para la prevención de la tortura de la ONU, Elena Azaola de la Red de Especialistas en Seguridad Pública, Dr. José Antonio López Ugalde, Mtro. Leonardo Mier, entre otros/as especialistas.
El Foro resultó con exigencias y propuestas muy concretas que –señalan las instituciones convocantes- reafirman la importancia de haber generado este necesario espacio para el análisis de la situación penitenciaria y definición de líneas de acción en la materia en Nuevo León.
De esta manera los resultados del Foro se concentran en el siguiente posicionamiento:
Ante la crisis penitenciara en el Estado, desde la sociedad civil y la academia:
Exigimos a las autoridades del Estado:
Garantizar la vida y la integridad de todas las personas privadas de su libertad. Si el gobierno Estatal no puede hacerlo, solicite el apoyo de la Federación en términos del artículo 119 Constitucional.
Resolver de inmediato sobre las solicitudes de libertad anticipada, en los casos en que se hayan cumplido los requisitos legales, y reactivar el Comité Penitenciario para darle seguimiento.
Promover las reformas legales para regular los procedimientos judiciales que garanticen condiciones de vida digna y segura a procesados y sentenciados, considerándolos como sujetos de derechos y obligaciones y no como objeto de tratamiento.
Detener de inmediato los traslados arbitrarios de internos y se asegure el respeto a los derechos de los internos y sus familias.
Detener el uso excesivo de la prisión preventiva, como un mecanismo para contener la sobrepoblación penitenciaria.
Exigimos a las autoridades federales:
Detener de inmediato los traslados arbitrarios de internos y se asegure el respeto a los derechos de los internos y sus familias
Proponemos a las autoridades del Estado:
Las estrategias que sigue el Gobierno del Estado sean discutidas en una mesa de expertos y de organismos de la sociedad civil que trabajan en los penales.
Definir un programa para la separación de hombres y mujeres así como sentenciados y procesados.
Contar en un plazo inmediato de sistemas de registro confiable de interno que asegure la ubicación y la atención de los internos.
Desarrollar con participación ciudadana una agenda de riesgos y un plan estratégico de administración penitenciaria.
Garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los penales.
Establecer con la participación de organismos de la sociedad civil, programas y protocolos de monitoreo y vigilancia social de los penales.
Iniciar de inmediato los trabajos tendientes a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales del modelo penitenciario.
Adoptar un programa para la contratación, formación, dignificación y protección de custodios y sus familias.
Evitar el populismo penal mediante el incremento de penas y la clasificación de delitos graves
Dotar a las instituciones penitenciarias de procedimientos, protocolos y esquemas de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad que reduzcan la discrecionalidad y la violación de derechos.
Monterrey, Nuevo León, a 30 de marzo de 2012.
