ESTADO DE LOS ESTADOS
Inseguridad costosa
Lilia Arellano
Cancún.- El gobierno de Enrique Peña Nieto ha seguido la misma estrategia de la administración de Felipe Calderón en el combate a los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales, lo que se ha confirmado como una decisión errónea y sumamente costosa para el país, toda vez que de acuerdo con datos proporcionados por la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, la violencia le cuesta a México entre 8 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), entre daños materiales, pérdida de productividad y servicio de seguros, sin contar el despilfarro de recursos destinado a la seguridad en lo que va de la presente gestión presidencial, por la escasez de resultados, pues ni el número de ejecuciones ha tenido una disminución apreciable, ni los índices de delitos se han abatido.
El gobierno federal presumió una “significativa” reducción de los crímenes relacionados con la delincuencia organizada al llegar el primer informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, situándola en 20 por ciento, porcentaje sumamente cuestionable, a pesar de lo cual los homicidios contabilizados oficialmente con reportes de las instituciones de seguridad pública y de administración de justicia llegaron a 13 mil 775 hasta esa fecha, monto escandaloso para cualquier administración, excepto para ésta que, sin ningún rubor admite que los secuestros aumentaron 27.56 por ciento y las extorsiones se elevaron 16.90 por ciento, lo que habla de las garrafales fallas en las instituciones de procuración de justicia del país, problema para el cual la “solución” ha sido una estrategia mediática para que estas cifras no trasciendan y los hechos violentos sean censurados en medios de comunicación o sean abordados en páginas interiores de sus reportes informativos.
Las costosas campañas de desinformación y los discursos triunfalistas de los integrantes del gabinete de seguridad que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, son incapaces de ocultar la realidad que resiente el país, en cuanto al número real de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, que sigue aumentando a pesar del cambio de gobierno y de las promesas de campaña del mexiquense. No obstante la estrategia operada desde Los Pinos para ocultar la información en la materia, todos los días se registran descubrimientos de decapitados, desmembrados, colgados, encajuelados, desterrados de narcofosas, asesinados con el tiro de gracia, o caídos en enfrentamientos entre las organizaciones criminales y policías.
A pesar de los esfuerzos oficiales, la mayoría de la población, alrededor del 70 por ciento, según los propios reportes y sondeos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) consideran que vivir en su ciudad es inseguro, mientras que menos de un tercio de la población estima seguro vivir en sus comunidades, lo anterior como consecuencia de su experiencia directa con conductas delictivas y antisociales que ocurren en el entorno de la población. El temor al delito tiene impacto en las rutinas de la población y en la percepción que se genera sobre el desempeño de la policía.
El temor a la inseguridad y la actividad de la delincuencia se resiente hasta entre las autoridades, como lo demuestra el hecho de que tras la muerte del alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López Mendoza, alcaldes de esa entidad pidieron a senadores implementar una estrategia efectiva contra el crimen organizado. Los alcaldes demandaron en el Senado de la República aumentar al 30 por ciento el Fondo de Participaciones y un ramo especial para municipios, así como mayor presupuesto.
En el parte de guerra de las últimas horas, destaca el descubrimiento de una fosa clandestina en la que habría varios cuerpos en un predio del poblado de Tezoyuca, municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. También en el estado de Jalisco, en los limites con Michoacán, está el hallazgo (el pasado fin de semana) de nueve cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Asimismo, resalta la localización del cuerpo de una mujer decapitada con los ojos vendados y con un narcomensaje en una parcela, ubicada en el poblado de Valle de Río, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero.
A los muertos relacionados con hechos delictivos violentos, habrá que sumarle los que ocurren por las fallas en materia económica y de salud, que superan los 8 mil 500 al año. Las deficiencias alimentarias en el país que se traducen en desnutrición son la decimotercera causa de muerte en México. De acuerdo con datos del Inegi, los más afectados son los adultos mayores y los niños, al grado que el 75 por ciento de las defunciones se concentra entre personas de 65 años y más, mientras que el 7 por ciento ocurre en menores de un año.
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