ANÁLISIS A FONDO
Dos carbones al rojo
Francisco Gómez Maza
PRI y PRD: autonomía sindical, intocable
¿Trasparencia y rendición de cuentas?
Ciudad de México.- Tan trascendente como las reformas a la Ley Federal del Trabajo es el dictamen senatorial de las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental -que podría acabar con la corrupción en el gobierno-, ambas presentadas como iniciativas preferentes por el presidente Felipe Calderón.
La primera ha provocado la ira de los trabajadores, sobre todo de los sindicatos de la perredista Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y el soterrado malestar de las bases sindicales oficialistas. La segunda, la de la trasparencia en el manejo del erario, ha transitado en el más absoluto sigilo del Senado a San Lázaro pero, si no estuviéramos en México, atacaría la corrupción que se enseñorea en las oficialías mayores del aparato burocrático federal y de los estados de la federación.
En la Cámara de Senadores, las posiciones parecieran ser irreductibles, ante la inminente discusión del dictamen laboral enviado para su revisión por la Cámara de Diputados y que está ya en manos de la Comisión del Trabajo de esa cámara.
De dientes para afuera, las fracciones parlamentarias del Senado dicen que están dispuestas a aprobarlo, pero difieren en asuntos muy sensibles como la autonomía sindical. Y además tienen que enfrentar la insatisfacción de las cúpulas empresariales, las cuales piden enmiendas al tema de las contrataciones y de la tercerización empresarial. Los diputados les concedieron mucho, en detrimento de los trabajadores, pero los dueños del dinero son insaciables; quieren todo.
Los senadores del Revolucionario Institucional –entre los que destacan los líderes de los más poderosos gremios sindicales, como Carlos Romero Deschamps, de los petroleros; Joel Ayala Almeida, de los burócratas; el de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Armando Neyra, y el de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González-, tienen definida su postura: la transparencia sindical no se toca porque ésta ya existe, dicen. (Los petroleros, por ejemplo, acaban, la semana pasada, de “votar” unánimemente por la reelección de Romero Deschamps.) A este grupo se agrega la senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, franquicia del ultrapoderoso sindicato de maestros que dirige su madre, la profesora Elba Esther Gordillo.
El senador del PRI y dirigente sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado de México, Armando Neyra, expuso que en varias legislaciones se ha discutido una reforma laboral. Existen, dijo, distintas visiones y propuestas de los grupos parlamentarios y con ello un buen número de foros con académicos, miembros del sector empresarial y obrero y no se ha llegado a una coincidencia.
El PAN, por su parte, en voz del senador Javier Lozano, insiste en que las cuotas sindicales de los trabajadores sean voluntarias y el PRD se opone a que el Estado intervenga en la vida interna gremial.
El pleno senatorial logró el acuerdo para la definición del calendario de actividades que deberá cumplir la comisión. La revisora del dictamen anunció la organización, en los próximos días, de encuentros con representantes de los sectores empresarial, académico, sindical y gubernamental, para escuchar sus posiciones.
Pero los 30 días de que dispone el Senado para ratificar el dictamen de los diputados siguen trascurriendo y la reforma iniciada por el señor Calderón, con el apoyo del presidente electo, Enrique Peña Nieto, corre el riesgo de sufrir modificaciones, tanto en lo que toca al tópico de las contrataciones como en el del famoso outsoursing, y regrese a Cámara de Diputados para quedarse en los archivos de San Lázaro, pues las iniciativas preferentes no están reglamentadas para seguir adelante luego de cumplidos los plazos.
Los diputados tienen también otro carbón encendido en sus manos: las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que supuestamente fortalecerían la función de fiscalización de la Cámara de Diputados; obligarían a fiscalizar las fianzas públicas inclusive del sexenio de Calderón, y modernizarían la relación entre poderes.
El diputado Beltrones Rivera, líder de la mayoría, está seguro de que estas reformas serán aprobadas en San Lázaro. Pero observadores y analistas están seguros, por su lado, de que con ley o sin ella, la trasparencia y la rendición de cuentas no se le dan al mexicano. Y menos a los políticos. Y menos a Calderón, que fue quien inició las reformas.
Ojalá que Manlio Fabio tuviera la razón, cuando afirma que la discusión y eventual aprobación de las reformas y adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental permitirán avanzar en la construcción de la democracia fiscalizada que demandan los mexicanos, como lo dijo textualmente.
La reforma que presentó, por la vía de la iniciativa preferente, el Ejecutivo Federal, aprobada en días pasados por la Cámara de Senadores, contribuirá a la armonización de las finanzas públicas, el acceso ciudadano a la información financiera y la sanción de las prácticas de corrupción, y además fortalecerá la función de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y de las instancias de transparencia, así como de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio dicet. Tan seguro está, cuando en infinidad de periodos legislativos los diputados han comprobado graves irregularidades, manejos turbios de la cuenta pública y el Ejecutivo se hace como que la virgen le hablara…
Pero mejor veremos y diremos.
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