EL CRISTALAZO
Democracia en los medios
Rafael Cardona
Ciudad de México.- Poco a poco el tema se desplaza de lo meramente electoral al análisis de los medios. Casi todas las voces lo hacen en tono de queja cuando no de condena. La apertura de los medios se ve hoy con la misma exigencia de otras aperturas necesarias en tiempos pasados.
La lógica indica, si el país avanzó democráticamente con una Reforma Política (1977) para llegar finalmente a un nuevo sistema electoral, operado por una institución “ciudadanizada” (IFE) con un tribunal especializado y un sistema de partidos nutrido por el Estado gracias a una abusiva pero vigente estructura de prerrogativas, tarde o temprano deberá darse en este país una reforma de los medios.
La pregunta es, ¿de cuáles medios?
La primera respuesta sería, los medios actualmente concesionados. Los medios para cuya función se requiere una concesión (permiso, autorización, licencia o cualquier sinónimo) del Estado y cuya historia está llena de prestanombres, socios comerciales, aliados y demás, todos desde la administración pública, desde el alemanismo y después. Con la prensa las cosas son distintas. Por fortuna nadie requiere una concesión para hacer un diario. Hace falta estar loco, pero no es necesario pedirle permiso a nadie.
La formación de la industria de la radio y la TV en México ha sido una sombra misteriosa en la vida nacional. Casi nadie sabe a ciencia cierta cómo se hicieron las grandes dinastías de concesionarios, pero el Estado, como si más allá de firmar un documento nada fuera su responsabilidad, entregaba el usufructo del espacio radioeléctrico a quien comercializaba el tiempo de transmisión y después le pagaba por el tiempo para reflejar en ese espejo todos los perfiles de su gloria.
Por muchos años así fueron las cosas. ¿Son así todavía? La respuesta es suya.
Hoy los jóvenes de la Ibero, por ejemplo, claman por la apertura de los medios. Podrían empezar por “Radio Loyola”. Si la Universidad de los jesuitas tiene una FM, ya podría la Compañía de Jesús predicar con el ejemplo y darles a los 132 (y a cuantos en estos días se acumulen) el tiempo negado por los concesionarios o tolerado a cuentagotas.
Los gobiernos estatales tienen (casi todos) sistemas de Radio y TV administrados con fondos públicos. Esos podrían ser los primeros en ofrecer una apertura por la cual riñen a un grupo de industriales a quienes se les quiere achacar el resultado electoral.
La pregunta sería: ¿es deber de una industria privada convertirse en mecenas (o por lo menos arena gratuita) de todos los afanes políticos de uno y otro signo? Y es una pregunta fuera del método Ollendorff.
La respuesta podría ser sí, siempre y cuando se pudiera saber si los afanes políticos de uno y otro signo están realmente orientados a una genuina participación democrática en sí misma y no sentada en el discurso democrático para inscribirse ventajosamente en una contienda electoral como ahora ocurre en varios campos del espectro político con el diagnóstico del “cerco informativo” y la manipulación.
Desde ahí se presentaría otro problema: ¿quién va a decidir una vez abierta la puerta quiénes entran, cuántos, por cuánto tiempo? Primero, ¿quién y cuánto y cómo se debe abrir? Después, ¿quiénes deben entrar por la ventana apedreada?
Pero se quiera o no los medios electrónicos se han abierto en medio de su proliferación. Los poderes de la Unión tienen canales cuya naturaleza pública los debería abrir al público en abierto contrapeso de la actividad privada y comercial de los medios concesionados. Y no sucede tal.
Esta diferencia se vio de manera muy clara en el pasado debate entre los candidatos a la presidencia (mal llamado debate presidencial) y mucha gente se puso a ver cómo berreaban falsos niños prodigiosos. O a mirar el futbol.
Los concesionarios tenían legalmente el derecho de enlazarse o no. Los permisionados ─permitidos─; es decir, aquellos comercialmente limitados o de plano subsidiados como el Canal del Congreso, el Canal Judicial y tantos más en los estados, estaban obligados a hacerlo.
La importancia de los medios electrónicos, principalmente radio y TV, parece no apreciarse cuando se acaban los tiempos electorales. ¿Dónde están las iniciativas genuinas de los partidos para cambiar el actual sistema? No están. La “telebancada” no está para eso.
Hace unos años el Estado superaba en cobertura a la televisión comercial. Imevisión cubría todo el país de manera satisfactoria. Y la actitud “modernizadora” fue como en todo lo demás ante circunstancias similares: la vendió. No fueron los concesionarios quienes privatizaron la TV nacional (con todas sus consecuencias): fue el gobierno. Y nadie llora cuando le dan pan. Al menos de ese pan.
Una revisión así sea somera del pasado le debería exigir al Estado todo cuanto hoy se le pide a una industria cuya naturaleza y conducta pueden ser tan discutibles como se quiera, pero cuya acción mercantil se basa en la ley. La radio y la TV no son ─por desgracia─, responsables de la educación ni de la formación política en este país (quizá sí de lo contrario). Deberían serlo; sí. Pero la ley a modo, les deja un amplísimo margen de operación para no meterse en las responsabilidades inherentes al gobierno. Ni siquiera como aliado.
La reforma de los medios no se puede dar sin la Reforma del Estado. Y nadie, al menos en las campañas, habla de eso
