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1037 16 Abril 2012

 

Solicitud de Alerta de Género
Irma Alma Ochoa Treviño

En memoria de mis padres: Santos e Irma
Papá me aconsejaba hacer cosas productivas.
Mamá me invitaba a divertirme. Eso nada más te entristece, me dijo.

Monterrey.- Gracias a las diferentes acciones y estrategias realizadas por varias organizaciones feministas que se percataron del recrudecimiento de la violencia en contra de las mujeres, se logró que las “autoridades” pusieran atención en un problema que, hasta entonces, había permanecido oculto tras la puerta de una habitación, y se convirtiera en delito.

Para ello se realizaron marchas, se entregaron volantes, se habló con las y los representantes populares, se difundió el problema en grupos pequeños, en numerosos foros, a través de la radio o publicaciones. Hasta tuvimos la osadía de presentar un proyecto de iniciativa de ley para prevenir, atender y sancionar la violencia a un grupo de representantes populares, elaborado por comprometidas ciudadanas.

Otra de estas acciones fue dar a conocer la dimensión de la violencia ejercida contra las mujeres, mediante la difusión de las cifras y datos. Para ello, la prensa jugó un importante papel. Las notas publicadas posibilitaron el registro, base de la solicitud de alerta, e hicieron posible que esta situación, antes una vergüenza para las víctimas, se transformara en una preocupación que nos compete a toda la sociedad.

El Legislativo hizo su trabajo y se estableció como delito la violencia familiar en el Código Penal y en el de Procedimientos. Pero eso no terminó con el problema. Una cosa es el Derecho y otra, muy lejana, son los hechos. La violencia siguió causando daño, y hoy se presenta con mayor crueldad y frecuencia. Sólo en el 2011 se registró la pérdida de la vida de 221 mujeres y niñas. La mayoría por cuestiones relacionadas con el llamado combate a la delincuencia; todas, víctimas de la violencia feminicida.

No sé cómo le hacen quienes tienen esta tarea en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a mí, en lo personal, me significa un gran desgaste emocional y físico, documentar los datos de las mujeres asesinadas en el estado. Sufro con cada víctima, pienso en su historia de vida, en sus afectos, en sus sueños. Por cada persona víctima se tensan mis músculos, las quijadas se endurecen, me duele el estómago, lloro, oro.

En repetidas ocasiones me he preguntado: ¿para qué lo sigo haciendo?, ¿las autoridades se tocarán el corazón al conocer las cifras?, ¿buscarán ser más eficientes?, o ¿encontrarán argumentos para tapar insuficiencias?

El incremento exponencial de crímenes en contra de mujeres cometidos el año pasado, en mayor número en el área metropolitana de Monterrey, más las cifras y datos registrados en años anteriores, impulsó a la agrupación Arthemisas por la Equidad, a presentar una solicitud de investigación de procedencia de Declaratoria de Alerta de Género en el estado de Nuevo León, la cual fue respaldada por las asociaciones civiles Alternativas Pacíficas, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León y Pro Salud Sexual y Reproductiva.

Contando además con el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). La solicitud de alerta se presentó en enero del año actual ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).

Vale mencionar que la alerta de violencia de género es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado (artículo 22), con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra (artículo 23). Bueno, como dice mi amiga abogada, ese es el espíritu de la Ley.

Además señala que la declaratoria de alerta de violencia de género se emitirá cuando, Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; y los organismos de la sociedad civil, así lo soliciten (artículo 24, fracciones I y III)

En la solicitud manifestamos también nuestra preocupación por las desapariciones forzadas de mujeres, trátese de delitos del fuero común o del federal, según lo determine la justicia para cada caso en particular. Con el antecedente de que el estado carece de un diagnóstico de este grave problema, se incorporó el dato que aparece en el informe una Mirada al Feminicidio en México, del OCNF, el cual señala que la PGJNL reportó un total de 415 casos de mujeres y niñas desaparecidas en la entidad de enero de 2010 a junio de 2011.

Para dar curso a la solicitud se abrió el expediente SNPASEVCM/001/2012, y se convocó a las y los integrantes del Sistema a Sesión Extraordinaria, la cual se efectúo el 8 de febrero, en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sito en la ciudad de México, D.F.; a sabiendas de que las desapariciones forzadas y las muertes con violencia en la entidad, son de interés público, gestionamos audiencia para conocer de viva voz, los argumentos que avalarían u obstaculizarían las medidas de emergencia requeridas.

Pero, aduciendo que la sesión era privada, este derecho fue negado por la mayoría de las y los “servidores” públicos que, en forma extraordinaria, se desplazaron de sus lugares de origen para sesionar y determinar si procedía o no la declaratoria de alerta. Quizá no consideraron de interés público el terrible número de víctimas de desapariciones forzadas o de muertes violentas, o quizá asuman que los asuntos que tratan en la función pública son de índole privada.

En síntesis, la solicitud de implementar acciones emergentes para prevenir asesinatos y desapariciones de mujeres en Nuevo León, no prosperó. La votación quedó en 13 votos a favor y 19 en contra, éstos emitidos por las titulares de los mecanismos de “adelanto de las mujeres” de las entidades federativas priistas, para demostrar quién tiene el poder en el sistema; ¿y las mujeres víctimas?

A través de declaraciones públicas de algunas de las titulares de los institutos de las mujeresde diversas entidades, que estuvieron en la sesión, nos enteramos que negaron la solicitud porque no está fundamentada, y que los datos aportados no son oficiales, porque son de hemeroteca.

Aclaro que el fundamento de la solicitud es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en su Reglamento, citado párrafos arriba. Por otra parte, como la información oficial que sube a la página electrónica de la PGJNL, no está desagregada por sexo y edad; la solicitud presentada se basa en información de hemeroteca sobre los asesinatos de mujeres registrados en Nuevo León, y en los datos aportados por el OCNF.

Además, debido a que la solicitud es de carácter administrativo y tiene el propósito de que las autoridades correspondientes investiguen y procedan para que mengue  la violencia feminicida. Eso, investigar y proceder, es justamente una responsabilidad de las y los servidores públicos, no de las ong.

Me pregunto: ¿qué fundamento será válido para que las titulares de los mecanismos que defienden los derechos de las mujeres aprueben una alerta?; ¿no les basta que en 18 meses hayan desaparecido 415 mujeres en Nuevo León?; ¿no les es suficiente 221 mujeres asesinadas en un año?; ¿esperarán a que la cifra del 2012 rebase la anterior?; ¿qué esperan?

Cada vez se entiende menos cómo se mueven, desde las instituciones, los hilos de la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Será por las elecciones?

 

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pq94

La Quincena N?92


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