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1032 9 Abril 2012

La esperanza del encuentro
Irma Alma Ochoa Treviño
 
Monterrey.- A causa del caos que persiste en nuestra geografía desde que inició la estrategia federal contra el crimen organizado, la incesante violencia ha provocado constantes violaciones a los derechos humanos causando dolor, muerte y desapariciones forzadas, comúnmente llamadas “levantones”.

Donde antes caminábamos con tranquilidad hoy es peligroso transitar. La violencia rodea nuestras calles, caminos, brechas y carreteras. Incluso es un riesgo sacar la mecedora a la banqueta para platicar con las vecinas, como lo hacíamos tiempo atrás. Antes nos satisfacía coincidir con familiares y amistades en restaurantes, cines o teatros; hoy vivimos con el alma en vilo cuando acudimos a una boda, un aniversario o un funeral por temor a sufrir, en el trayecto, un levantón, un robo o un asesinato.

La situación prevaleciente en Nuevo León, fue expuesta el pasado miércoles 28 de marzo, en una reunión convocada por la Organización de Naciones Unidas, realizada en el Museo Metropolitano de Monterrey, para presentar el Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

La licenciada Minerva Martínez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que este crimen, violatorio a los derechos humanos, se ha agudizado en la entidad y señaló la importancia que reviste reconocerlo, para lo cual se necesita tipificarlo, según lo establece el artículo 4 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Los registros de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, dan prueba del incremento de este crimen. La Hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC, dijo que iniciaron a documentar los casos en 2009, ese año abrieron 22 expedientes e igual número en 2010, en el 2011 registraron 80. Y en solo dos meses y medio del 2012 han documentado 52 casos. El número de personas desaparecidas es mayor porque algunos expedientes amparan a varias víctimas.

Agregó que los familiares de las víctimas han reportado que, al denunciar la desaparición de sus seres queridos, los encargados les responden que están extraviadas y que ya volverán, que huyeron de su casa, o que están involucradas con el crimen organizado. Con lo cual, quienes tienen la responsabilidad de investigar, evaden su obligación.

A petición de la Hermana Consuelo, las madres, padres, hermanas, esposas, familiares de las víctimas directas, empezaron a mencionar el nombre de las personas desaparecidas y la fecha en que no volvieron a saber más de ellas, para reafirmar su nombre, recordar su rostro y tener presente su historia de vida.

Con palabras impregnadas del dolor de la ausencia, el padre de un joven desaparecido, le dijo al Procurador General en la entidad –ahí presente-, ¡póngase en nuestros zapatos!, nosotros vivimos con la esperanza de que nuestros hijos regresen a casa. Me aterra pensar en la agonía de la incertidumbre que esta familia vive.

Es importante saber que las víctimas tienen identidad y una familia que con afán los busca, también importa quién los desapareció. Una afligida madre dijo: mi hijo tiene 17 años, es estudiante, se lo llevó un agente de tránsito de Juárez, el agente ya está en la cárcel pero se niega a decir dónde está mi hijo. ¡Quiero que me lo regresen vivo porque vivo se lo llevaron! El peso de sus conmovedoras palabras caló hondo.

Son indescriptibles las dolorosas vivencias que apuntalan los reclamos. La madre de unos jóvenes secuestrados en Cadereyta, junto con su amigo y su chofer, exigió justicia. Con fuerza señaló que no pide favores, exige justicia. Demandó al Procurador, que agilizara las investigaciones, localizara a sus hijos, hallara a los perpetradores para que recibieran su castigo y se hiciera justicia.

Quedó claro que, ante la escasa respuesta de las autoridades encargadas de investigar, las familias de las víctimas se dan a la tarea de recabar las pistas que conduzcan al paradero del esposo, de los hijos o de las hijas desaparecidas. Se destacó que Lucha por Amor, Verdad y Justicia (LUPA) y Cadhac, con el apoyo de la sociedad civil, han entregado valiosa información a los ministeriales y han logrado, a la fecha, el seguimiento de 37 casos y la detención de 20 presuntos culpables.

Además, demandaron se tipifique el delito en las leyes estatales y mencionaron que en mayo de 2011, familiares de víctimas directas y Cadhac presentaron al Congreso local, una iniciativa de ley para tipificar la desaparición forzada. Hasta hoy no ha sido subida al Pleno para su discusión. En todo tiempo es irresponsable incumplir los compromisos adquiridos y, en este caso, es inmoral no preocuparse en tipificar los delitos que dan seguridad a la ciudadanía. En época de elecciones es desatinado.

En un espacio donde privaba el dolor y se clamaba investigar, encontrar, sancionar y tipificar el delito, el diputado Mario Gutiérrez, representante del Congreso local, especificó que la definición en la iniciativa presentada no era clara, que había que “tropicalizar” la ley para adecuarla al contexto. Le preguntaron por qué no habían ido los diputados César Garza, Hernán Salinas o María de los Ángeles Herrera, a lo que respondió que no podía hablar por los ausentes y añadió que la noche anterior lo asignaron para asistir a esta reunión. Su compromiso consistió en compartir los comentarios con el resto de los diputados.

Santiago Corcuera del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, reiteró la importancia de reconocer la existencia del problema. Estimó la valiosa presencia de las víctimas indirectas del crimen de desaparición forzada en la reunión. Precisó que este crimen es de carácter continuado, pues el sufrimiento por la desaparición se revive momento a momento. Reveló que las familias de las víctimas son tremenda minoría; sin embargo, aún así se atreven a alzar la voz, cuando es comprensible que estén paralizados por el temor pues reciben amenazas, presión y hostigamiento, dijo.

Corcuera, mencionó que una de las exigencias del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas es tipificar la desaparición forzada en Nuevo León y en otros estados de la República. Solicitó a los integrantes del Congreso “no ser creativos”, les sugirió que sólo hicieran un “copy paste” a las leyes internacionales que protegen los derechos humanos y, que no las tropicalicen, ya que éstas son válidas para clima cálido y clima frío.

En un ambiente tenso, las víctimas exigían agilizar las investigaciones, aprehender a los culpables, sancionarlos y tipificar el delito. Es notable el trabajo que han realizado Cadhac y LUPA. Es evidente la necesidad de reconocer el delito, así como el desinterés de la actual Legislatura en abordar los temas sensibles a la sociedad.

Pienso que es difícil describir el dolor, porque éste es personal. Pero las víctimas lo expresaron con sentidas palabras, y sus testimonios movieron las fibras del corazón de quienes estuvimos presentes. Nada humano nos fue ajeno, nos hermanó la esperanza y la férrea voluntad para que se haga justicia.

Con la convicción de que otro mundo es posible, abrigo la esperanza de que pronto, muy pronto, se encuentre a los seres queridos.
 
Al efecto, el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, define este delito como: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

Mientras que el artículo 3 expresa que: “los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables”

 

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pq94

La Quincena N?92


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