Los crímenes de los narcopolíticos
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- Hay un hilo conductor entre el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea y la detención en Estados Unidos de Édgar Veytia Cambero, ex Fiscal General de Nayarit, es la narcopolítica, esa mezcla letal que lo mismo asesina que contamina las instituciones públicas.
Así lo señaló, para el caso de Miroslava, el Gobernador de Chihuahua y lo documentó La Jornada dando nombres de presuntos responsables del asesinato de su corresponsal y en el caso de Veytia Cambero, fueron las autoridades estadounidenses, las que detuvieron a este hombre encargado de impartir justicia con acusaciones de producción y distribución de drogas e inevitablemente protección criminal.
Hay simetrías en otros estados y casos que han escandalizado recientemente la opinión pública sin que haya, durante décadas, sucedido absolutamente nada, de lo que nos podamos sentir orgullosos y satisfechos.
Ahí están la pléyade de ex gobernadores miserables como Tomas Yarrington y Eugenio Hernández, César y Javier Duarte que se encuentran prófugos y otros que hacen antesala con las maletas hechas para salir huyendo; o quienes se encuentran presos como Mario Villanueva, Jesús José Reyna y Guillermo Padrés y por si fuera poco el señalamiento de Phil Jordan, ex director de la DEA en el Paso, Texas, quien afirma que Joaquín El Chapo Guzmán, contribuyó financieramente en la campaña electoral del mismísimo Presidente Peña Nieto.
O sea la narcopolítica, de ser así las cosas, ha copado a las instituciones públicas, están en el sistema nacional de seguridad nacional, en los cargos electos, en los partidos políticos, en los gobiernos, en todos lados donde hay un poder que permite operar en favor de una cúpula de políticos y empresarios depredadores dispuestos a acabar con todo lo que este a su alcance.
Se le ha dejado expandir su poder, como una mancha de aceite sin poner un dique medianamente eficaz, vamos ni siquiera el nuevo sistema de justicia da cuenta de detenciones que lo legitimen. La tolerancia desde el gobierno no tiene límites y como habría de tenerlo si la política es parte del problema. Por eso nos enteramos de sus corruptelas y connivencias por la acción de terceros. Lejos de nuestras autoridades e instituciones de persecución del delito.
Solo la semana pasada llegó a los medios de comunicación senda información de nexos criminales desde Madrid y San Diego, donde fue aprehendido un narcotraficante al que se le relaciona con los Zeta y los hermanos Moreira y el otro personaje con el Cártel Jalisco Nueva Generación, al cerrar este texto me entero de la detención, también San Diego, de Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda del gobierno corrupto de Guillermo Padrés en Sonora.
Es el momento cuando la gente se pregunta cómo es posible que la mancuerna PGR-CISEN a la que se le invierte mucho dinero de los contribuyentes y en muchos casos colaboran con las agencias norteamericanas, no tenían información de los vínculos criminales del fiscal nayarita, y todavía menos justificable resulta que el Gobernador haya salido a blindar los límites del estado y a decir cándidamente qué el nada sabía de las actividades delictuosas de su Fiscal general.
Así que preguntémonos, ¿Los fiscales generales de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur o Guerrero estarían fuera de toda sospecha?, cuando son estados con los más altos índices de homicidios dolosos, será qué ahí tampoco sus gobernadores se enteran de lo que hacen los grupos criminales y menos sus altos funcionarios de seguridad pública.
Porque la lógica es infalible, en los estados donde operan, viven o simplemente pernoctan los miembros de los cárteles no lo harían sin la protección del gobierno local, hay una historia larga de complicidades entre los gobiernos y estos grupos que amedrentan a quienes están en el gobierno.
No es casual que en la mayoría de los estados con problemas serios de crimen organizado la impunidad sea una constante y ese es el mejor incentivo, para seguir cometiendo asesinatos, instalando el miedo y haciendo negocios con dinero sucio.
Sin embargo, habría que distinguir entre el interés de denunciar el asesinato de Breach Velducea y la detención de Veytia Cambero, en el caso de la periodista chihuahuense es un asunto de primera importancia para el gobierno del estado norteño.
Quedarse paralizado hubiera significado que los criminales lograran su objetivo mayor. Acalambrar al gobierno de Javier Corral pero no, sirvió de acicate, porque luego del crimen artero el Gobernador adelanto seguramente lo que tenía para las siguientes semanas y ahora varios funcionarios del gobierno de César Duarte se encuentran tras las rejas o han huido del estado incluso del país para evitarse la detención o la más ridícula pero sin duda eficaz fue la suerte de quien buscó el fuero legislativo en San Lázaro con apoyo absoluto de la fracción priista. ¿Más claro?
En el caso de Veytia Cambero habría que imaginarse qué fue lo que motivo que alguien con doble nacionalidad como es el caso del fiscal, y con su familia radicando en California, haya sido detenido cuando entraba y salía por la garita exprés de San Isidro-Otay, hay quienes apuestan que es el primer resultado de la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán que seguramente estaría contribuyendo a identificar con mayor precisión lo que integra la estructura de la narcopolítica.
Que, ahora, se convierte en una carta importante en las presiones que se ejerce contra el gobierno mexicano. No hay que olvidar que en la estrategia de Donald Trump nuestro país es una carta clave para afirmar que su estrategia contra los malos del sur está en marcha y es exitosa.
Y eso, en una mar de irritación social, un personaje tan impopular como el hoy Presidente norteamericano, podría convertirse en un justiciero de nuestras penalidades y frustraciones.
En definitiva, impresiona las avenidas que comunican el crimen y la política.
