ESTADO DE LOS ESTADOS

Llegaron en banda al gobierno

Lilia Arellano

 

Cancún.- Abiertamente opera en México la sentencia: “Justicia y gracia para mis amigos, para mis enemigos, justicia a secas”. La forma en la cual ha sido abordado el caso de la recepción de sobornos de Emilio Lozoya Austin por parte de la trasnacional brasileña Odebrecht, contrasta con el del presunto lavado de dinero por parte del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

El primero ha sido recubierto hasta el momento con un manto de impunidad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y hasta el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Mientras a Rafael Márquez las autoridades mexicanas le congelaron bienes y cuentas bancarias.

La justicia mexicana no actuó así ni siquiera en los casos de los ex mandatarios Humberto Moreira o Tomás Yarrington, o de Javier Lozano, en el tristemente celebre caso de Zhenli Ye Gon y los más de 250 millones de dólares localizados en su domicilio.

El caso de la entrega de sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex integrante del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y ex director de Pemex, destaca por el blindaje de impunidad con el cual ha sido recubierto. Ni la PGR, pasando por la SFP o el SNA habían movido un solo dedo para llamarlo a cuentas ante la serie de detalles revelados en la investigación sobre el caso en Brasil, y habían reiterado: “no hay nada contra él”, hasta este martes cuando fue citado para el jueves próximo por la PGR para declarar en calidad de imputado por presuntamente cobrar sobornos de la empresa Odebrecht.

Es más, Lozoya ha amenazado con demandar a quien resulte responsable de los señalamientos de que recibió sobornos por parte de Odebrecht. En su momento, el propio Javier Lozano, en julio de 2007, amenazó con demandar al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon –a quien decomisaron 250 millones de dólares presuntamente relacionados con el narcotráfico- y a sus abogados ante la Corte de los Estados Unidos por pretender involucrarlo en actividades ilícitas. De esa demanda y de los recursos decomisados ya no se supo más. Lo mismo hizo en su momento Tomás Yarrington.

Y toda la verborrea e inclusive la cita próxima tiene desde ahora un final muy feliz. Ni el lavado de dinero ni el cohecho, privarían a Lozoya de la libertad con todo y que la PGR decidiera llevar el caso ante el juez de control pues estos delitos no son de prisión preventiva en el nuevo sistema penal.

Y, por lo que respecta a las autoridades electorales de quienes damos a conocer las declaraciones en los siguientes párrafos, cualquier señalamiento en donde se le de la razón a quienes afirman la entrega de los recursos a la campaña del mexiquense es lo suficientemente tardía como para tener algún efecto, ni siquiera la imputación de delincuente electoral, y menos aún habrá castigo. La exhibición sobre estas prácticas pudiera cambiar, si no estuviera debidamente alineando el TRIFE los resultados de los comicios celebrados en el Estado de México y en Coahuila, pero se ve difícil.

Tal vez en un intento por disminuir el impacto del caso Lozoya-Odebrecht, el periodista Ignacio Rodríguez Reyna fue entrevistado sobre la veracidad de las acusaciones vertidas en los reportajes en El Quinto Elemento Lab. Una a una fueron fulminantes sus aseveraciones al hablar de fechas, citar lugares en los cuales se incluye la casa del propio ex funcionario petrolero.

Datos, lugares, días fueron reseñados por el informador y suministrados originalmente por quienes han sido parte de toda la operación, por los propios funcionarios de la empresa. Advierte tuvo en sus manos el expediente con cientos de hojas y declaraciones a la autoridad sobre lo revelado.

El papel de la autoridad es el de investigar y confirmar las declaraciones vertidas por los delatores denunciados, el del periodista dar cause a la información. Aunque, agrega, no duda de ser verdad todo lo expuesto, la confirmación de haber utilizado el dinero de los sobornos a la campaña de EPN es motivo de otro tipo de investigación.

