Ahora los patos les tiran a las escopetas
Filiberto Pinelo Sansores

Mérida.- Es terrible el drama de las personas que buscan a sus seres queridos independientemente del tiempo que lleven tratando de encontrarlos, que puede ser de décadas o de unos cuantos días. Es cierto que, en su reclamo, ellas no hacen diferencia de qué gobierno dirigía al país cuando su tragedia comenzó ni qué se hizo o se dejó de hacer, desde entonces, para localizar al familiar que no encuentran. Simplemente reclaman al que está en turno.

Naturalmente, la derecha y sus agentes, siendo sus gobiernos, del PRI y del PAN, los que, de manera directa o indirecta, con sus acciones u omisiones, impulsaron esa desgracia, de la manera más cínica e inmoral, ahora tratan de responsabilizar de la tragedia que, con sus gobiernos represivos y corruptos engendraron, a los dos gobiernos de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en esta interviene el estado. Se trata, dice, del “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Las desapariciones en México tuvieron su origen en la política salvajemente represiva de los gobiernos priistas que -en la medida en que sectores de la sociedad fueron adquiriendo, cada vez más, conciencia de la necesidad de democratizar al país y aumentando su participación en la lucha por lograrlo- recurrieron a formas cada vez más violentas e inhumanas de represión. Está documentado que durante las décadas de 1970 y 1980, cuando gobernaron Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, decenas de cuerpos de personas, incluso algunas con vida, después de ser torturadas, fueron arrojadas al mar desde aviones militares.

Partían del aeropuerto militar guerrerense de Pie de la Cuesta para desaparecer los cuerpos de quienes eran ejecutados extrajudicialmente. A esta etapa se le conoce como el periodo de la Guerra Sucia, en nuestro país. Con los subsiguientes gobiernos priistas, las desapariciones continuaron.

Un caso notorio fue el del diputado Manuel Muñoz Rocha, acusado de ser el presunto autor intelectual de la muerte en 1994 del gobernador de Guerrero del periodo 1987 a 1993, José Francisco Ruíz Massieu, cuñado de los hermanos Raúl y Carlos Salinas de Gortari, se lo tragó la tierra. Muñoz era brazo derecho de Raúl, quien también fue acusado por el asesinato. Al desaparecer aquel desapareció la evidencia de la responsabilidad de este.

Las correspondientes eliminaciones de personas por la vía de la desaparición forzada o el asesinato fueron modus operandi durante el gobierno de Salinas. El PRD, cuando fue oposición, fue víctima del embate asesino del gobierno salinista. Según sus cifras, 265 miembros suyos fueron sacrificadas por las fuerzas represivas del Salinato, que dio su cerrojazo con el nunca aclarado asesinato de su propio candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, consumado por el mismo régimen.

Las desapariciones se recrudecieron cuando por desgracia para México, aliados el PAN y el PRI, impusieron por la vía del fraude al espurio Felipe Calderón como presidente de México y este puso como su secretario de Seguridad al hoy encarcelado y enriquecido Genaro García Luna.

Las estadísticas no mienten. En el sexenio anterior, en el de Fox, las desapariciones habían sido del orden de 854 personas; pero en el del “haya sido como haya sido”, se dispararon hasta llegar a la cifra descomunal de 17,210. Es a partir de entonces, que han crecido exponencialmente.

La combinación de violencia del gobierno para combatir a unas bandas y proteger a otras, puesta en práctica como política de estado por el secretario de Seguridad de Calderón dio como resultado el empoderamiento de unos grupos criminales en detrimento de otros; pero los que se fortalecieron adquirieron un poder tan grande como el que hoy tienen.

Las desapariciones de esta etapa tienen que ser catalogadas, obligadamente, como forzadas porque, como dice la definición de la ONU, quienes las cometían si no eran “agentes del Estado”, actuaban “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, como se probó en el juicio a García Luna.

Uno de los testigos clave, Sergio Villarreal Barragán, conocido como "El Grande" reveló durante su testimonio, que fue público, que los narcotraficantes recibían uniformes, vehículos y credenciales para disfrazarse de policías y operar con mayor facilidad. Dijo que él mismo había tenido acceso a estos recursos mientras trabajaba para el cártel de los Beltrán Leyva.

Cuando terminó el sexenio de Calderón y, con la ayuda del PAN volvió al poder el PRI representado por Enrique Peña Nieto, no sólo no disminuyeron las desapariciones sino que, encarreradas, aumentaron. Se elevaron hasta 21,602, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

El caso más emblemático fue el de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desparecidos por agentes del estado mexicano en colusión con delincuentes del narcotráfico y la posterior protección a los autores por el procurador Murillo Karam.

Es cierto, las desapariciones no han bajado en los sexenios de la 4T. Pero ahora no es el gobierno el que desaparece, sino los criminales que forman las bandas que se fortalecieron durante el tiempo en que el Prian les permitió empoderarse. Ni en el anterior sexenio ni en lo que va de este, ha habido algún caso de desaparición forzada es decir, hecha por el Ejército, la Marina, las Guardia Nacional o agentes de la FGR.

Por eso es indignante que con total cinismo panistas y priistas, acompañados de sus divulgadores en los medios, se hayan olvidado de lo que hicieron sus gobiernos y, aprovechándose del sentimiento de frustración de muchas personas que buscan a sus desaparecidos, pretendan desprestigiar, tanto a AMLO como a Claudia, echándoles la culpa de las desapariciones. Para su desgracia, nadie les cree. Por eso los altos índices de aprobación de la presidenta que han llegado a niveles sin precedente.