Puebla.- Es frecuente considerar que las empresas gubernamentales coinciden con el interés público. Pero son en ocasiones cosas no solo distintas, sino antagónicas. Las primeras son las organizaciones productivas administradas por el gobierno, el interés público es lo que beneficia a todos.
Imaginemos una empresa del gobierno, productora de energía, que decide, en pleno siglo XXI, utilizar carbón en lugar de energías limpias. Actuará contra el interés público de disminuir la contaminación y contener y calentamiento global.
Imaginemos una empresa de gobierno que cuenta con exceso de personal. Que gasta en nómina y en prestaciones mucho más de lo que debería. Favorece el interés particular de sus trabajadores, pero va contra el interés público, al derrochar el presupuesto del Estado.
Imaginemos una empresa de gobierno en la que los directivos tienen la discrecionalidad para contratar amigos y parientes, aunque estén lejos de cumplir el perfil del cargo. Beneficiaría el interés particular de esas personas, pero dañaría el interés público pues su eficiencia dejaría mucho que desear.
Imaginemos una empresa de gobierno tolerante con líderes sindicales corruptos, que cede con facilidad a los intereses de esos líderes. Estaría satisfaciendo el interés de esos dirigentes, pero dañando el interés público.
Imaginemos una empresa de gobierno sin evaluaciones rigurosas de su desempeño, dando lugar a diversos grados de ineficiencia. También saldría dañado el interés público.
En contraste, algunas empresas privadas contribuyen al interés público. Es el caso de las que generan empleos y riqueza. Hay medios de comunicación privados que generan información indispensable para la vida democrática. Hay, cada vez más, asociaciones de la sociedad civil que generan información valiosa para que el interés de todos tenga vigencia. Hay universidades particulares que forman profesionistas capaces y generan conocimiento útil para la sociedad: En todos estos casos se favorece al interés público.
Lo público y lo gubernamental no son sinónimos. Las instituciones del gobierno suelen ser ocupadas por intereses particulares.
Se entiende que haya un interés de la clase política por la propiedad gubernamental de empresas. Con esa propiedad amplían su poder. Pueden obtener recursos. Pueden colocar en diversos cargos a sus clientelas políticas. Pero eso no significa que coincidan con el interés público: más bien lo niegan, al utilizar recursos públicos para los intereses de grupos de particulares.