LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
La universidad como negocio
Edilberto Cervantes Galván
Monterrey.- Dirigentes estudiantiles de 37 universidades públicas colombianas y 17 privadas, agrupados en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), detonaron este miércoles un paro nacional indefinido en protesta por un proyecto de reforma educativa del gobierno. La protesta es en contra de que se privatice la educación universitaria.
El gobierno colombiano ha propuesto una nueva ley de educación ya que considera que las estructuras del sistema educativo son insuficientes para responder a las demandas sociales, productivas y económicas del país.
El gobierno señala que la calidad de la educación es baja ya que solo el 13% del total de los programas de pregrado está acreditado como de alta calidad, apenas un 8% de las instituciones tiene dicha acreditación y un 13,5% de los docentes en tiempo completo equivalente cuenta con doctorado. La baja producción científica origina que únicamente dos universidades colombianas se encuentren entre las 15 primeras de América Latina y entre las 500 del mundo.
El problema social dice el gobierno es que entre los años 2000 y 2010 más de 3 millones de jóvenes no ingresaron a la educación superior o tal vez ingresaron pero desertaron. Y la causa principal de este no-ingreso o la deserción se dice que es la falta de recursos económicos de los jóvenes y de sus familias.
A partir de ese diagnóstico el gobierno perfiló las siguientes soluciones:
1º. Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad académica.
2º. Incrementar de manera sustantiva de las fuentes de recursos financieros, abriendo las Instituciones de Educación Superior (IES) a la “participación” del sector privado. Se busca mejorar las fuentes de financiación a los estudiantes, mediante un sistema de crédito educativo “sin interés real”, como una medida para reducir la deserción (de un 12% a un 9%). Además se prevé la inyección de recursos mediante “alianzas publico-privadas” a proyectos académicos y de investigación. A mediano plazo (2015) los recursos que el gobierno aportará a las IES serán entregados con base en criterios e indicadores que respondan al mejoramiento de la calidad, a la formación y productividad docente, al aumento de cobertura con énfasis en lo regional y a los resultados de la investigación científica.
3o. El tercer objetivo es adecuar el sistema de educación superior a la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
4º. El cuarto objetivo es el de fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector, se propone un capítulo específico que combina, por un lado, la autonomía institucional y por otro, la responsabilidad pública en cuanto a la rendición de cuentas a la sociedad y al Estado. Para lograr este propósito se establecerán “códigos” de buen gobierno.
Es muy claro el enfoque neo-liberal de la reforma del gobierno colombiano. El tema de fondo es el manejo financiero de las IES: hacerle préstamos a las instituciones y convertir en sujetos de crédito a los estudiantes y a sus familias. Más que una reforma educativa lo que se plantea es abrir el sistema universitario al negocio financiero.
Se presenta un diagnóstico muy crítico del funcionamiento de las universidades y se genera alarma al destacar el déficit social provocado por la pobreza;( hay que señalar que las cifras de deserción son mucho más altas en México). Con eso se justifica el propósito de sujetar el funcionamiento de las universidades a un solo modelo y forma de trabajar y a que los recursos para las IES se asignen en base a criterios francamente productivistas (más o menos como el modelo que se ha instrumentado en México a través de la ANUIES).
Aparece entonces la participación de las empresas y los recursos privados como un factor que, por sí mismo, va a elevar la competitividad de la educación universitaria. Aunque no se explica cómo se aplica el concepto “competitividad” a la educación universitaria.
El presidente colombiano lo ha dicho con mucha franqueza: "La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Y eso, que quede claro, no significa privatizar, sino invertir”.
Los estudiantes colombianos y sus maestros no están convencidos por el discurso del Presidente colombiano y señalan que de lo que se trata simple y llanamente es el de una privatización progresiva de las IES públicas.
Propiciar que los estudiantes y sus familias se endeuden tendría sentido si el “mercado de trabajo” estuviera creciendo y los estudiantes al egresar fueran a recibir oportunidades de empleo con ingresos suficientes para cubrir sus adeudos. Pero eso no sucede así: con la crisis económica no se genera empleo suficiente y la deuda que se deriva de la “inversión en estudios” resulta impagable.
El mercado financiero trabaja por su cuenta y nada tiene que ver con el mercado de trabajo. Se provoca el endeudamiento y a la hora de terminar los estudios no hay quien se haga responsable de crear los empleos suficientes ni de un salario remunerador. O sea, endéudense, pero a su propio riesgo.
Después de semanas de debate público el gobierno hubo de retirar una propuesta que incluía la creación de universidades con fines de lucro.
Es interesante observar que la lucha que libran los estudiantes en Chile (que ya lleva varios meses) es en contra de que sean los criterios de fines de lucro los que prevalezcan en la gestión de la educación pública.
En Chile tratan de revertir una situación que se impuso por una dictadura militar hace ya 30 años.
En Colombia en cambio los estudiantes tratan de impedir que se imponga en su país un esquema similar.
