LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
La cultura política del mexicano
Edilberto Cervantes Galván

Monterrey.- ¿Qué sabemos de lo que piensa el ciudadano sobre los procesos políticos que estamos viviendo actualmente? Si acaso se le pregunta por quien va a votar.

La cultura política tiene que ver con las percepciones, actitudes y costumbres de la gente hacia la forma en que se desempeña y trabaja su gobierno y la manera en que se relaciona con él. Uno de los principales estudios sobre cultura política, elaborado en los Estados Unidos, por allá en los años sesenta (me refiero al de Almond y Verba, en 1965) se basó en el conocimiento de lo que pensaban los norteamericanos y sus actitudes hacia el ámbito de lo político.

Aquí en México se han hecho algunos estudios de tipo especulativo y orientados a conceptualizar una especie de “ser nacional mexicano”, que con dificultades percibe la necesidad de cambio, que acepta con resignación el estado de cosas y se acomoda en un medio ambiente de corrupción (algo así es lo que intenta Jorge Castañeda en uno de sus libros sobre México y los mexicanos: Mañana Forever?).

Castañeda apunta hacia la conformación de una cultura política en la que se rehuye la confrontación directa y el intercambio de ideas y opiniones, lo cual dice es la esencia de la democracia. La clase dirigente, con algunas distinguidas excepciones, oculta sus verdaderas intenciones y sus conflictos internos, mediante una elaborada farsa de cortesías y de retórica que sólo sirve para preservar el status quo y pospone la realización de un debate serio sobre los más importantes problemas.

La cultura política, como toda expresión colectiva es producto de una evolución, de las experiencias compartidas por la comunidad y por tanto de las creencias y valores que se van conformando.

Durante la segunda mitad del siglo XX, cuando el esquema corporativista y el régimen de partido prácticamente único resultaba incómodo para ciertas élites políticas y los Estados Unidos presionaban en México, como en todo el Mundo, de que había que fortalecer la democracia,  uno de los principales propósitos del gobierno mexicano y de los partidos políticos que con él convivían fue el de perfeccionar el sistema de partidos y hacer de las elecciones procesos con alta participación y credibilidad.

En la actualidad, el régimen de partidos que se ha desarrollado es señalado como  una partidocracia, los partidos monopolizan la capacidad para presentar candidatos a los puestos de elección y además deciden sin mayor consulta las listas de candidatos plurinominales, los cuales ni campaña necesitan hacer. El peso de los partidos se deja sentir de manera directa en los procesos legislativos, en donde se legisla en base a alianzas de coyuntura y la práctica de mayoritear no es exclusiva de ningún partido.  

La legislación electoral es un cuerpo de disposiciones que cambia con frecuencia. De hecho, las normas y procesos electorales se han cambiado para cada una de las elecciones presidenciales celebradas en los últimos veinte años. Esto introduce incertidumbre e inestabilidad en el sistema político.

Cada nueva versión de Cofipe, como las misceláneas fiscales que se emitían cada año, trata de remendar los agujeros o eliminar las fallas que hicieron posible violaciones a la ética y el espíritu democráticos en las elecciones previas. Pero la perfección nunca se logra y en cada nuevo proceso electoral el ingenio y el deseo de ganar a como de lugar estimulan la creatividad para sacarle la vuelta a la ley.

En cada proceso electoral se ensalza al ciudadano y se le dice que es el principal actor. Pero la queja más frecuente es que el sistema y el gobierno se olvidan del ciudadano una vez que pasan las elecciones. Así, se cuestiona el tipo de democracia que se dice tenemos, ya que la experiencia de que la opinión y el voto del ciudadano son atendibles se limita si acaso al día de las votaciones.

No hay una experiencia cotidiana de la democracia. Es el poder el que ordena y al de abajo le corresponde acatar. La cuestión se complica si además del poder público también actúan los denominados poderes fácticos. El presidente Calderón acaba de confirmar en un foro internacional que el crimen organizado ha hecho a un lado al Estado y que impone impuestos y gravámenes.

En este contexto político, en donde las leyes electorales cambian con cada elección, en el que no hay una práctica cotidiana de la democracia, y en donde los resultados no logran ser creíbles, no resulta raro que el ciudadano se abstenga de validar las elecciones; los niveles de abstencionismo son realmente altos; en algunos distritos de la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, la abstención llega a ser superior al 50 por ciento. En estas condiciones, no eligen las mayorías sino las minorías.

Es interesante prestar atención a lo que sucede en España. No sólo se trata de la crisis económica sino también del papel que está desempeñando la clase política. A juicio de un analista español las instituciones constitucionales establecidas en 1978 se han mostrado sólidas, a pesar de la “ligereza” y “frivolidad” con las que han actuado los políticos y partidos; se señala el “ejercicio sectario” en las tareas parlamentarias,  la “administración espectacular de la justicia” y la “utilización, a la vez propagandística y prepotente del poder ejecutivo”. 

Lo más relevante de ese juicio sobre la crisis española es que plantea la necesidad de fortalecer las instituciones “poniendo fin a los malos usos que se han hecho de ellas, no a utilizar esos malos usos como coartada para cuestionarlas”.

Algo así podría estar pasando en México.