Revolución constitucional de las relaciones laborales en N.L.
Javier Rojas Sandoval

Monterrey.- El texto contiene información sobre dos aspectos relativos a la acción reguladora del estado sobre las relaciones laborales entre los empresarios y los trabajadores subordinados por salarios en la cultura industrial de Nuevo León durante el período histórico revolucionario de 1914 a 1917.
1. El decreto de Antonio I. Villarreal de 1914: El viejo problema del trabajo por deudas.
     Los más connotados estudiosos del derechos laboral mexicano1 coinciden en considerar que fue con la Constitución de 1917, cuando se inicia formalmente la legislación del trabajo en México. Lo cual fue producto de la revolución iniciada por el maderismo en 1910 y continuada por el constitucionalismo carrancista, el villismo, el zapatismo y el floresmagonismo. Aunque se presentaron varios proyectos de legislación laboral en diversos estados de la República antes de 1917, fue en la Asamblea Constituyente de Querétaro donde nació el artículo 123, que revolucionó los términos de las relaciones laborales.
     En Nuevo León también se produjeron diversos decretos que se propusieron reglamentar aspectos de las relaciones laborales antes de la Constitución de 1917. En 1906 el gobernador del Estado Bernardo Reyes decretó la Ley sobre Accidentes de trabajo. Luego, en 1908, el mismo gobernador expidió un segundo decreto en el que prohibía el trabajo por deudas, autorizando que se adelantara el 75 por ciento del salario
     Durante el constitucionalismo que combatió la dictadura huertista, en Nuevo León se produjo un decreto del gobernador Antonio I. Villarreal, quien se distinguió por su política anticlerical, además de que procedió a confiscar los bienes de las personas que habían colaborado con el huertismo, lo que hizo que muchos empresarios salieran huyendo de Nuevo León hacia la frontera con los Estados Unidos. 2
     Enfrentamientos armados entre huertistas y constitucionalistas, las actividades económicas de Monterrey se vieron afectadas sensiblemente. Las fuentes informan de un estancamiento en la industria, el comercio y las comunicaciones, lo que se tradujo en escasez y encarecimiento de múltiples productos de consumo popular.
     En ese contexto y a un mes de haber tomado posesión de poder político en Nuevo León, el general Villarreal – quien fuera militante del floresmagonismo, quereivindicaba reformas radicales en favor de los obreros – emitió un decreto prohibiendo los trabajos en compensación por deudas. En la exposición de motivos del decreto, el líder revolucionario describe la sociedad regiomontana de 1914 en los siguientes términos:
     “En el Estado de mi gobierno – y este debe ser un timbre de orgullo para los nuevoleoneses - puede decirse que no existe el proletariado con los caracteres demiseria y abyección que se perfila en la mayor parte de los estados mexicanos. La división de la propiedad, la extendida costumbre de antaño arraigada de celebrar contratos de aparcería con los labradores; la pequeña industria siempre floreciente; la multitud de escuelas esparcidas por todo su territorio, etc., han contribuido a que sea un poco menos conflictiva la condición de la causa desamparada y huérfana, objeto de todas nuestras solicitudes…
     ”En una segunda parte del decreto Antonio I. Villarreal puntualiza los problemas laborales que considera más graves, entre ellas el trabajo por deudas:
     “…pero todavía quedan resabios coloniales y restos de tiranía feudal – afirmaba el general revolucionario - aún existen peones y sirvientes que de generaciónen generación vienen soportando el peso de las cuentas inacabables debidas a los amos; aún en los talleres y en las fábricas se consumen obreros sin poder redimir con su sangre las deudas del patrón; aún en el seno de las familias vegetan desesperados sirvientes de todas las clases que no alcanzan jamás a ver el fruto de sus ímprobos trabajos, porque todo lo abonan a la deuda, esa deuda que mientras más se afana por solventarla, más crece; y es por todo lo expuesto, obligación de este gobierno, exigir el sacrificio de los pudientes en auxilio y beneficio de los miserables.
     ”En consecuencia, Antonio I. Villarreal decretó:
     “1) Queda estrictamente prohibido exigir trabajos personales en compensación de deudas;
     2) Los contraventores serán considerados como enemigos de la causa y castigados severamente;
     3) Amos, patrones, etc., quedan obligados a dar a conocer este decreto a los sirvientes de ambos sexos, fijándolos en lugares visibles;
     4 ) Habrá inspectores para el mejor cumplimiento de esta disposición.” 3
     Es interesante observar que si bien el decreto estaba dirigido a los peones y sirvientes, incluía a los trabajadores de las fábricas y talleres, lo que pudiera estar relacionado con las tiendas de raya existentes en varias empresas industriales de Monterrey, así como el sistema de anticipos salariales, lo que daba lugar al trabajo por deudas de los obreros ocupados en las fábricas.
