ESTADO DE LOS ESTADOS
Corrupción heredada
Lilia Arellano
Cancún.- Es indeseable imaginar siquiera el retiro del apoyo internacional a México, aunque no puede dejar de considerar se presente y no a causa de actos en los cuales se vean involucrados los ciudadanos, sino directamente hacia quienes los representan con tanta carga de corrupción, operando todavía en el presente con gran impunidad. Y en este terreno tampoco podemos auto-culparnos, por haber elegido a quienes han cometido todo tipo de ilícitos.
Esa situación la han vivido habitantes de países de todo el mundo, con la diferencia de ser, en la mayoría de los casos, castigados y en esta tierra no sólo se ven liberados de cualquier señalamiento sino se les premia con la participación política de sus equipos, con cuantiosas sumas de pensión y hasta se ven rodeados de una seguridad imposible de otorgar a la sociedad durante sus administraciones.
Van creciendo antecedentes en los cuales se liga al poder gubernamental con las mafias y esto se presenta lejos de los Estados Unidos, en otras tierras en donde se siguen pistas ante la comisión de delitos ejecutada por miembros o vástagos de funcionarios. En España destaparon negocios de Jordi Pujol Ferrusola ligados a los casinos instalados en México. Los permisos, según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, producto de una investigación oficial, sumaron 106 y el conducto para la entrega estuvo a cargo de Ana Cristina Fox de la Concha. El primero es primogénito del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley, y la segunda de Vicente Fox Quezada.
Hasta la esposa de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, identifica a Ana Cristina como la persona a quien le han entregado pagos de los cuales las autoridades deducen son sobornos. Y nada parece extraño si nos atenemos al viejo refrán: “hijo de tigre… pintito”. No es esta la primera incursión en actividades en las cuales se aprovechó la postura de “familia presidencial” para hacer negocios y obtener prebendas. Se sufrieron por parte de los hijos adoptivos de Fox y de la Concha, como de los políticos nacidos del vientre de Martita Sahagún. Ligados inclusive al contrabando, los Fox disfrutan, aparentemente, del Centro Fox, del rancho oficial, aunque existe otro, construido justo a tiempo para contar con todo el dinero requerido.
La Estancia se asienta sobre 300 hectáreas en donde el azul del agave conforma el gran paisaje. Uno que ya no podrán contemplar los siete asesinados el día de ayer en el lugar en donde en tal “rancho” crecen reses, llamas, avestruces, borregos, venados, sin faltar los caballos de pura sangre: San Francisco del Rincón, Guanajuato. Nada han dicho las autoridades reguladoras del uso del agua sobre los cientos de aspersores con los cuales se riegan plantíos de papa, cebolla, ajo. El líquido llega a través de tubos de acero de 30 centímetros de diámetro y para no dejar duda del narcisismo familiar, puede leerse en ellos el apellido Fox. En la comunidad se dieron cuenta de esta construcción y de la falsedad de la familia al declarar iban al rancho San Cristóbal, al lugar en donde fallecieron doña Mercedes Quezada y el padre de la “dinastía” Fox.
Humberto Artigas del Olmo, arquitecto cuya fama inició con la construcción de las famosas “cabañas del amor” en Los Pinos, las ocupadas en el tiempo en el cual doña Marta era “segundo frente” de don Vicente y, según la Iglesia católica, cometía adulterio, se hizo responsable de levantar La Estancia apenas un año después de que el guanajuatense asumiera la presidencia. En el terreno de las construcciones, se recuerda a José Cosme Mares, el famoso prestanombres de otra extensión gigantesca de tierra en Michoacán, expropiada y no liquidada debidamente a cientos de ejidatarios. Es a su empresa, a la de Cosme, a la que le dieron el contrato para la carretera hasta la entrada del rancho familiar.
El Centro Fox está ligado a la Hacienda San Cristóbal y la recepción permanente de entregas económicas provenientes de concesiones, participaciones accionarias como las registradas en hospitales, periódicos, casinos, empresas aduanales, contrabando “legalizado”, distribución de medicamentos, entre otras, encuentra justificación tributaria en los servicios que en esa propiedad se ofrecen. Se publicitan por contar con capacidad para albergar eventos de talla internacional, ya sean sociales o empresariales. La Hacienda presta todos los servicios de un hotel de gran turismo con capacidad para 400 personas. Cuentan con una explanada gigante, jardines, auditorio al aire libre, otro más techado, aulas y otras instalaciones.
