TRANSICIONES
LEGITIMIDAD Y DEMOCRACIA
Víctor Alejandro Espinoza

En regímenes democráticos lo que piensan y cómo actúan las mayorías determina la llegada y permanencia en el poder de los gobernantes. Si arriban al poder mediante la observancia de las normas establecidas, el poder será legal y, al contar con el apoyo de esas mayorías, será también legítimo. La conformidad es consustancial para la legitimidad de las élites políticas. En la democracia existe una lógica perversa en la relación entre gobernantes y gobernados: los primeros tienen un amplio margen para cometer actos autoritarios y hasta pueden hacer y decir tonterías. Los gobernados tienden a justificar esos actos, pues criticarlos sería aceptar que se equivocaron en su decisión al elegirlos. Y todavía más, como afirma el filósofo español, Fernando Savater: “La verdad es que la democracia se basa en una paradoja que resulta evidente a poco que se reflexione sobre el asunto: todos conocemos más personas malas que buenas…luego es lógico suponer que la decisión de la mayoría tendrá más de ignorancia y de maldad que de lo contrario.” (Política para Amador, Ed. Ariel, 1992, p. 89). La base de la legitimidad proviene del hecho de que “En política, es imprescindible que convenza o me deje convencer por otros” (p. 11). A su vez, el politólogo italiano Lucio Levi, define la legitimidad como “El atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la legitimidad, es pues, el elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal” (Diccionario de política, Siglo XXI Editores, 1982, p. 892).   
El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Nicolás Loza Otero, ha escrito un libro titulado Legitimidad en disputa. Zedillo, Fox, Calderón, publicado por esta institución recientemente y que trata de escudriñar en las razones que llevan a los gobernantes y gobernados capitalinos a actuar, creer y opinar políticamente como lo hacen. Pero aunque su objeto de estudio sean los “ciudadanos ordinarios” del Distrito Federal, sus reflexiones alcanzan al resto de los mexicanos.
         Loza Otero explica cuáles son los propósitos de su obra: “Es una exploración de las actitudes, creencias y opiniones de los pobladores adultos del DF, respecto de la autoridad del presidente de la república, el PRI y el sistema político de los años de 1995 a 1997; dicho de otro modo, es un estudio sobre las creencias de los citadinos en la legitimidad y el desempeño del viejo régimen político y dos de sus figuras arquetípicas, antes y después de las reformas de 1996, y con mucha proximidad a la elección de 1997” (p. 12). Lo que deja entrever su trabajo es que no hay explicaciones unívocas para los temas de la subjetividad, es decir, sobre las razones que orillan a tomar determinado tipo de decisiones políticas a los ciudadanos. Del trabajo se concluye que a lo sumo hay ciertas conductas esperadas si se cumplen algunas condiciones; pero tampoco ello es garantía para explicaciones generales.
         Loza Otero opta por un método de comprensión basado en los resultados de diversas encuestas. No da por sentada ninguna explicación, trata de regresar al planteamiento teórico a partir de lo que le indican los datos. Esa es una diferencia notable con el resto de trabajos sobre cultura política, en los que se utilizan generalizaciones a partir de algún dato. Pero incluso respecto a aquellos trabajos basados en encuestas de opinión, que optan por la descripción de los hallazgos, Loza Otero insiste en problematizar y en buscar una solución teórica. Los resultados del trabajo nos permiten avanzar en la comprensión de un fenómeno extendido en México: la coexistencia de la evaluación negativa del gobierno en general, con una percepción positiva del desempeño del ejecutivo en turno. Se trata de una contradicción permanente que también posibilita comprender por qué los candidatos de partidos políticos afines al ejecutivo bien evaluado pueden perder la siguiente elección. Sería el caso de la sucesión presidencial de 1994. La alta personalización de la política nacional ayudaría a explicar el fenómeno. Es una lectura útil, entre otras cosas, para que los partidos políticos no se “duerman en sus laureles” y confíen en que la popularidad de los ejecutivos partidistas garantizan el triunfo de sus candidatos. Nada es tan simple como parece.

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