Violación a los derechos colectivos del pueblo Guarijío de Sonora por la gestión del proyecto de presa “Bicentenario”
En estos momentos, los Gobernadores Tradicionales del pueblo Guarijío de Sonora han sido obligados a firmar, bajo amenazas y otras presiones, un convenio ilegal con el gobierno del Estado de Sonora para aceptar la construcción de la presa Bicentenario en su territorio ancestral. Con dicho convenio, además, el gobierno pretende suplantar el Consentimiento Libre, Previo e Informado al que tiene derecho el pueblo Guarijío.
La tribu Guarijía suma alrededor de 550 familias, unas 4000 personas, según nuestras estimaciones. Se encuentran asentados y organizados en 3 ejidos: Burapaco, Guajaray y Los Conejos, así como en los poblados de Los Jacales, Colonia Makurawi y La Coyotera, en San Bernardo, en los municipios de Álamos y Quiriego. Cada núcleo agrario cuenta con un Gobernador Tradicional y su Comisariado Ejidal (con sus órganos de representación agraria actualizados), mientras que en los poblados de San Bernardo tienen sus gobernadores tradicionales y algunos son miembros de la sociedad Guarijíos Sociedad de Producción Rural. Todas las familias viven en condiciones de extrema pobreza y marginados de la jurisdicción del Estado.
Desde noviembre de 2010 se hizo pública la gestión del proyecto de presa Bicentenario (o Los Pilares) por parte de una pequeña empresa social y del Distrito de Riego Número 38, ubicado en la cuenca media del Río Mayo, que afectaría el territorio y el patrimonio cultural de la tribu.
Esta gestión ha registrado múltiples irregularidades en los trámites jurídico-administrativos, de manera que el proyecto no ha caminado por la vía de la transparencia y la legalidad sino del ocultamiento, ya que: a) fue presupuestado desde la Federación (2012), trasladado el dinero al congreso estatal y licitada la obra por el Fondo Sonora SI (Contrato SP-06/2012) sin la documentación debida del proyecto definitivo ni su divulgación previa; b) ningún sector gubernamental ha cumplido con la Consulta Previa, Libre e Informada, como obliga la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, para obtener el consentimiento de la tribu Guarijía en la afectación de su patrimonio territorial; c) dicho proyecto se pretende instalar en un Área Natural Protegida (por el Decreto de 1949); y, d) recientemente, el Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Álamos han ejercido una presión sistemática e intimidatoria con amenazas directas sobre sus gobernadores tradicionales y a espaldas de sus asambleas para arrebatar la cesión de derechos sobre la tierra que el proyecto requiere. Adicionalmente, los colegas Jesús Armando Haro Encinas y Ramón Martínez Coria fueron amenazados de muerte por agentes promotores del proyecto de la presa, por lo que tuvieron que abandonar el Estado.
Cabe decir que durante el 2012 los asesores y la CDI generamos un diálogo político con los tres niveles de gobierno, los representantes agrarios y las autoridades tradicionales de la tribu Guarijía llegando a la instalación de un proceso de consulta que quedó interrumpido por el incumplimiento de los acuerdos del 12 de noviembre pasado, entre los que está la entrega a la tribu del proyecto definitivo de la presa.
Ante ello, la actual administración federal de la CDI, lejos de propiciar el cumplimiento de los acuerdos, ha sido omisa desde el principio llegando a ignorar la petición expresa de auxilio que le hizo el Gobernador de Colonia Makurawi (29 de julio de 2013) a la Directora General de CDI, Nuvia Mayorga Delgado, por la intimidación y presión que han sufrido por parte del Gobierno del Estado de Sonora para firmar un convenio ilegal donde los gobernadores Guarijíos aceptarían el proyecto de la presa, entregarían sus tierras para ello y recibirían a cambio un paquete de programas de “desarrollo” que de por sí están obligados a ofrecer los gobiernos estatal y federal.
El 4 de agosto pasado, en un acto de total abuso de poder, representantes del Gobierno del Estado, de Conagua y del Ayuntamiento Municipal convocaron a una “Asamblea” ilegal conformada por personas Yoris, Mayos y Guarijíos de Huatabampo, Navojoa, Álamos, San Bernardo y sus alrededores, en la Colonia Makurawi para votar por el “sí a la presa Bicentenario” y, de paso, elegir a Guadalupe Rodríguez como Gobernador Tradicional Guarijío de dicha colonia, desconociendo la investidura del actual Gobernador vigente, elegido por su comunidad. Para lograr su cometido se asistieron de las policías, de amenazas, acoso verbal, exhibición de la fuerza y ponchadura de llantas.
En el mismo acto pidieron la firma por el “sí a la presa” del recién nombrado Gobernador (que no es Gobernador y menos tradicional) y con ello anunciaron que el pueblo guarijío había sido consultado y que había aceptado el proyecto de presa (aún desconocido, por cierto).
Por lo anterior, exigimos al Gobierno del Estado de Sonora:
El cese a las amenazas e intimidaciones a la tribu Guarijío y a los asesores,
el cumplimiento de los acuerdos de noviembre de 2012,
respeto a los sistemas normativos de la tribu Guarijío y a su derecho a la consulta
Atentamente, los asesores de la tribu Guarijía:
Alejandro Aguilar Zeleny
Jesús Armando Haro Encinas
Ramón Martínez Coria
Teresa Valdivia Dounce
