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HEMEROTECAS
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La corrupción mexicana
Manuel Yarto
- Para el automovilista, ser agente o comandante de Tránsito, es sinónimo de corrupto o ladrón
- Los jóvenes de más alto nivel socioeconómico son los que más se prestan a la mordida
- Quizá éste sea el problema más grave para el país
Según el más reciente informe de la oficina mexicana de Transparencia Internacional, organización dedica a investigar el fenómeno de la corrupción en todo el mundo, se calcula que el año pasado se registraron en nuestro país 197 millones de actos de corrupción (poco menos de dos actos de corrupción por cada mexicano), y que en dinero representó un desvío de recursos por 27 mil millones de pesos (250 pesos gastó cada mexicano en “mordidas” a la autoridad). El 56 por ciento de esos actos corruptos fueron infracciones de tránsito y otro buen número fueron pagos en dinero en cuestiones relacionadas con el uso de servicios públicos, como la recolección de basura, o pagar al cartero para que te entregue el correo.
Es importante destacar que las actividades arriba mencionadas son responsabilidad de las autoridades de nivel municipal, pues tanto los servicios de recolección de basura, como las cuestiones relacionadas con el tráfico vehicular, son actividades administradas y controladas por los gobiernos municipales. Seguramente aquí en Monterrey los alcaldes del área metropolitana buscarían evadir su responsabilidad al respecto, argumentando que los servicios de recolección de basura son concesionados. Sin embargo, es su deber vigilar que el concesionario cumpla con la ley. Respecto a la corrupción en Tránsito, ya se ha dicho demasiado; baste decir que para la ciudadanía que tiene automóvil, ser agente o comandante de Tránsito, o ser jefe de éstos, es sinónimo de ladrón o corrupto, que lo único que sabe hacer es robar a los automovilistas.
Para apoyar la idea de que los gobiernos municipales son más corruptos que el gobierno federal, el informe señala que el menor índice de corrupción se relaciona con el pago de impuestos. Sin embargo, habría que ver el mecanismo que se utilizó para recolectar la información, pues si fue mediante encuestas, es de dudar que empresarios o personas de alto poder económico reconozcan la evasión fiscal, mientras que al grueso de la población, la Secretaría de Hacienda la tiene cautiva al ser empleados. Otro dato relevante es que el Estado de México es el más corrupto del país, seguido por el Distrito Federal. Por el contrario, los menos corruptos son Colima y Aguscalientes. ¿Será acaso que la corrupción sigue siendo un problema estrechamente relacionado con el poder? Pues esas dos entidades suman regionalmente el poder político y económico de nuestro país. El reporte de Transparencia-México fue dado a conocer por su titular, Reyes Heroles, quien en conferencia de prensa lamentó que aquellos mexicanos que más se prestan a dar mordida son los jóvenes con alto nivel socioeconómico y de estudios.
Las datos obligan a reflexionar seriamente en dos ámbitos, por una parte, los sistemas de control, vigilancia y auditoría que ha desarrollado el Estado mexicano, en cualquiera de sus tres niveles (Federal, Estatal y Municipal) son un fracaso real. Los titulares de dependencias relacionadas con ello, deberían renunciar, y el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, tendrían la obligación de investigar por qué ha crecido la corrupción en nuestro país. Otro aspecto que merece reflexión es el relacionado con aquellas personas que se prestan más a la mordida, que según el informe son los jóvenes con alto nivel socioeconómico y de estudios. Traducido a lenguaje común, para el caso de Monterrey, ¿podríamos pensar que los estudiantes de universidades privadas y de altas colegiaturas como el ITESM, la UDEM o la UR tienden a cometer más actos de corrupción que los estudiantes de la UANL? De ser ciertos los datos, significa que los programas de las universidades privadas enfocados a hacer ciudadanos más responsables, o personas más éticas o moralmente más responsables, no han logrado sus objetivos.
En resumen, el informe no debe quedar en el papel, las instituciones fundamentales mexicanas deben hacer un acto de mea culpa y tomar cartas en el asunto para resolver este severo y alarmante problema, quizás el más grave de los que enfrenta el país, aun por encima del narcotráfico.
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