ANÁLISIS A FONDO
Peligra la privacidad en internet
Francisco Gómez Maza
El ACTA, un atentado a la privacidad
Un instrumento de censura y control
Ciudad de México.- Muchos hablan del ACTA y muy pocos sabemos de qué se trata. Pues, si usted no lo sabía, gracias a esa palabreja los derechos de los ciudadanos en la WWW o Red Informática Mundial pueden ser violados olímpicamente por el gobierno federal, quien tendría el derecho de meterse en la privacidad de los internautas. Sus mensajes personales, sus escritos, todo lo que envíe y reciba, todo documento, grafico etcétera, que “guarde” en la Web queda a merced de los hackers gubernamentales.
El pasado jueves 12 de julio los medios informaron que el presidente Calderón, como jefe del llamado poder ejecutivo, firmó a través del embajador en Japón, el Acuerdo Comercial Anti Falsificación, o sea el ACTA, siglas en inglés del Anti Counterfeiting Trade Agreement.
El ACTA consiste en una propuesta internacional multilateral, cuyo objetivo es establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, con el propósito de combatir el crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados mediante la cooperación internacional, el establecimiento de mejores prácticas para su observancia y la creación de un marco legal efectivo para combatir la piratería y la falsificación. Así de “inocuo”.
Los poderosos de este mundo decidieron ya, con un Agreement aparentemente inofensivo, como ocurre en las fantasías de George Orwell (Recuerde “1984”), vigilar, controlar, manipular toda la actividad de los ciudadanos “z” en las redes informáticas. No vaya a ser que organicen una subversión. Y obviamente el gobierno de Calderón se unió a los amos de Australia, Canadá, Corea, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Estados Unidos de Norteamérica y los de la Unión Europea.
Pero el gobierno mexicano, en las negociaciones con sus pares, actuó en lo oscurito. No le informó a nadie de que su plan era firmar el ACTA. Bueno, no se lo informó ni a la Cámara de Senadores, “poder” que tiene que aprobar cualquier tratado internacional firmado por el ejecutivo. Pero como el ejecutivo se siente el único poder. Se pasa por “el arco del triunfo” al legislativo y al judicial.
Ayer, en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente varios legisladores presentaron un punto de acuerdo para rechazar enérgicamente la firma del ACTA, en virtud, dice el documento, de que “no se respetó lo dispuesto por la ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; se ignoraron las conclusiones aprobadas por el pleno del Senado de la República el 6 de septiembre de 2011; y porque se trata de un acuerdo que vulnera el orden jurídico nacional y los derechos humanos de los mexicanos”.
De aprobarse el punto de acuerdo en las próximas sesiones de la Comisión Permanente, el Congreso exhortaría “respetuosamente” al titular del poder ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, a que realice las gestiones necesarias a fin de que, a la brevedad, sea retirada la firma de México del Acuerdo Comercial Anti Falsificación.
En tercer lugar, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citaría a comparecer a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellano, y al secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba, para que informen de las razones por las cuales el ejecutivo decidió suscribir el ACTA, los términos en los que lo firmó y el texto definitivo del mismo.
Es más, un año antes de la firma del ACTA (el 22 de junio de 2011), la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para exhortar al ejecutivo a instruir a las secretarías y dependencias negociadoras del acuerdo a no firmarlo en tanto no concluyeran las consultas públicas y audiencias del Grupo Plural de Trabajo, que el Congreso instituyó el 5 de octubre de 2010, que estaba dando seguimiento a dichas negociaciones.
Ciertamente, los derechos de propiedad intelectual constituyen un mecanismo idóneo para fomentar la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la creatividad artística y cultural, y la internet representa un nuevo escenario para la protección de esos derechos; esto requiere de un marco jurídico específico.
Sin embargo, el ACTA contiene diversas disposiciones que, en distintas interpretaciones, pueden considerarse contrarias a la legislación mexicana, en particular a las disposiciones constitucionales y de leyes ordinarias, que tendrían que haber sido tomadas en cuenta por el ejecutivo federal antes de signar el acuerdo internacional de referencia. Pero resulta que el señor Calderón despreció al Congreso y especialmente al Senado.
En la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del ACTA resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas garantías individuales consagradas en la Constitución, vulnerando el principio de presunción de inocencia que debe estar en todo nuestro sistema jurídico.
La ambigüedad de algunas de las disposiciones del ACTA las haría contrarias a la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos. La implementación del acuerdo podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a internet. Finalmente, el ACTA podría derivar en una censura a los contenidos de internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo, además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural.
Y para que no le quede duda, el pasado 4 de julio, una semana antes de que México suscribiera el ACTA, su texto fue rechazado por el pleno del Parlamento Europeo con 478 votos en contra, 39 a favor y 166 abstenciones. Pero bueno…
analisisafondo@cablevision.net.mx