 

JUSTICIA SIN PISO PAREJO

Tintes mediáticos –los cuales se han convertido en cortina de humo- tomó la investigación en Estados Unidos en torno al narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, así como a otros 20 mexicanos y 43 empresas, entre los que se cuentan Rafael Márquez y Julión Álvarez, a quienes se acusa de ser testaferros del capo. Uno de los abogados del futbolista, José Luis Nassar Peter, confirmó que todos sus bienes y cuentas en el país habían sido congelados.

No obstante, se mostró confiado en que se logrará probar que las empresas de Márquez no usaron recursos de procedencia ilícita. “El caso de Rafael Márquez es un tema de procedimiento esencialmente administrativo, y la manera en que lo vamos a defender será en acreditar con toda la documentación, tanto contable como financiera, que en todas y cada una de las empresas en las que Rafael es accionista los recursos provienen de fuente lícitas”, dijo el litigante.

Derramar este tipo de información y ligar a personas conocidas en otros ámbitos ha sido durante mucho tiempo la mejor manera de cobrar algunas cuentas pendientes, sobre todo relacionadas con competencias sobre féminas o bien por apoyar a candidatos de otros partidos políticos o para la formación de atractivas cortinas de humo, de esas tapaderas tan usadas por el actual gobierno federal, pero también por los estatales y hasta los municipales.

Otro ex jugador, Jared Borgetty fue vinculado al narco por asistir al cumpleaños de Francisco Rafael Arellano Félix. Quien lo llevó fue una conocida de Omar Chávez, también jugador. Por secuestro y delincuencias organizada encerraron al ex jugador de los Rayados del Monterrey, Omar “Gato” Ortiz.

Integrantes de la farándula no necesariamente llegan a Los Pinos, pero también son señalados de manera escandalosa aunque las denuncias presentadas no conocen progreso. Tales son los casos de los Tucanes de Tijuana, a quienes se les vinculó con los Arellano Félix o recientemente a Kate del Castillo y “El Chapo” Guzmán.

A Sergio Gómez, vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, lo mataron; Valentín Elizalde también fue ultimado; se habla de Jenny Rivera y “La Barbie” ligados y, por ende, acusado el narco de su muerte; ni que decir de que, antes de morir, Joan Sebastián conoció del dolor por perder a dos de sus hijos por ejecución. Otros de mucha fama como el propio Vicente Fernández o el finado Juan Gabriel, también fueron expuestos a la duda sobre su relación con estas mafias.

El congelamiento de cuentas es una acción de la justicia no vista en casos emblemáticos como los de los ex gobernadores Humberto Moreira o Tomás Yarrington, por mencionar sólo dos. El ex gobernador de Coahuila y ex líder nacional del PRI en su momento, mayo de este año, también amenazó con demandar al diario Reforma por las “infamias y calumnias” que publicó sobre presuntas cuentas bancarias de su familia en las Islas Caimán y en Mónaco.

También aseguró que en ello está involucrado el ex presidente Felipe Calderón. En su información, el diario capitalino afirma que la esposa y la cuñada de Moreira Valdés manejaron recursos en esos dos paraísos fiscales hasta por 62.1 millones de dólares, entre 2013 y 2016.

Existe una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, en la cual se dan cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares, refiere Reforma. Sin embargo, Humberto Moreira permanece impune.

Por lo que toca a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, a pesar de haber sido detenido en Florencia, Italia, su fortuna no ha sido tocada. Está bajo investigación por parte de autoridades estadounidenses y mexicanas por delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero.

Es señalado por mantener nexos con grupos delictivos, recibir recursos económicos ilícitos y lavarlos, además de endeudar las finanzas estatales que administró en el periodo 1999-2004. Las investigaciones del gobierno estadounidense en su contra por presunta comisión de delitos como lavado de dinero, entre otras, fueron reactivadas en noviembre de 2016, así como el trámite de extradición.