Sabedores de las grandes fortunas y de la impunidad con la cual las disfrutan ex presidentes de México, no es lejano el retiro de un apoyo necesario para el pueblo, pero diplomáticamente enviado a través de una máxima autoridad carente de respeto internacional. Porque frente a lo narrado está la versión de los testigos de los siete crímenes cometidos en Guanajuato. En uno de ellos se trató de un zapatero endeudado…
CORRUPCION A FLOTE
Ineficiencia, abuso y despilfarro caracterizan a la administración de los recursos de la nación por parte de la gestión de Enrique Peña Nieto de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). México es el país de América Latina con el mayor crecimiento de la deuda de su sector público respecto del tamaño de la economía. La dinámica de los pasivos a cargo del Estado ha puesto bajo la lupa de las agencias calificadoras la solvencia fiscal del gobierno. Lo peor es que una gran parte de los recursos tributarios del país se gastan en elevados sueldos, altas prestaciones, bonos, comidas, fiestas y regalos para mantener contenta a la insaciable clase política, sin importar hundirlo en deudas, las cuales habrán de ser pagadas por ésta y las siguientes generaciones.
Un análisis de la Cepal, organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revela la deuda del sector público se elevó hasta representar el 49 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es decir, el valor de los bienes y servicios producidos por la economía, al situarse en un monto de 9.6 billones de pesos. Esa proporción representó un incremento de 27 puntos del PIB en el periodo de 2007 a 2016. Al cierre del año pasado, la deuda neta del sector público federal fue de 9 billones 693 mil 217.5 millones de pesos.
En contraste, en diciembre de 2015, el monto de los pasivos –que incluye los contratados dentro y fuera del país- fue equivalente a 42.8 del PIB. Desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre del 2012, se ha dado poco más de la mitad del incremento de la deuda pública de México en la última década. En ese periodo, el endeudamiento del sector público no financiero se elevó en un equivalente a 13 puntos porcentuales del PIB. El sostenido crecimiento de la deuda pública de México en la última década, ha sido una de las principales razones por las que varias firmas calificadoras de inversiones han puesto en revisión la calificación de las obligaciones garantizadas por el Estado mexicano.
El año pasado, el gobierno del mexiquense incrementó el saldo de la deuda federal en un billón 533 mil millones de pesos, casi 20 por ciento más que en 2015, a pesar de ser oficialmente un periodo de austeridad y ajuste del cinturón gubernamental. El débito creció a razón promedio de 4 mil 200 millones de pesos por día. En 2016 también salieron de las arcas nacionales alrededor de 500 mil millones de pesos para el pago de intereses, comisiones y “gastos”. A pesar de eso, la deuda aumentó en más de 1.5 billones de pesos. Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados (CEFP) detalla que el gasto neto pagado a lo largo de 2016 superó en casi 503 mil millones de pesos a los ingresos presupuestarios para ese año, al cierre de diciembre. El gasto neto total observado (enero-diciembre) superó en cerca de 580 mil millones el presupuesto programado, principalmente por el mayor gasto programable en los ramos administrativos, de la Presidencia y sus secretarías.
Hasta el 71.6 por ciento del gasto programable se destina a gasto corriente. En la famosa nómina burocrática el gasto sumó un poco más de un billón 110 mil millones de pesos. Los sueldos de la alta burocracia son estratosféricos y sus prestaciones son realmente ofensivas ante los bajos ingresos del grueso de la población. El abuso y el despilfarro es inocultable. Por ejemplo en el Senado de la República, en donde la nómina ronda los 2 mil 400 millones de pesos anuales, se pagan, como si fueran prestaciones, por lo menos 8 fiestas al año para apapachar a sus 500 trabajadores sindicalizados. Con cargo a los contribuyentes, los legisladores cubren gastos por el aniversario del abanderamiento del sindicato de fin de año, los cuales se llevan a cabo en hoteles de lujo como el Fiesta Americana, Sheraton o Hilton. También se cargan al presupuesto los festejos por el Día de la Madre, del Padre y del Niño, así como los regalos del Día de Reyes para los hijos de los trabajadores y la rifa de electrodomésticos. A fin de mantener contentos a los burócratas, el gobierno federal gasta más de 29 mil millones de pesos, utilizados para celebrar el Día de la Madre, el Día del Niño y todos los festejos del calendario, así como para premiar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
Para tales efectos, no importan los sobregiros. De acuerdo a las cifras del CEFP, en 2016 el gasto de la Secretaría de Hacienda resultó 66.4 por ciento superior al aprobado por la Cámara de Diputados. Esa dependencia se sobregiró por cerca de 20 mil millones de pesos. La Secretaría de Relaciones Exteriores gastó 58.3 por ciento más de lo aprobado por los diputados: 4 mil 600 millones de pesos adicionales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes gastó 22.3 por ciento más de lo aprobado por los legisladores; Gobernación, 19 por ciento más; y la SEP, 4.6 por ciento más. La Secretaría de Energía, a cargo del cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, registró un sobregiro de 11 mil 615 por ciento, es decir, 326 mil millones de pesos, respecto del monto originalmente autorizado.
