Control patriarcal y pactos oscuros
Lupita Rodríguez Martínez
No soy libre mientras alguna mujer no lo sea,
incluso cuando sus grilletes sean muy diferentes a los míos.
Audre Geraldine Lorde, escritora afrodescendiente y feminista
Monterrey.- Esta frase es un llamado a la acción para robustecer las luchas por los derechos de las mujeres y nos recuerda que se trata de una lucha sorora, colectiva y global.
El camino para avanzar en el derecho a vivir una vida libre de violencia y lograr la igualdad de género sigue siendo muy largo y lleno de obstáculos.
A nivel mundial las mujeres enfrentan retrocesos en el ejercicio de derechos que se creían consolidados. La pandemia del COVID-19, sin alguna duda, exacerbó las desigualdades sociales y económicas.
Las oportunidades de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y al progreso disminuyeron y aumentaron las condiciones de pobreza de la población femenina, las cargas de trabajo no remunerado y las inequidades salariales en cuanto a trabajo igual que el hombre.
A nivel nacional aquejamos similares retrocesos, por lo cual resulta urgente que los gobiernos federal, estatal y municipal en coordinación con la sociedad civil y sus organizaciones no gubernamentales redoblen esfuerzos para cumplir los nuevos derechos constitucionales en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, erradicación de la brecha salarial por razones de género y, sobre todo, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La mujer mexicana ya participa en igualdad de condiciones con el hombre en tareas públicas y ha logrado que nuestro país tenga la primera Presidenta en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, falta mucho trabajo para que la población femenina pueda vivir una vida plena y libre de violencia.
Lo cuestionable es que los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres y para erradicar la violencia de género, dos de los doce ejes centrales plasmados en la Plataforma de Acción de Beijing 1995, sean objeto de control patriarcal y de pactos oscuros por parte de servidores públicos al frente del movimiento de transformación de México.
Nos referimos a lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión del dictamen elaborado por la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional –que a su cargo tiene practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política y/o penal de algún servidor público–, en el cual se declaró improcedente la solicitud de la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos para el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, por la presunta violación de una mujer familiar directa.
A pesar de las presiones políticas y legislativas de las dirigencias aliadas en la Coalición Sigamos Haciendo Historia, los y las legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no cedieron y emitieron un voto de principios y de convicción contra el contenido y el sentido del dictamen, por trivializar y minimizar el problema de la violencia contra las mujeres.
Diputadas y diputados del PT asumieron el reto con responsabilidad y sensatez de no poner en duda la presunción del delito, ya que se revictimiza a una mujer y no se salvaguardan sus derechos, cuestiones básicas que no se pueden dejar a un lado en el tema de la violencia de género.
Sin juzgar ni prejuzgar que el Diputado señalado es culpable o no, dejaron claro que su voto fue contra el dictamen de la Sección Instructora por no ser exhaustivo ni apegado a la legalidad, opacidad que no se puede permitir en la lucha por la verdad y la justicia que impulsa la Cuarta Transformación.
El pueblo de México merece saber la verdad y merece que se haga justicia, sobre todo. Actuar en contrario conlleva a que se erosione la credibilidad y la confianza en las nuevas instituciones democráticas que con tanto esfuerzo se están construyendo en el Segundo Piso de la 4T.
La justicia debe ser imparcial, transparente y con legalidad, principio jurídico fundamental del Estado de Derecho, donde todo ejercicio de un poder público debe apegarse a la ley vigente y no a la voluntad de algún gobernante, más cuando se trata de la lucha de las mujeres por un mundo donde la igualdad y la no violencia sean realidad y no utopía.