¿Se equivocó el #YoSoy132?
Samuel Schmidt
Los Ángeles, California.- Me llama Miguel para conversar sobre #YoSoy132; me cuenta que tuvo un intercambio fuerte con una estudiante porque él le demostraba que eran inocentes.
Me detengo en dos de los argumentos:
1) Cómo se les ocurre pedir juicio político contra Peña Nieto, ¿qué no se dan cuenta que no es funcionario? A un estudiante de derecho le debería dar vergüenza sostener una propuesta de ese tipo.
2) Pedir la democratización de los medios de comunicación. Deben darse cuenta que los medios son empresas privadas y como tales no se les aplican las exigencias que se le hacen al gobierno o a los partidos políticos.
La estudiante, según Miguel, se puso furiosa, su apreciación es que no estaba dispuesta a escuchar una crítica aunque él se la hizo en privado. Yo me abstengo de juzgar actitudes personales porque solamente conozco un lado de la historia, sin embargo, comento sobre los dos puntos en cuestión.
1) Las quejas y demandas de #YoSoy132 hay que verlas en su contexto cultural. Tendrán que matizar sus quejas y explicar los valores políticos y jurídicos de sus demandas; la compra de votos es un delito, los que deben responder ante esta acusación son el candidato presidencial, principal beneficiado y posiblemente el presidente del Partido, porque es responsable de la conducción de las campañas.
Una demanda de juicio político tal vez no proceda jurídicamente, pero tiene un fuerte impacto político, y este movimiento estudiantil tiene que ver con lo político. Al mismo tiempo deben iniciarse demandas penales contra los responsables del delito.
2) La cuestión de los medios es mucho más sencilla. En efecto, como sostiene Miguel son empresas privadas, tratándose de radio y televisión, estas son concesiones, lo que las convierte en medios de interés público, cuya responsabilidad está con la sociedad más que con el gobierno. Esta obligación se desvirtúa porque prácticamente ningún medio en México tiene viabilidad sin contar con recursos públicos los que se originan en los impuestos, luego entonces al recibirlos tienen una obligación societaria y deben responder a las exigencias de democratización.
Por democratización entendemos que los medios deben obligarse a ser equitativos, transparentes, y como en toda democracia deben abrir su juego, esto implica decir quién les paga, cuánto y por qué concepto.
En una ocasión, viendo con un subsecretario el noticiero estelar nocturno de Televisa, metieron una información del área del funcionario y su reacción fue: "cien mil dólares"; o sea que ese fue el precio para que una nota se disfrazara de noticia. Hace poco un periodista publicó en internet una factura del gobierno del Estado de México –con Peña Nieto como gobernador- donde le pagaban a López Dóriga y a Beteta más de un millón de pesos para que hagan menciones positivas del gobernador; ante mi asombro, alguien me dijo: el gobierno de Chiapas paga un millón al mes por el mismo concepto. Como los funcionarios están comprando menciones positivas con fondos públicos, están obligados a hacer público ese gasto. Pero también los que cobraron deben hacer público ese ingreso.
Hay otro elemento. El gobierno está obligado a licitar las compras, si está comprando menciones positivas debe transparentarlo y explicarle a la sociedad por qué razón le compra a unos lectores de noticias y no a otros.
Hay una situación peculiar. Con el dinero público crecen más los medios favorecidos que los que no lo son y luego los empleados de esos medios se benefician con pagos adicionales del gobierno, siempre y cuando hablen bien del gobierno. Algo está torcido.
Tenemos una cuestión adicional. Muchos consideran que los medios deben funcionar como una especie de “conciencia crítica” (Amartya Sen, premio Nobel de economía), como el factor que alerta contra malas decisiones del gobierno, los políticos y la sociedad, pero si los dos primeros compran el producto de los medios, entonces se altera su función de equilibrio, ¿es acaso eso lo que les permite ser empresas privadas?; ¿o su responsabilidad social va más allá de su propiedad? ¿No es eso lo que esgrimió todo mundo contra TV Azteca por negarse a transmitir un debate presidencial?
En una democracia el Estado y los medios deben ser independientes uno del otro. Si los medios quieren funcionar como empresa privada, que se abstengan de recibir fondos públicos. El gobierno debe informar lo más amplio posible, pero debe abstenerse de meter dinero a los medios.
Los medios independientes deberán vivir de la venta de publicidad y otros productos; entonces el mercado se encargará de darles viabilidad; eso será más democrático que las prácticas casi extorsionadoras, donde hay periodistas que golpean a los políticos para forzarlos a entregar dinero.
En resumen, posiblemente #YoSoy132 no se dan cuenta de lo profundo de exigir la democratización, pero le dieron al clavo.
