INTERÉS PÚBLICO
Corto plazo, largo plazo
Víctor Reynoso

 

Puebla.- Casi todas las reacciones frente al “gasolinazo” (la liberación del precio de la gasolina y su consiguiente aumento) han sido sobre los efectos de corto o mediano plazo: el daño a la economía familiar, directo por ese incremento, o indirecto por sus consecuencias inflacionarias.

Poco se ha reflexionado sobre las consecuencias de largo plazo y sus implicaciones: si queremos dar prioridad al transporte privado individual, si debemos buscar fuentes energéticas alternativas a los hidrocarburos, qué hacer con los recursos que llegan a nuestros gobiernos para que realmente tengan un beneficio público.

En el país hay cerca de 27 millones de automóviles particulares. Hay alrededor de 80 millones de mexicanos mayores de 20 años. Una tercera parte de esos mexicanos tiene automóvil, en términos aproximados. Sin duda son los que tienen mejor situación económica. El efecto directo del aumento a los precios de gasolina afecta a la población de mayores ingresos. Aunque alcance a sectores de la clase media. Las dos terceras partes de los mexicanos mayores de 20 años y sus familias, al carecer de auto particular, no se ven afectadas en forma directa.

Aunque minoritaria, se trata del sector social con mayor capacidad para presionar políticamente. Si los mexicanos de las montañas de Guerrero, Oaxaca, o Chiapas (los más pobres del país) cerraran las carreteras cercanas a los lugares que habitan, el efecto político sería mínimo. Cerrar el periférico de la capital puede afectar a millones y convertirse fácilmente en noticia internacional.

Los efectos inflacionarios serán obviamente más generalizados, alcanzando a buena parte de las dos terceras partes de la población que no tiene automóvil. La inflación es algo lamentable, sobre todo para quien vive en los límites del consumo mínimo. Pero no parecer ser ese sector de la población el que se está expresando.

Hay que señalar que algunas de las formas de expresión y presión política contra el gasolinazo son ilegales. Bloquear una vía de comunicación es delito, y daña a otros ciudadanos. Quienes lo están haciendo expresan una de las características de nuestra cultura cívica: puedo violar una ley (en este caso la que garantiza el derecho al libre tránsito) si considero que mi causa es justa. Es una idea que puede tener su razón de ser, pero llevada al extremo, como creo que es el caso, puede ser caótica. Cualquier grupo que se considere víctima de una injusticia se puede sentir con el derecho de violentar los derechos de otros ciudadanos. Por supuesto que en el río revuelto de una sociedad enfurecida hay intereses políticos que obtienen sus ganancias.

En algunos casos no son grupos de automovilistas los que están organizando los bloqueos, sino un sector particular de la sociedad, los trasportistas organizados. Ahí el problema en parte es más complejo, porque implica más variables (precios de los fletes, tarifas de autopistas), pero también más simple, porque no se trata de la sociedad en general, sino de un grupo con el que es posible dialogar y llegar a un arreglo que no dañe el interés público, o que no obligue al gobierno a actuar contra el interés general.

¿Qué hay en el largo plazo? ¿Queremos seguir funcionando con combustibles fósiles, energía no renovable y contaminante, hasta que se agoten o pongan un límite a la vida en el planeta? ¿Es el transporte individual el modelo que queremos como dominante para el país? ¿No tenemos presente ninguna alternativa, ni estamos haciendo algo para realizarla?

El automóvil individual, en conjunto el mayor consumidor de gasolinas en el país, tiene altos costos sociales y ecológicos. Es sensato que quienes lo usamos paguemos parte de esos costos, vía impuestos que deben convertirse en bienes públicos. Y ahí está el problema político: a dónde van nuestros impuestos.

Tenemos un presidente que declaró que la corrupción es una cuestión cultural. Algo así como decir que es tan difícil eliminarla como hacer que los mexicanos dejemos de comer tacos. La corrupción consiste en que los recursos públicos (los que se obtienen vía impuestos) se convierten en bienes privados, de algunos políticos. Lo que echa a perder todo lo que de sano podría tener el mecanismo: se cobran impuestos al uso de automóvil para generar los bienes públicos que ese medio requiere (calles, pavimentos, autopistas, pasos a desnivel) y para ir generando alternativas más ecológicas (transporte público cómodo y eficiente, energías renovables), pero se desvían, y quedan en manos privadas.

El enojo social de estos días, que daña más que nada a la propia sociedad y reproduce la cultura de violación de la ley (una “cuestión cultural”, dirían algunos), se explica en buena medida porque los impuestos cobrados suelen acabar en bolsillos privados.

La situación actual puede permitirnos para avanzar en la reflexión y solución de estos problemas: el transporte colectivo, el uso de energías limpias y renovables, el combate a la corrupción.

* Profesor de la UDLAP.