Vandalismo patrocinado
Lupita Rodríguez Martínez

 

Monterrey.- Aunque las autoridades nos informen que habrá mano dura para los vándalos que reventaron las manifestaciones pacíficas contra el “gasolinazo” y para los saqueadores de negocios, las preguntas e inquietudes de la población siguen sin respuestas oficiales claras, ni contundentes.

¿Quiénes son los reventadores o los provocadores? ¿Quiénes organizan y financian a estos grupos violentos? ¿Quién los mandó a reventar las protestas pacíficas y a saquear centros comerciales de manera tan bien orquestada? ¿Quiénes son los autores intelectuales que están detrás de estos grupos de choque organizados? ¿A quiénes les conviene desacreditar el derecho de manifestación de los grupos de la sociedad civil y para qué?¿Quién gana y quién pierde con las acciones de vandalismo y saqueo?

En Nuevo León y en varios estados del país se ha visto una articulación de los grupos de provocadores y saqueadores para atemorizar o desprestigiar a quienes se manifiestan en forma pacífica, como ya ha sucedido en otras protestas contra medidas anti-populares de gobierno.

Con base en nuestra experiencia de lucha, sólo desde las más altas esferas del poder se pueden orquestar tales operativos. La prueba más evidente fue la inacción policíaca. Los elementos de Fuerza Civil no parecían estar distraídos frente al vandalismo en Palacio de Gobierno, sino de tener órdenes de no intervenir, a pesar de que ciudadanos detuvieron a varios vándalos, o de plano ignorar los actos de rapiña. El hecho está que al día siguiente fueron liberados 154 de los 331 detenidos en Nuevo León al cumplir 24 horas de arresto, ya que solo fueron retenidos por leves faltas administrativas.

Ahora lo más fácil para la Procuraduría será sobrellevar el resto de los casos, declarando que “investigarán a fondo”, que los Jueces “aplicarán todo rigor de la ley” y dejar así que transcurra el tiempo hasta que la justicia se difumine y los detenidos salgan libres. También podrán recurrir a la socorrida versión de señalar que los provocadores vinieron de otras partes a causar los desmanes e, incluso, acusar que los partidos políticos -sin mencionar nombres, ni denunciar responsables- incitaron a los disturbios durante la protesta ciudadana en contra del “gasolinazo” y de otros cobros.

Tan burda simulación refleja que el mismo gobierno es quien patrocina y protege a los grupos de choque, con el pretexto de justificar la represión. Tal parece que la maquinaria de los viejos tiempos del PRI-Gobierno está bien aceitada y sigue funcionando, pues a través de las redes sociales se difunden fotografías, vídeos y testimonios denunciando saqueos de negocios y sabotajes en gasolineras de varias partes del país y ¡no ocurre nada!

Uno de los testimonios más difundidos por internet, es la confesión de un militante del PRI del municipio de Coacalco, Estado de México, quien fue convocado obligatoriamente “por órdenes de arriba” a acudir con su motoneta y a llevar cinco personas sin empleo, de preferencia hombres de entre 16 y 30 años, a cambio del pago de mil pesos y del botín por el saqueo de negocios, con un margen de 15 minutos para maniobrar antes de que “intervenga la policía” y, en caso de ser detenido, salir libre 24 horas después, todo ello con el único objetivo de “meterle miedo a la gente para que no proteste”.

Como Partido del Trabajo sostenemos sin rodeo alguno que los sectores duros de gobierno son quienes patrocinan el vandalismo.

En el 2013, el PT fue el único partido político que votó en contra de todas y cada una de las llamadas reformas estructurales (energética, educativa y fiscal) en las Cámaras de Diputados y de Senadores, toda vez que son contrarreformas que violentan nuestra Constitución y ponen en riesgo la soberanía, independencia y autonomía de México, además de quebrantar la estabilidad económica y social de la mayoría de los y las mexicanas.

Durante el proceso de aprobación de las contrarreformas, avaladas por el PRI, PAN, PVEM y PANAL, el PT no sólo votó en contra, sino que manifestó su rechazo mediante una jornada nacional de protesta y denuncia pública, para advertir las consecuencias del alza de la gasolina y de la luz con la reforma energética o las afectaciones laborales con la reforma educativa. En esta etapa, el pueblo de México -como el gigante que es-, ha levantado su voz y participado activa y pacíficamente en Nuevo León y en todo el país contra el injusto “gasolinazo”. Por ello, refrendamos nuestro total apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en esta justa lucha, sumándonos a ella.