En cambio, en el caso de Lozano Austin se le ha echado tierra al asunto. Sin embargo, la oposición presiona para que sea investigado. Este martes, diputados de Morena denunciaron penalmente en la PGR al ex director de Pemex por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

En la denuncia, se mencionan las declaraciones de testimonios de tres inculpados por la justicia brasileña, Luis Alberto Meneses Weyll, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, quienes refieren las “propinas” a Lozoya a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública para Odebrecht.

Rocío Nahle, coordinadora de Morena, demandó que el procurador Raúl Cervantes se excuse en la investigación o se retire de la PGR, porque está en conflicto de interés. Recordó que durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Cervantes fue coordinador jurídico y Lozoya un miembro activo del equipo del entonces candidato priísta.

Desde abril, reclamó la legisladora, Cervantes tenía conocimiento de las investigaciones de la Fiscalía de Brasil y es hasta ahora que se sabe del nombre de Lozoya. También las dirigencias del PAN y del PRD exigieron investigar si los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de Odebrecht en 2012 fueron destinados a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo estar dispuesto a investigar, siempre y cuando haya denuncia.

Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó ya inició las investigaciones sobre el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto. “Ya tenemos una denuncia y estamos ya iniciando la investigación”, señaló el fiscal Santiago Nieto Castillo. A su vez, la PGR citó a declarar en calidad de imputado al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Silvia García Ocampo, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, citó a Lozoya a comparecer el próximo jueves a las 12:00 horas acompañado de su abogado defensor. El citatorio fue girado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, a cargo de la Coordinación General de Investigación de la SEIDF, que encabeza Felipe Muñoz.

 

ANTICORRUPCIÓN, INCLUIDA EN TLCAN

Por donde quiera que se le rasque a la administración federal actual supura el pus de la corrupción. Ésta es tan amplia que alcanza el sistema aduanal nacional y tan profunda que incluye al primer círculo del presidente Enrique Peña Nieto desde la campaña presidencial del 2012 y, por supuesto, desde el arranque de su gestión.

Al iniciar este miércoles la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el tema seguramente será incluido. Los objetivos del gobierno de Donald Trump en esta renegociación, incluyen un capítulo anticorrupción y también el sector patronal del país busca se incorporen medidas que buscan mayor transparencia e integridad en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México.

Durante la última evaluación de Transparencia Internacional sobre aplicación de la “Convención de la OCDE para Combatir el Soborno Trasnacional”, México salió entre los países peor evaluados por la mínima o nula implementación de un sistema anticorrupción.

México no inicia investigaciones sobre delitos de soborno trasnacional, como ya se vio en el caso de Lozano Austin; las indagatorias por supuesto no llegan a los tribunales y éstos no enjuician ni condenan a individuos o empresas señaladas por soborno, señala ese reporte. Así se mantienen formando la cadena de vergüenzas para los ciudadanos mexicanos.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó: “el tema de corrupción se ha presentado como una preocupación del gobierno norteamericano. Nos parece que si se negocia que se incorporen medidas que garanticen que haya mayor transparencia e integridad tanto en las negociaciones entre particulares como de los particulares con el gobierno, ésta sería de las aportaciones importantes que puede tener la renegociación”.

La Coparmex representa a México ante el brazo empresarial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual tiene un comité anticorrupción. “Lo que se podría proponer es que estas mejores prácticas que ahora están a nivel de recomendación pudieran incorporarse (en las discusiones)”, dijo el líder empresarial.

En las “Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales”, ejemplificó De Hoyos, el organismo internacional recomienda que las empresas no deberán ofrecer, prometer, dar, ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.

Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública confirmó la conformación de un grupo técnico el cual participará en la renegociación del TLCAN en los temas de transparencia, anticorrupción y contrataciones públicas. Los integrantes del mismo viajarán con la delegación mexicana la cual estará presente en la Primera Ronda de Negociaciones del TLCAN, en la ciudad de Washington, D. C., a partir de este miércoles. Como suele suceder, el impulso para reaccionar tiene que llegar al estilo go-car, con un empujón trasero y forzado.

