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ANÁLISIS A FONDO:
Fallo a favor de ecologistas
Francisco Gómez Maza

Por ecologistas, apresados y torturados
Fallo a su favor del órgano interamericano

Una gran alegría entre los defensores de los derechos humanos causó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos en 1999 -a un tercero no lo pudieron encarcelar porque lo mataron– , incomunicados, torturados, golpeados en las piernas, torso y testículos -los amenazaron con hacerle daño también a su familia-, medio para que se declararan culpables de delitos prefabricados, como el de posesión de armas y relación con el narcotráfico, tan sólo por encabezar un movimiento a favor de los bosques que, en el sureño estado de Guerrero, famoso por sus balnearios oceánicos en cuyas arenas y aguas se solaza la crème de la crème mundial, son explotados inmisericordemente por prepotentes madereros. 

La decisión de la CIDH fue prolongadamente esperada, pues los dos campesinos sufrieron la cárcel y torturas injustamente y sólo fueron puestos en libertad dos años más tarde gracias a presiones de defensores de los derechos humanos del exterior, pero no perdonados, tanto que Montiel, por ejemplo, tuvo que solicitar asilo político al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (y se lo concedió) y actualmente vive en el estado de California, de donde no se moverá a pesar de la decisión de la Corte internacional porque no confía en las instituciones mexicanas.
 
Montiel y Cabrera fueron activistas que trabajaron para proteger los bosques de montaña guerrerense de la tala ilegal que acostumbran hacer, cobijados por poderes institucionales y fácticos, y la corrupción e impunidad, inmisericordemente, los señores de la tierra, aquellos que se consideran dueños absolutos de las riquezas naturales, sin reparar en que, junto con la acumulación de capital, están destruyendo la vida. Los dos dirigentes campesinos organizaron manifestaciones disruptivas y mostraron su malestar mediante bloqueos de caminos, pero soldados los detuvieron en un ataque en donde dejó la zalea un tercer dirigente del movimiento ecologista.  La Comisión Mexicana de Derechos Humanos determinó que los hombres habían sido torturados, pero un fiscal militar rechazó las alegaciones. Los hombres fueron declarados culpables por posesión de armas ilegales y narcotráfico, delitos obviamente inventados. El fallo de la CIDH, de 134 páginas, concluye que el gobierno mexicano violó los derechos de libertad y la integridad personal de Montiel y Cabrera, así como sus derechos a un debido proceso y la protección judicial, y ordena al gobierno mexicano investigar adecuadamente las denuncias de tortura, así como pagar por daños y perjuicios los dos ecologistas. Concluyo también que el caso no debió de haber sido juzgado por la justicia militar, sino por tribunales civiles. Las sentencias del tribunal, institución de la Organización de Estados Americanos (OEA) no serán acatadas por el gobierno de México.

Las denuncias de graves abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos por militares - de robo y detención ilegal, violación y el asesinato - se han disparado en los últimos cuatro años, prácticamente desde que batallones de las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad del combate a las bandas del crimen organizado y el narcotráfico. Tres de los cuatro casos internacionales de derechos humanos que el gobierno de México ha perdido ante la CIDH, incluyendo el de Montiel-Cabrera, implican abuso de los militares, pero todos son anteriores a la guerra contra las drogas. La cuestión más problemática es que los abusos militares son investigados por un tribunal militar, y en ese caso la credibilidad de los fallos queda en duda. Aunque el presidente Felipe Calderón promovió una reforma constitucional para que algunas violaciones de militares sean juzgadas por tribunales del fuero común, civiles, la reforma se percibe como demasiado limitada para ser eficaz. El caso Montiel – Cabrera revela que los militares no deben investigar a sus propios soldados por abusos contra los derechos humanos.

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