Así se va al bolsillo de los burócratas la recaudación fiscal del país, de impuestos como el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) aplicado a gasolinas y diésel, el cual acumuló 277 mil millones de pesos el año pasado, 22.5 por ciento más que en 2015. Para este 2017 se estima sobrepasará los 300 mil millones de pesos. Contrasta con el dispendio del gobierno el endurecimiento de la vigilancia del Servicio de Administración Tributaria y el aumento de la recaudación. El SAT puso mayor lupa sobre la declaración de impuestos de los contribuyentes y logró, mediante operaciones de persuasión y vigilancia, una recaudación extra de 30 mil 806 millones de pesos el año pasado.
El manejo de los recursos de la nación por parte de la gestión federal es ineficiente e inadecuada, como se comprobará una vez más el próximo 15 de febrero, cuando la Auditoría Superior de la Federación entregue los resultados del análisis de la Cuenta Pública 2015, el Tercer Año de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la Cámara de Diputados. El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, lamentó no encontraron mejoría en la administración de los recursos entre la revisión de 2014 y la de 2015, durante la realización de mil 660 auditorías a las 250 entidades del gobierno federal y donde se arrojan “resultados parecidos al del año anterior”.
Portal manifestó su confianza en que el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual comenzará a operar en los próximos meses, ayudará a contener la corrupción, pero advirtió: “no la va a erradicar”.
MILITARIZACIÓN
El General Salvador Cienfuegos, titular de la SEDENA fue suficientemente claro: “los organismos militares rinden cuantas a México y a los mexicanos”. En la ceremonia del 104 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, pidió reflexionar sobre cinco aspectos: los retos internos y externos requieren de la unión; el orgullo de ser mexicanos; contribución con la unidad nacional desde la institución familiar; acciones y no palabras deben hablar bien de México y cerrar filas en torno al presidente de la República. En tiempo justo se dio este mensaje, se avanza en la aprobación de una Ley de Seguridad en entredicho y el escenario del cual son protagonistas miembros del gabinete presidencial, no hace ver un final con aplausos.
La militarización en tareas de seguridad no ha bajado la violencia, el tráfico de drogas ni su consumo en Estados Unidos, advirtieron especialistas. Apenas el miércoles pasado, académicos del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) entregaron a la Cámara de Diputados la base de datos que da cuenta de la letalidad de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el crimen y exigieron esa información sea usada en el análisis de la Ley de Seguridad Interior. Al entregar el documento al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri (PRD), Jorge Javier Romero, del Programa de Políticas de Droga del CIDE, pidió a los diputados: “antes de legislar, al menos estudien la evidencia”.
De acuerdo a lo señalado por los académicos del CIDE, la base de datos registra la participación del Ejército y la Marina en acciones contra la delincuencia y en ella se advierte que con la entrada en acción de las fuerzas armadas la cifra de muertos en los eventos (sin heridos) alcanza 90 por ciento. Contrario a lo realizado hasta el momento por la administración federal, la única forma de solucionar la problemática de seguridad es construir instituciones sólidas en materia de procuración de justicia, que trascienda las coyunturas y se fundamente en sólidos cimientos legales.
Una “tendencia preocupante: no sólo el número de muertos en enfrentamientos con las fuerzas armadas crece dramáticamente año con año, sino que la producción de fallecidos en eventos sin heridos aumenta, hasta alcanzar 80 por ciento del total. Cuando son las fuerzas armadas las que llevan a cabo el operativo, la cifra de muertos sin heridos alcanza 90 por ciento”, destacó Romero.
El Congreso mexicano debe tener presentes los altísimos costos en materia de derechos humanos que representa regular en la Ley de Seguridad Interior la participación del Ejército y la Marina en operaciones y actividades de seguridad pública, advirtió por su parte la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola). También destacó: “México necesita urgentemente un sistema de justicia penal funcional y capaz de investigar y llevar a juicio a militares implicados en delitos y violaciones de derechos humanos”.
