Panorama inseguro y violento
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los Estados y de los Municipios. La cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas y penales que establecen las leyes.
La seguridad pública es uno de los derechos sociales fundamentales que nuestra Constitución Política Mexicana intenta proteger, ya que es uno de los bienes que se consideran básicos para el desarrollo de una vida digna y para lograr una convivencia social pacífica.
Por ello mismo, la actuación de autoridades y elementos de las instituciones de seguridad pública están obligadas a regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos universalmente.
De ahí que las instituciones de seguridad pública tengan que ser profesionales y disciplinadas, así como de carácter civil y no militar. Por lo tanto, el ministerio público y los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno deben de coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y para conformar el Sistema Nacional de Seguridad.
Siendo que es una de las principales responsabilidades de gobierno, el sello de la vida cotidiana de México en los últimos diez años ha sido de una inseguridad desmedida, aunque sistemáticamente medida y registrada por los propios aparatos de seguridad, por los observatorios ciudadanos y por los medios de comunicación masiva.
A pesar de que llevamos más de una década de violencia desmedida, ni las crisis evidentes de inseguridad pública del actual sexenio y del anterior, ni los datos contundentes sobre delincuencia y criminalidad, han provocado que autoridades federales, estatales y municipales admitan que la inseguridad es una realidad y no una simple percepción negativa entre la población.
Cada vez que un gobernante se ve obligado a rendir cuentas en materia de seguridad, por lo general señala que son hechos aislados, que los delitos están por debajo de los que recibió o que existe una percepción negativa.
Tal pareciera que la guerra contra el narcotráfico tan sólo fue una declaración del entonces presidente Felipe Calderón, que el Ejército ya no sigue patrullando las calles por las fallidas estrategias de prevención y combate y que no existiera el registro sistemático y preciso de muertos, heridos, desaparecidos y desplazados. Tal y como ocurre con la violencia invisible contra la mujer, violencia diaria que pretenden que nadie crea.
Nada más irreal, pues ya no hay espacios que resulten seguros para vivir pacíficamente en nuestro país y de esto nos dio cuenta el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), una organización independiente, apartidista e internacional, la cual la semana pasada divulgó que los niveles de paz en México cayeron 4.03% en 2016 comparado con 2015; es decir, la tasa de homicidio intencional en el 2015 fue de 14.08% y en el 2016 alcanzó el 18.11% por cada cien mil habitantes.
Aunque el año más violento para nuestro país fue el 2011 -la tasa de homicidios fue el doble que en 2006-, en 2016 el uso y la disponibilidad de armas de fuego se incrementó, ya que 61% de las muertes estuvo ligada al uso de armas, según el Índice de Paz México 2016 dado a conocer por el IEP.
Pese a que dicho Instituto hizo público tan grave descenso en nuestros niveles de paz y el deterioro de la seguridad en 21 entidades de la República, todo ello de acuerdo con la base de datos de nuestro propio Sistema Nacional de Seguridad, ninguna autoridad asumió una postura oficial.
Además de la pérdida y desaparición de vidas humanas, así como de al menos 31 mil desplazados a la fuerza de sus hogares debido a la violencia durante 2016, el impacto económico por la inseguridad fue de 3.07 billones de pesos, equivalentes al 18% del Producto Interno Bruto (PIB), o bien, a 25 mil 103 pesos por persona. Dicho impacto creció 3% comparado con el 2015.
La paz es factor esencial para enfrentar los desafíos globales de la humanidad, siendo requisito previo para alcanzar niveles de cooperación y equidad social necesarios para resolver problemas de pobreza, desigualdad, educación, salud, trabajo y desarrollo económico, pero mientras nuestro gobierno evada asumir los resultados de evaluaciones internacionales en materia de seguridad pública, el panorama seguirá inseguro y violento.
