Hay que ayudar a sanear al poder judicial
Filiberto Pinelo Sansores

Mérida.- Por fin el 1 de junio, que ya está encima, se dará un paso más en el proceso de sanear al país, en el ámbito de la justicia, con la elección de la primera tanda de juzgadores del Poder Judicial de la federación (9 ministros o ministras de la SCJN, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386 jueces y juezas de Distrito, además de 2 magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del TEPJF).

En una segunda fase, que se realizará dentro de dos años, en 2027, se elegirá a los restantes, de tal modo que todos los juzgadores de ese poder serán elevados a sus cargos no por la decisión de un político poderoso -el presidente o presidenta del país- y un grupo de notables -los senadores, en el Congreso- sino por la voluntad directa de millones de ciudadanos.

En muchas entidades se harán también elecciones para poner en consonancia la legislación local con la nacional pues si en el ámbito nacional el poder judicial está en un grado de corrupción inalcanzable, en los estados, manoseado este poder por los gobiernos locales, que colocaban como jueces y magistrados a sus achichincles, la justicia está igual de adulterada.

En Yucatán, el gobierno del panista Mauricio Vila y la banda de hampones que gobernó el estado con el disfraz de honorables, a la mitad de su sexenio defenestró a todos los magistrados del Poder Judicial yucateco -excepto a tres que no se dejaron y lucharon con amparos hasta que fueron reinstalados- y puso en su lugar a gente suya, puro grillo, que de derecho pueden no saber nada pero sí mucho de cómo apoyar en campañas.

No cabe la menor duda de que entre los juzgadores que serán removidos hay gente decente que merecería continuar ejerciendo la función; pero tampoco cabe vacilación acerca de que, en su conjunto, el poder judicial llegó a su más alto grado de descomposición.

La realidad no engaña: Muchos miembros del crimen organizado son liberados, a pesar de haber sido detenidos en flagrancia; asimismo, muchos delincuentes -estos de cuello blanco- son favorecidos por ministros, magistrados o jueces, a pesar de que la historia de su conducta y su fortuna muestran ante todo el mundo que han hecho su fortuna robándole a medio mundo y eludiendo el pago de impuestos que, al acumular los de muchos años, suman cantidades gigantescas, casi impagables.

Donde más han mostrado el cobre los juzgadores es en el terreno de la defensa de la soberanía de nuestro país frente a los intereses de monopolios extranjeros. En todos los casos en que han tenido que decidir entre esta soberanía y el interés lucrativo de aquellos, los ministros, jueces y magistrados maiceados no han vacilado en ponerse del lado de quienes nos saquean.

Estos ministros, jueces y magistrados, haciendo mancuerna con el Prian, que en el Congreso -con su irrisoria minoría- hace la función de primera barrera de contención a las reformas legales que el país requiere para anular la legislación entreguista -construida durante la larga noche neoliberal por la derecha y construir una en consonancia con sus necesidades de desarrollo independiente y soberano- batean las leyes que la mayoría logra aprobar en el Congreso cuando no funciona aquella barrera.

Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica. Primero el Prian impidió con su exigua minoría que se aprobara en el Congreso la reforma constitucional que buscaba que el estado volviera a tener la rectoría en el sector eléctrico. Y cuando en respuesta a la actitud de los apátridas, en ese mismo Congreso se aprobó una ley secundaria en la materia -que no requería mayoría calificada para hacerlo- con el fin de atenuar los impactos negativos en la Constitución que no pudieron ser eliminados, primero un juez, Juan Pablo Gómez Fierro, y luego la misma Suprema Corte, la declararon “inconstitucional” y, también, la echaron abajo.

En gran medida, la situación de inseguridad que priva en muchos lugares del país, pese al desempeño cada vez más eficiente de las fuerzas de seguridad del gobierno federal, que lucha a brazo partido para disminuirla y erradicarla, se debe a la puerta giratoria que existe en el Poder Judicial que permite la liberación de muchos delincuentes peligrosos.

Desde el sexenio anterior se estuvo denunciando cómo eran favorecidos los millonarios traficantes de las drogas por jueces o magistrados, después de que el Ministerio Público, con muchos esfuerzos e, incluso, pérdida de vidas humanas, había logrado detenerlos y llevarlos ante la justicia. Los clásicos sabadazos en que, mediante cañonazos de millones de dólares, eran liberados, por jueces corruptos, decenas de delincuentes, fueron frecuentemente denunciados por AMLO en sus Mañaneras.

En buena medida, el crimen en general ha avanzado porque tenemos un Poder Judicial que le ha sido de gran ayuda. El mismo día que García Luna era condenado en una corte en Nueva York por varios delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, en México un tribunal otorgaba un amparo a su esposa, Linda Cristina Pereira, que dejaba libres sus cuentas bancarias, congeladas desde 2019 por presuntos vínculos con lavado de dinero. El total de dinero congelado a los esposos no es ninguna bicoca; son 748.8 millones no de pesos sino de dólares. ¿Sería gratuito el servicio?

En estos días, en una especie de año de Hidalgo, jueces y magistrados se dan vuelo favoreciendo con sus sentencias a pájaros de cuenta. Una juez de distrito ordenó liberar las cuentas bancarias en México, de la presentadora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo, no obstante que, acusados de múltiples delitos, están escondidos fuera del país. Otro juez evitó, mediante el consabido ampara la detención de Virginia León Osornio, cuñada del Mencho, acusada de lavar dinero de la banda del capo.

Es muy importante, en consecuencia, acudir a las urnas para ayudar a limpiar este poder, votando a favor de quien nos parezca idóneo para ser juzgador, sin menoscabo de seguir pugnando porque se aireen los demás ámbitos de la justicia.