CONARTE Y LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE CULTURA

Humberto Salazar

Una de las maneras de adentrarse en el tema de una nueva administración y de quienes serán los nuevos responsables es la del “perfil idóneo”. De acuerdo con esta idea, no importa mucho quién sea la persona concreta favorecida por la suerte en la “Feria del hueso” (Juan Ángel Sánchez), siempre y cuando cuente con el perfil idóneo. Sin embargo esto del perfil idóneo es siempre, inevitablemente, algo relativo, pues, ¿idóneo para quién? ¿Para el funcionario que tiene la facultad de la designación? ¿Para la población de la entidad, cuya opinión al respecto se desconoce y cuya pluralidad o diversidad social, económica, política, educativa y cultural vuelven casi imposible definirla?
Somos muchos los que estamos de acuerdo en que sería muy lamentable que las tareas de promoción y difusión de la cultura a cargo del gobierno del estado, que consideramos socialmente importantes, recayeran en una persona que represente la visión de un grupo pequeño o minoritario en el conjunto de la población. Sobre todo porque estamos hablando de la forma en que habrán de gastarse recursos fiscales, es decir los aportados por el amplio conjunto de la ciudadanía.
Una persona idónea para el Gobernador entrante podría ser alguien cuya designación le permitiera “honrar” ciertos compromisos o alianzas, presentes o venideras. Se trataría de una idoneidad principesca, sólo conveniente al Gobernador que, con todo derecho, podría (y puede) hacerlo. Pero no necesariamente conveniente para la población en general.
Y, ¿cuál sería la opinión, las expectativas o las necesidades de “la población en general”? Ciertamente, no lo sabemos. ¡Tendríamos que investigarlo! Pero si no conocemos esto: las expectativas o los intereses de la población en general, ¿qué sabemos?
Sabemos que la población “en general” no existe. Como tampoco existe el pueblo, esa entidad decimonónica inventada en Europa que prohijó las concepciones romántico-administrativas (muy del viejo PRI) que conciben la “cultura popular” como aquella que es de carácter masivo y gratuito (por ejemplo los “eventos” en el Paseo Santa Lucía). Sabemos que la sociedad regiomontana y del estado es diversa, desigual, diferente y plural, pero digna y valiosa en su (irreversible e inextinguible) diversidad. Y sabemos también que, en el caso de recursos comunes como los recursos fiscales (que son de la sociedad y los administra el Estado), el principio rector debe ser el de aplicarlos en una política pública que tenga como rasgo principal el de “honrar el compromiso” con la diversidad social, cultural, educativa, económica y política que caracteriza a la población del estado; haciendo énfasis en el apoyo a los grupos con menos oportunidades sociales.
Y si tomamos en cuenta que vivimos momentos difíciles en lo económico… ¿cuál deber ser el sentido de la política cultural en momentos como éste?
La circunstancia de la crisis no debe influir en una reflexión “en frío” sobre la naturaleza y fines de la cultura, sobre su contribución al desarrollo social, sobre su papel en la economía real de las sociedades, sobre lo que aporta al desarrollo en general cuando se la concibe como soporte de llamado “capital social”, “capital cultural” etc. ¿Y entonces?
El aparato cultural del estado requiere una transformación que lo vuelva más acorde a esta visión plural, democrática, de la vida cultural en Nuevo León. Una visión que parta, por ejemplo, de lo que significa, de acuerdo con nuestras leyes, y las concepciones más desarrolladas en la materia, el derecho a la cultura. Ojalá que el nuevo Gobernador tome en cuenta estas cuestiones a la hora de designar a un nuevo responsable de las tareas culturales en el estado.
Una visión muy nuestra, muy regiomontana, ha sido la de que las tareas culturales y artísticas se perciban asociadas al ocio, a tareas improductivas y “sublimes”, muy acordes con el temperamento, el gusto, la “sensibilidad” y el tiempo disponible de las mujeres; pero no de todo tipo de mujeres (por ejemplo no las de la clase trabajadora), sino sobre todo de las señoras que cuentan con los recursos que hacen posible el “cultivo del gusto y la sensibilidad” y la más amplia disponibilidad de tiempo. No se necesita traer a la memoria los ejemplos abundantes de distinguidas señoras que “generosamente” aportan su tiempo, su talento y sus esfuerzos a desarrollar proyectos artísticos y culturales que buscan “extender” los beneficios de la cultura (de una cierta cultura) en el conjunto de la (pobrecita, inculta) población.
Se trata, por supuesto, de una visión que debemos dejar atrás cuanto antes, conscientes como estamos del importante papel de la cultura para el desarrollo integral de los individuos y de la comunidad.
En una entrevista concedida el primer día de su gobierno a un medio local, el gobernador Medina dijo que para él la cultura y el deporte forman parte de la política pública del desarrollo social, que sus propósitos más generales (y estratégicos) son los de contribuir a elevar la calidad de vida del conjunto de la población, así como fortalecer el tejido social, apoyar la participación social y la recuperación de los espacios públicos por la comunidad.
Lo más importante será que quien asuma la responsabilidad de la tarea cultural del gobierno lo haga de acuerdo con una visión social clara, y adecue las políticas, los programas y la estructura institucional a este objetivo central, estando claro que una política cultural democrática y con sentido social no es aquella que contribuye a abrir las brechas en el ejercicio del derecho a la cultura, y que democratizar la cultura no quiere decir difundir lo más ampliamente posible un canon construido para la diferenciación y la exclusión social, sino auspiciar la expresión cultural diversa y plural y garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en este ámbito.
Sería muy conveniente que el nuevo responsable convocara a un proceso de reflexión colectiva y discusión crítica de estos temas, así como de la estructura institucional más conveniente al logro de estos fines. En este amplio debate ciudadano, podría tener una participación relevante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado, para facilitar el hecho de que los resultados, conclusiones y propuestas derivados de dicho proceso pudieran luego ser implementados junto con  los cambios necesarios en el marco normativo existente.

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