     Otro aspecto importante a subrayar del decreto prohibiendo el trabajo en compensación por deudas del general Antonio I. Villarreal, es que retoma el mismoproblema abordado por la iniciativa de ley promulgada ocho años antes por Bernardo Reyes, con la diferencia de que mientras que la ley de 1908 solamente reglamentaba el sistema, el decreto de Villarreal contemplaba la figura jurídica de los inspectores. Sinembargo, hasta ahora no ha sido posible saber si en ese aspecto el decreto se hizo efectivo.
     En este punto resulta interesante hacer la observación de que en algunas industrias existían tiendas de raya: En la Compañía Fundidora de Fierro y Acero se había constituido una el año de 1907, sin embargo hasta ahora no se tiene información de que los obreros hayan protestado por dicha tienda. Por los mismos tiempos, en el mineral de Guadalupe, propiedad de la fábrica Asarco, también funcionaba una tienda de raya, porla cual los obreros solicitaron al gobierno del General Bernardo Reyes se cancelara la concesión debido a los altos precios a los que se les vendían los productos.
     Hay que agregar que desde 1909 venía funcionando una cooperativa en la Cervecería Cuauhtémoc así como la Escuela Politécnica, y en la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, se habían construido desde 1911 la Colonia Acero y la Escuela Acero. Acciones que también se practicaban en otras empresas industriales del país.
     Por otra parte es importante anotar que durante el corto período de gobierno del generalAntonio I. Villarreal, tuvieron lugar varios conflictos laborales. Entre ellos los siguientes:
     a) La huelga del Sindicato de Motoristas y Conductores de la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz de Monterrey, empresa de capital canadiense que en 1916 fue intervenida por el gobierno.
     Esta huelga generó una división entre los grupos revolucionarios, ya que el general Ildefonso Vázquez envió una escolta de diez soldados, a petición de la empresa, para brindar protección a los empleados de la compañía. En tanto, otro militar revolucionario, el coronel José E. Santos, remitió otro contingente armado el día siguiente de iniciada la huelga con instrucciones para que no se obedecieranlas órdenes de los representantes de la compañía, sino únicamente las que emanaran de las autoridades militares.Entre las exigencias de los trabajadores huelguistas figuraban el reconocimiento del sindicato, aumento de 23 centavos por día a los salarios y el retiro de tres empleados de la compañía, entre ellos el superintendente. La empresa no accedió alas demandas obreras. En particular, se negó a reconocer al sindicato y a otorgar el aumento de salarios.
     Este conflicto tiene particular significación por la crítica que hacen los obreros al movimiento constitucionalista y por la respuesta que diera el general Villarreal a sus delegados, a quienes expresó que no era momento de hacer huelgas.
     b) En octubre de 1914 los obreros de la Compañía Manufacturera de Cerillos, agrupados en el Sindicato de Cerilleros, declaran una huelga, por segunda ocasión,en demanda de la reducción de la jornada de trabajo de 9 a 8 horas, elreconocimiento del sindicato, para que la empresa contratara obrerosexclusivamente del sindicato, supresión del uso de fósforo blanco por su alto riesgopara la salud de los trabajadores, cancelación del trabajo a destajo y aumento desalarios.
     La empresa se negó a satisfacer las peticiones y amenazó con cerrar la planta, despedir a los agitadores y recontratar nuevo personal. Al parecer los empresarios hicieron efectiva parte de la amenaza, ya que un año después del conflicto, un grupo de obreros acude ante el gobierno del estado pidiéndole intercediera por ellos para que la empresa los reinstalara en sus antiguos puestos de trabajo.
     c) Los gremios de la Compañía Minera y Fundidora de Monterrey van a la huelga en noviembre de 1914, en demanda de aumento de 50 centavosal salario y reducción de la jornada de diez a ocho horas.
     La empresa juzgaba que la huelga era ocasionada por la acción de unos cuantosdescontentos y dio a conocer, en carta dirigida al gobierno, que los obreros recibían25 centavos diarios como premio (anteriormente sólo era para los que trabajabandomingos y días festivos y religiosos), que además ofrece medicinas y serviciomédico gratuito y la mitad del sueldo por enfermedad.
     d) En este mismo período se produjeron otros conflictos obreros en las fábricas textiles: por aumentos de salarios, por la reinstalación de trabajadores despedidos, por la creación de una bolsa de trabajo para los desem pleados y por el reconocimiento del derecho de sindicalización.
     En el mismo tiempo de la gestión administrativa de Villarreal se fundó la que, tal vez, haya sido la primera central sindical del Estado, La Federación del Trabajo de Nuevo León (FTNL) en octubre de 1914. Aunque al parecer fue una organización que no agrupaba a los sindicatos y uniones obreras de las grandes fábricas, no dejó de tener representatividad. Los sindicatos fundadores de la FTNL, fueron de panaderos, albañiles, carpinteros, pintores, curtidores y zapateros. 4 Experiencia que sería retomada posteriormente, en los años veinte.
     2. Los efectos del nuevo artículo 123 de la Constitución de 1917.
     Originalmente el texto de la Constitución de 1917 dejaba a las legislaturas de los estados de la república la autoridad para promulgar decretos sobre asuntos de trabajo, de acuerdo con las condiciones particulares de cada entidad federativa.5 En algunos estados del país se promulgaron leyes o decretos laborales desde antes del congreso de Querétaro, 6 como el decreto de Antonio I. Villarreal analizado anteriormente.