 

SIGUEN BASTOS E INTERROGANTES

¿Cuál será el destino del nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso? Es difícil de conocerlo si se tienen en cuenta los antecedentes de inhabilitación ordenados por el ayuntamiento de Benito Juárez y dados a conocer a este personaje en su momento, lo cual lo llevó a inconformarse y en el presente se tiene ese proceso detenido, indefinido se diría.

Sobre la decisión adoptada por ese cabildo se ha especulado al darse a entender el alcalde Remberto Estrada tiene en sus manos la posibilidad de impedir otro fracaso en este tema para el gobernador. El primero se ha visto en el nombramiento mismo cuando salen a la luz pública la serie de adecuaciones y aprobaciones hechas por quien se presenta, sin ser oficial, como titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, tanto en el trienio municipal de Francisco Alor Quezada como en el de Gregorio Sánchez.

Sus planeaciones y proyectos, entre los cuales incluyó en más de una ocasión la supuesta rehabilitación de la avenida Tulum y del centro mismo de la ciudad de Cancún, solamente fueron cobrados pero, llevados a la realidad, nunca. Así las cosas, ya se verá también sobre cual reglamentación operará la novedosa inmobiliaria.

Recientemente se presentó un video en donde se presenta la ubicación y el inmueble supuestamente ocupado por la empresa ganadora de la licitación para la elaboración de más de 200 mil uniformes escolares. Como ya se había descrito, la comercializadora parece más bien una creación de último minuto al darse algunos periodistas a la tarea de investigar sus registros en las Cámaras o en las oficinas de gobierno y resultar éstas inexistentes.

Pueden tomarse algunos elementos en cuenta en este caso y que son ajenos a la entrega del codiciado pedido: el tiempo para hacer llegar a los alumnos sus uniformes está muy cercano, tendría que ser el próximo lunes y, si se toma en cuenta la fecha de asignación y si nos dicen cuando les dieron la primera partida económica por más de 50 millones de pesos, podría saberse si ya estaba tal pedido pactado, porque en escasas dos semanas -nos han dicho quienes se dedican a la industria de la confección- ni repartiendo el pedido lograrían hacer esa entrega calificada de “inmediata”. “Solamente con andar, primero, entregando telas y diseño y luego al recoger el trabajo terminado no se llega a ese plazo”.

La incógnita se despejará cuando se vea llegar el primer día de clases y una de dos: o no van a portar los uniformes con lo cual habrá un incumplimiento –no se sabe si por parte de la mentada comercializadora o del gobierno al no fijar una fecha exacta de entrega- o serán entregados ese día y entonces se abrirá el capítulo para investigar desde cuando fueron solicitados y si la mentada licitación no fue sino un farsa.

Ahora bien, esa comprobación física de las instalaciones de la comercializadora ¿tienen algo que ver con el hombre fuerte del gobernador? Porque al parecer se trataría de un “fuego amigo” inclusive triangulado. Aunque también cabe la hipótesis de crear un escenario con fines muy específicos: deshacerse de quienes solamente representan compromisos y de paso hablar de las bondades del cambio y de no permitir las corruptelas o las dudas ciudadanas en torno a la honestidad del actual mandato.  Todo cabe en este jarrito, sabiéndolo acomodar.

Golpes van y vienen entre el alcalde benitojuarense y el mandatario estatal. No parece existir ningún punto para llegar a un acuerdo con el único fin de no perjudicar a los ciudadanos, no de hacerse compadres ni cambiar de partido, moda muy actualizada.