Cualquier discusión legislativa sobre el papel del Ejército en estas tareas debe incluir necesariamente un plan para regresar paulatinamente a los soldados a sus cuarteles, en vez de mantener su presencia en acciones de seguridad pública. De acuerdo a Wola, sólo en el periodo de enero de 2012 a agosto de 2016 existen 6 mil 182 casos de delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por militares pendientes de investigarse y resolverse, y sólo hay 29 sentencias penales emitidas por jueces federales.
PROTESTAS A MODO
Sin tener un objetivo claro, titubeantes al exponer no se trata de brindarle respaldo a Peña Nieto, pero tampoco de exhibirlo, se reproduce el anuncio de una marcha a la cual se convoca para el próximo domingo. Frívolamente sólo se menciona, en lo local, la aplicación de los gasolinazos como provocadores del enardecimiento de la gente y se ignora el enojo acumulado durante años y años de abusos de poder, lo cual saltó de las redes sociales a las calles de las principales ciudad del país, donde se ya se han verificado manifestaciones, protestas, tomas de oficinas gubernamentales y bloqueos de carreteras, acciones realizadas por ciudadanos airados, hartos de los abusos gubernamentales.
En estas concentraciones se desataron actos vandálicos, los cuales se cree fueron orquestados por las propias autoridades; saqueos a comercios, rumores de asonadas o cuartelazos. En suma, se generó miedo para paralizar las movilizaciones sociales. Como parte de la estrategia de “limpia” y recuperación de imagen, se pretende recurrir a manifestaciones y protestas a modo, a la carta, a las órdenes del gobierno federal. Presentan “Vibra México”, con el objetivo, el próximo domingo, de exigir al presidente de Estados Unidos Donald Trump respeto al país y al presidente Enrique Peña Nieto “un buen gobierno para que pueda negociar con fuerza”, según la activista María Elena Morera.
Receptores de la invitación girada aseguran será preferible quedarse en casa y ver como acuden en autobuses todos los acarreados del Estado de México y de otras entidades vecinas: “han sido capaces de llenar o mejor dicho “rellenar” el Zócalo con habitantes de la tierra de Peña Nieto y de las provenientes de entidades priístas, por lo tanto no se duda harán lo conducente para demostrar cuenta EPN con un gran apoyo. Falso, por supuesto”. Se tiene programado la marcha salga el próximo domingo a las 12:00 horas del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia. Según los organizadores, se habían sumado a esta convocatoria 13 ciudades, entre ellas Puebla, Culiacán, Monterrey, Colima, Guadalajara y Mérida. Lo dicho, habrá que observar la vestimenta.
DE LOS PASILLOS
El pasado mes de enero, la inflación se ubicó a una tasa anual de 4.72 por ciento, la cifra más alta desde septiembre de 2012 y se colocó fuera del rango objetivo marcado por el Banco de México, de +/- 3 por ciento. El Inegi reportó: el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 2.61 por ciento en enero de 2016. La inflación en el primer mes del año, cuando se elevaron los precios de las gasolinas hasta en 20 por ciento, estuvo acorde con el consenso de los analistas del sector privado, quienes preveían un incremento de 4.7 por ciento...
Tras seis meses de haberse roto el diálogo entre la Procuraduría General de la República (PGR) y los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, este jueves se reunieron nuevamente en las instalaciones de la dependencia. El encuentro fue el primero que encabezó el actual procurador Raúl Cervantes Andrade. El diálogo se suspendió ante la indolencia de la entonces procuradora Arely Gómez, quien no entregó los resultados de la investigación interna en contra de Tomás Zerón Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la dependencia, por presunta obstaculización de la pesquisa e incluso “siembra de pruebas”… ¿Con cuántos procuradores se han entrevistado los familiares de los normalistas? ¿Cuánto se ha avanzado realmente en las investigaciones? ¡Hasta la mujer les falló!...
Durante la ceremonia de toma de posesión del Procurador General de EU, Jeff Sessions, el presidente Donald Trump firmó tres órdenes ejecutivas: una para acabar con los cárteles criminales del narcotráfico y otros grupos de crimen organizado, los cuales se han extendido por todo ese país; otra para crear un grupo de trabajo para reducir el crimen violento; y una más, para instruir a su equipo elabore un plan para detener los crímenes violentos contra los agentes que aplican la ley.
