Vamos a demostrar que mienten
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- La grotesca persecución política del gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR), llega ahora al absurdo de filtrar información de que tienen 50 órdenes de aprehensión en contra de directivos y personal de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular “Tierra y Libertad” y dirigentes del Partido del Trabajo. 
     Podrán tener cien o mil órdenes de aprehensión, pero tengan la certeza de que quienes trabajamos por la educación pública de calidad seguiremos firmes en nuestra lucha por la transformación de México.
     Con pruebas documentadas hemos comprobado la procedencia lícita de los recursos públicos asignados a los Cendis y, sobre todo, el manejo limpio y transparente. Por ello, vamos a demostrar que mienten y calumnian quienes están detrás de todo este plan maquiavélico.
     Año tras año, de manera trimestral y en forma detallada y rigurosa, hemos rendido cuentas a la Secretaría de Educación del Estado sobre la aplicación, uso y destino de los recursos para el pago de la nómina mensual del personal trabajador, para la compra de alimentos de niñas y niños y para los gastos de operación de los Cendis.
     Tan públicos son los recursos para la atención de niñas y niños Cendis que se incluyen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, en las Ampliaciones al Ramo 11 Educación Pública, bajo el rubro de Educación Básica, en la partida denominada: Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil, por lo cual no hay nada que esconder.
     Quizá por esa razón los ataques en contra nuestra se han agudizado de manera tan burda, al acusarnos de los delitos de manejo de recursos de procedencia ilícita (popularmente conocido como lavado de dinero) y de financiamiento al terrorismo, puesto que no cuentan con elementos que acrediten que cometimos ocultamiento de recursos o los dilapidamos. 
     Resulta una ofensa que nos acusen de manejo de recursos de procedencia ilícita, cuando éstos son recursos públicos federales, inclusive son presupuestados desde que la Presidencia de la República presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, en cuanto al financiamiento al terrorismo, a lo largo de 45 años de lucha social y política, nunca hemos simpatizado con ninguna expresión de esa modalidad, ni con la violencia de ningún tipo.
     El gobierno federal sin miramientos utiliza a la PGR, la responsable de procurar justicia, como policía política para chantajear e intimidar cual si fuera la KGB o la Gestapo, buscando embestir no solamente a los Cendis o al Partido del Trabajo, sino también al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a Andrés Manuel López Obrador.
     Ante su fracaso para desintegrar la alianza PT-Morena-AMLO rumbo al 2018, también echaron mano del PRI como instrumento de golpeteo, al obligarlo a interponer una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), sobre desvío de recursos y probables delitos electorales.
     Ambas acciones tampoco tienen fundamento, toda vez que la denuncia se refiere a la elección extraordinaria en el Distrito 01 de Aguascalientes, la cual fue sancionada en julio del 2015 no solamente por el INE, sino también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
     Estamos ante el uso faccioso del Estado para favorecer al PRI-gobierno, al inventar delitos con el fin de bloquear la alianza electoral de la izquierda progresista y frenar la esperanza que representa el cambio para los mexicanos agobiados por la verdadera delincuencia organizada que está implantada en la mafia del poder.
     Ejemplo de ello es el estrecho vínculo entre la empresa brasileña Odebrecht y el PRI, la cual dejó en evidencia que se trata de una “campaña de lodo” en contra nuestra para desviar la atención sobre la destitución del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, quien precisamente investigaba la ruta del dinero de Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, responsable de finanzas del PRI y ex director de Pemex.
     En este espinoso contexto, vamos a defender la educación con pruebas y documentos, no con mentiras ni calumnias, porque en los Cendis no hay nada turbio y estamos limpios, por lo cual propondremos al Congreso de la Unión que se constituya una Comisión Especial que investigue el funcionamiento y la operación financiera de los Centros de Desarrollo Infantil.