Ya los del municipio dieron a conocer los adeudos a sus arcas por más de 50 millones de pesos provenientes de ex funcionarios cuyos cargos hoy están o en el Congreso o en el mandato estatal. Alejandro Ramos, de Sintra, debe más de 25 mil pesos; hasta donde se encuentre tendría que cobrarle al Vikingo 118 mil pesos; Gerardo Mora, profundamente ligado a Julián Ricalde en su momento pero siempre fiel a su parentela política, también aparece en la lista de deudores con otros miles. Y así van de la mano los miembros distinguidos de la alianza triunfadora en las elecciones del año pasado.

Quien si va cumpliendo con el encargo aunque tenga que mantenerse ejecutando órdenes, es el de la Gestión Pública. Ha realizado más de 40 procedimientos administrativos y sancionado a 33 ex funcionarios, todos ellos considerados como “charalitos”, frente al ofrecimiento de pescar “peces gordos”, como en su tiempo lo ofreciera el panista y ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, al asumir la titularidad de lo que hoy se denomina Función Pública.

Pero ahí la lleva, por lo menos entregará una cifra para incluirse en el primer informe de la gestión de don Carlos Manuel Joaquín González. Aunque algunos reclaman sea presentada la situación actual de inversionistas despojados y no solamente los de Tulum sino los de Maioris, en donde ex funcionarios y hasta quienes tienen en este momento posiciones dentro del ayuntamiento Benito Juárez, están involucrados en los fraudes. El asunto llegó al SAT para descubrir de dónde salieron los fondos para las supuestas adquisiciones de terceros, fórmula encontrada para dar entrada a la limpia de otro sonado fraude inmobiliario.

Sobre la escases económica y la falta de obra pública, mucho habrá de señalarse al llevar a cabo, contrario a lo ofrecido en campaña, otra renegociación de la deuda y ésta llevada a un plazo no visto por quienes, siendo mayores de 60 años, seguramente estarán gozando de una mejor vida.

¿Cómo va el gobierno en ese tema? Porque las fotos sonrientes al lado de los funcionarios de Hacienda han sido muchas pero al parecer los resultados, apoyos, entregas a tiempo de las aportaciones federales o no se dan o no las están aplicando.

Si no se presenta una lista con nombres y cantidades de lo que aseguran han pagado de adeudos de la anterior administración no habrá credibilidad ante la certeza “el papel aguanta todo”. Pudiera ser ese informe la oportunidad de reintegrar la confianza demostrada el día de las votaciones y la cual, como agua en las cestas, ha venido derramándose, perdiéndose.

 

DE LOS PASILLOS

Luego del destape del escandalo de entrega de sobornos a Emilio Lozoya, ahora se reveló con precisión la corrupción en el sistema aduanal del país. Marcoflavio Rigada Soto, administración central de Apoyo Jurídico de Aduanas, fue destituido por el SAT por recibir sobornos para apoyar de manera ilegal a empresas importadoras de autos chocolate, facilitar el tráfico ilegal de mercancías y traficar patentes para agentes aduanales. Desde el 2014, ese funcionario había sido señalado de ser parte de una red de tráfico de influencias en al cual se involucró a jefes de Aduanas del SAT, agentes aduanales, jueces y legisladores priístas...

Rigada Soto recibió hasta 3 millones de dólares de agentes aduanales y empresas importadoras para facilitar la importación de vehículos a México, según las investigaciones del caso. También se le señaló de otorgar patentes aduanales a cambio de pagos millonarios.

Entre los implicados en la red se encuentra Roberto Ruiz Armas, titular de la patente aduanal número 1656 con sede en San Luis Río  Colorado, Sonora, quien ha importado cientos de autos a través de las empresas Cox Automotive y Auto Buyline Systems Inc., entre otras…

La lista de políticos involucrados en esa fecha incluye a Héctor Pedroza Jiménez, legislador del PRI por el Estado de México; Enrique Acosta, diputado y ex líder del PRI en Mexicali; Eli Topete Robles, de Movimiento Ciudadano en Mexicali; e Hiram Rojas Hernández, ex director de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara de Diputados. Y sigue lo de Migración.

 

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