     Sin embargo en Nuevo León una ley sobre el trabajo propiamente no se promulgó sino hasta 1922, se llamó Ley sobre Jornada Máxima y Descanso Obligatorio, reglamentaba la fracción IV del artículo 123 de la Constitución federal. Entre 1917 y 1922 las relaciones laborales en Nuevo León –como en el resto de la República– estuvieron sujetas a reglamentación de acuerdo con los criterios establecidos por el artículo 123 de la nueva Constitución.
     Es decir, el estado como tal asumió el mando mediador entre obreros y patrones de todo el país, con lo cual las relaciones obrero patronales se federalizaron. Aunque su aplicación quedó en manos de los gobiernos estatales, confiriendo a los jefes políticos regionales un poder extraordinario sobre ambos factores de la producción.
     La nueva Constitución promulgada en 1917, en su artículo 123 que reglamentaba las relaciones laborales, contenía términos que al aplicarse literalmente significaban una reestructuración radical de la organización de la producción. Por ello las primeras reacciones de los empresarios regiomontanos al conocer el nuevo orden laboral, fueron de desconcierto. En julio de 1917 –cinco meses después de haber sido promulgado el texto constitucional en Querétaro– los gerentes de la cuatro plantas minero metalúrgicas instaladas en la entidad, se dirigieron en bloque, con el gobernador del estado Nicéforo Zambrano, con el propósito de solicitarle les hiciera una interpretación exacta de los nuevos términos contenidos en el artículo 123. 7
     Uno de los puntos que causó confusión entre los empresarios regiomontanos fue la fracción que fijaba en siete horas la jornada nocturna, en contra de la cual argumentaban que debido a la naturaleza de la actividad de los hornos altos de fundición y la maquinaria instalada, que funcionaba sin interrupción las 24 horas -es decir día y noche– habían establecido el sistema de trabajo de tres turnos, de ocho horas cada uno, por lo que si aplicaban literalmente el nuevo ordenamiento laboral, reduciendo el turno de noche a siete horas, se verían obligados a suspender las labores por una hora en los departamentos que funcionaban de forma continua, lo que en términos de producción y financieros, era muy perjudicial para sus empresas.
     Al parecer no solo se trataba de los problemas derivados de jornada nocturna y su reducción a siete horas. También la fijación de la otra jornada, la diurna de ocho horas, provocó inquietud entre los propietarios de las fábricas regiomontanas. Para el año de 1917 algunas de las industrias ya habían adoptado el sistema de reducción de la jornada laboral, aunque no precisamente a ocho horas. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey apenas un mes después de haberse aprobado la Constitución, había adoptado el nuevo horario de trabajo. Justamente el cuatro de marzo los obreros agrupados en La Unión de Gremios Unidos de la Fundidora de Fierro y Acero (UGUFFA), enviaban una carta al gobernador del estado Pablo A. de la Garza, diciéndole que en la planta trabajaban jornadas de entre 10 y 12 horas diarias, haciendo de su conocimiento el deseo de verse favorecidos con la aplicación de la nueva Constitución, pidiéndole utilizara sus buenos oficios, a fin de que la gerencia de la planta aceptara el nuevo horario de la jornada de ocho horas.8
     En su propio lenguaje, los obreros Pablo G. Venegas y Pedro Torres Blanco, el primero secretario de la UGUFFA y el segundo vicepresidente, manifestaban: “…hemos tenido a bien dirigirnos a usted señor gobernador para manifestarle que los obreros que trabajamos en ésta industriatenemos actualmente 10 y 12 horas diarias de trabajo y deseando mejorar un tanto nuestra situación, así como también hacer que rija esa ley entre nosotros, nos hemos acercado a usted para hacerle presente nuestra petición cuyo objeto es pedir las ocho horas de trabajo”.
     Es interesante observar la forma en que los obreros se expresaban de la nueva legislación laboral, la veían como un acto “ sublime “ de redención; al mismo tiempo en su carta los obreros daban muestra de una sensible habilidad política acumulada durante años de acciones y negociaciones laborales: “Nuestra petición – decían – señor gobernador es del todo justa y no asumiremos una actitud hostil en ningún caso pues obramos siempre dentro del derecho y la justicia.”
     Cuatro días después de que los obreros enviaran la carta anterior, el secretario general del gobierno, enviaba un oficio al gerente de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, en la que le daba a conocer la petición de los obreros, así como la fundamentación constitucional de la misma, la fracción I del artículo 123, que ordenaba que los obreros, jornaleros y artesanos de la República sólo debían laborar como máximo ocho horas diarias.
     Dos consideraciones adicionales hacía el funcionario del gobierno: ser celoso de hacer efectivas las garantías constituciones, y en segundo lugar que la gerencia no había puesto en práctica el ordenamiento constitucional.