Reviven ley antiaborto
Cordelia Rizzo

Monterrey.- Ahora que comenzará la defensa de la inclusión del derecho a la vida desde la concepción en el Congreso del Estado de Nuevo León, se criminaliza a las mujeres que no tienen recursos para practicarse un aborto en McAllen o en el Distrito Federal. 

Hace aproximadamente cuatro años supimos que en Guanajuato habían encarcelado a seis mujeres –de escasos recursos y escasa formación educativa– que habían tenido abortos espontáneos, culpabilizándolas de haberse practicado legrados deliberadamente. Varias llevaban más de cinco años en prisión cuando estalló el escándalo a nivel internacional. Esto era consecuencia de la praxis antiaborto más severa y cruel del país.

El hecho fue que los médicos que atendieron a estas mujeres denunciaron ante su percepción del riesgo de ser denunciados y encarcelados ellos por practicar abortos. Se instituyó una norma penal que tuvo como efecto poner en práctica una superstición e histeria legitimadas que hizo de seis mujeres un ejemplo. A las mujeres se les juzgó culpables del delito de homicidio en razón de parentesco y se repartieron sentencias de hasta 35 años en prisión. 

Supuestamente la modificación que sugieren Carolina Garza y Francisco Treviño, diputados locales del PAN, no tiene el fin de criminalizar a las mujeres sino de sancionar a los médicos. Ojalá revisen el caso de Guanajuato y lo que el pánico de los médicos ocasionó en las vidas de estas mujeres y de sus familias. El hecho de que en la práctica se firme un cheque en blanco para criminalizar a las mujeres, y sus implicaciones, debe ser abordado.  

Sobra (tal vez no sobra) decir que el costo de encarcelar a una mujer para su familia es altísimo. Las mujeres siguen siendo pilares de la organización familiar y encerrar a una mujer cinco años en prisión, actualmente, es someter a sus hijos a una niñez muy ingrata. Son el tipo de infancias que los vuelven susceptibles de tener conductas criminógenas, dado lo que implica tener a un familiar en la cárcel social más allá de la ausencia y por el costo económico.
Piensen en las cárceles de hoy, saturadas y dominadas por el crimen organizado. Las cárceles son a su vez incubadoras del crimen y sitios en su mayoría horrendos. Las cárceles de mujeres, suelen ser improvisadas alas de las prisiones para hombres.

Hasta ahora no he apelado a la laicidad, ni al derecho a decidir, como herramientas de crítica de la legislación que en la práctica endurece las penas por abortar. No lo haré y me reservaré mi postura sobre estos temas en este escrito.

Ese experimento en Guanajuato (el de encarcelar a mujeres que ‘disque’ abortaron) fue tan excesivo y eventualmente impopular que el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez dio marcha atrás a la ley cuando le estalló el escándalo en la cara. Parecía una política de las tinieblas, porque tradicionalmente estos exabruptos de la derecha suelen ganar popularidad porque se ven como reivindicaciones de valores básicos e irrenunciables olvidados en la tibieza de los discursos políticos moderados. El gobernador de Guanajuato tuvo que hacer una reforma exprés al código penal para contener el escándalo internacional tras la cual liberó, mas no exoneró, a las mujeres encarceladas.

Dicho escándalo también reveló que el Instituto Estatal de la Mujer de Guanajuato estaba siendo operado de manera contraria al propósito que lo creó. Esta realidad es común a muchos otros institutos de la mujer. Tanto los órganos estatales como el mismo Instituto Nacional de las Mujeres son organismos que tienen estándares muy concretos que cumplir en términos de promoción de políticas públicas con perspectiva de género y operación de centros de gestión legal, de salud en casos de violencia de género. Estas directrices están emanadas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, firmado por México en 1980.

El argumento expuesto a los medios para incluir la protección de la vida desde la concepción es tautológico. No le da una interpretación a lo que es la dignidad de la persona, más allá del hecho de que la vida es sagrada en virtud de que ‘es sagrada porque es sagrada’. Lo que arguye Treviño es completamente falaz, ya que para que un embrión fecundado se geste a término intervienen muchísimos factores.

Esta interpretación de lo que implica la protección del derecho a la vida es una de tantas, y es limitada, pues no toma en cuenta todos los riesgos de salud materno-fetal en los que se incurre cuando se niega un aborto seguro y aséptico a una mujer. No incorpora las dimensiones psicológica, económica y social de la vida, marcadores importantes del destino de un ser humano que están presentes desde el momento previo a la concepción. 

Para declarar vencedora esa interpretación del derecho a la vida sobre los derechos a decidir sobre el propio cuerpo, a planear el número y espaciamiento de los hijos y el derecho a la salud faltaría mucho.

Esta propuesta de modificación legislativa manifiesta un odio hacia los cuerpos femeninos, porque ignora o aborrece sus procesos. Estadísticamente, un 25 por ciento de los óvulos de una mujer no llegan a término por designio genético solamente. El embarazo adolescente-infantil se ha triplicado en Nuevo León, estado que está a la cabeza en indicadores de educación formal. 

Decenas de hombres cada año deciden asesinar con brutal violencia a sus parejas por no soportar su femineidad. Los cuerpos femeninos están vulnerables, expuestos y poco comprendidos. La verdad, los cuerpos masculinos también, y prácticamente todas las maneras de corporalidad.

Ignora, la propuesta de reforma constitucional, que un niño que es abandonado por sus padres ya sea dado en adopción, o abandonado de facto, sufre. Los hospicios y casas cuna son una respuesta limitada y frecuentemente altamente nociva; recordemos el caso de abuso sistemático a niños en Casitas del Sur y CAIFAC, en años recientes.

El niño o niña que es abandonado carga una falta de estructura amorosa que lo castra en vida. Lo hace también susceptible de volverse una mercancía atractiva para una red de tratantes laborales o sexuales de menores.  O sea, un objeto (¿escucharon, legisladores y legisladoras?).

En suma, la propuesta de revivir ese hito panista que en algún momento fueron los ‘valores’ y la ‘familia’ vía esta reforma a la constitución local, que son lo poco que le queda de capital ideológico a un partido que ha emulado lo que más criticó del PRI, demuestra que la militancia del partido no tiene idea, o aborrece, lo que significa, ni material ni espiritualmente, vivir y crecer.

No olvidemos, asimismo, que estas reformas en Baja California, Guanajuato y Veracruz, no las aprobaron sólo legisladoras y legisladores del PAN.