TRANSICIONES
Pluralidad e intolerancia
Víctor Alejandro Espinoza

México es un país diverso, de contrastes, plural. La unidad en la diferencia debe ser una premisa básica para seguir construyendo nuestra identidad y el futuro como Nación. El dialogo respetuoso –que puede ser enérgico cuando se requiera-, la tolerancia, el respeto a la diferencia, es fundamental en un Estado democrático. En ese contexto nos queda el convencimiento como una vía fundamental para que alguien que no piensa como nosotros abrace nuestras causas. La imposición es un mal camino, sobre todo cuando desde el ámbito de las creencias se juzgan todas las acciones.

La construcción del Estado laico ha sido muy costosa y difícil. Las declaraciones difamatorias de altos mandos de la iglesia católica, encabezadas por el Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, contra el jefe de gobierno del DF y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia a raíz del fallo contrario al recurso interpuesto por  la PGR para prohibir la adopción de hijos por parte de homosexuales y lesbianas, son a todas luces reprobables.

Sandoval Iñiguez afirmó que los ministros habían sido “maiceados” por el jefe de gobierno, mientras que el vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar, acusó a Ebrard de fascista y de ser “el mayor enemigo de la familia en México”. Marcelo Ebrard, decidió no ignorar las irresponsables declaraciones del Cardenal y del vocero y dejar en claro que la impunidad, venga de donde venga, daña terriblemente a nuestras de por si débiles instituciones. El miércoles 18 de agosto el jefe de gobierno interpuso su demanda por difamación ante el Tribunal Superior de Justicia del DF.

En este caso al parecer ha pasado inadvertido el papel jugado por el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República. En efecto, en enero de este año, la PGR promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de los mismos, bajo el argumento de que estos actos “se apartan del fin constitucional de protección de la familia”. Derechos que se habían incluido el 20 de diciembre de 2009 en el Código Civil del Distrito Federal y que respondían a una larga lucha contra la discriminación de los colectivos de homosexuales y lesbianas. Mediante su acción, la PGR se inmiscuía en un ámbito que no era de su competencia, dejando en claro que se trataba de responder a una posición ideológica.

Casualmente la alta jerarquía de la iglesia católica compartía esta posición. La lucha que emprendieron los representantes del PAN –de manera particular en el DF-, pronto se vio respaldada por diversos grupos de derecha y en particular por la Iglesia Católica y de manera menos vehemente por líderes de otras iglesias. Abrigaban la esperanza que la SCJN diera marcha atrás a las reformas permisivas. Sin embargo, el 16 de agosto, 9 de los 11 ministros, ratificaron el derecho a la adopción. 

El argumento en boca del magistrado Arturo Zaldívar fue que negar la posibilidad de que los “matrimonios gay” puedan adoptar hijos “sería constitucionalizar la discriminación”. La reacción del cardenal de Jalisco y del vocero de la Arquidiócesis no se hizo esperar. El problema es que las posiciones más extremas de la iglesia puedan ser azuzadas por los jerarcas y conducirnos a una polarización lamentable y a la proliferación de actos radicales. Una nueva cruzada entre el “bien” y el “mal” en una sociedad como la nuestra, donde priva una cultura dicotómica, resulta altamente preocupante.

Las iglesias, incluyendo la católica, deben abocarse a sus quehaceres: la salvación de las almas y dejar a las instituciones políticas y civiles garantizar la observancia irrestricta de lo consagrado en nuestra Constitución, que en su artículo 1, establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
victorae@colef.mx

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