Hasta que se cumpla la cuota
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Miles de firmas de mujeres nuevoleonesas van a seguir acumulándose en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, hasta que los diputados de la actual Legislatura cumplan con la obligación de establecer la cuota de género.

Garantizar la paridad entre mujeres y hombres en la competencia electoral ya no solamente es una necesidad para nuestra Entidad, sino una obligación a partir de la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se dispuso la cuota de 50 - 50 (por ciento) en todos los derechos políticos.

La equidad de género, principio que va más allá de la igualdad y de la justicia, junto con el principio de la no discriminación, deben ser los ejes para construir la estructura legal que haga posible la participación efectiva de las mujeres en la arena política de nuestra comunidad.

Empero, para que la mujer participe políticamente, debe fincarse en la premisa de ser ajena a cualquier condicionamiento.

Se vuelve indispensable que el Congreso del Estado legisle con voluntad y sin condicionamiento alguno sobre las cuotas de género, como una acción afirmativa para lograr la inclusión de las mujeres en vida política del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Además, para hacer posible la igualdad entre mujeres y hombres dentro de los organismos electorales y en los propios partidos políticos. También para que, en el corto plazo, se vuelvan una realidad la inclusión y la igualdad de la mujer en las instituciones civiles y en los organismos de la iniciativa privada de Nuevo León.

A quienes todavía siguen cuestionando por qué y para qué aumentar la participación política de la mujer, solamente les diremos que es necesario que haya muchas más mujeres activas, porque su falta o su ausencia ya no es admisible en nuestro sistema político, que se jacta de ser democrático.

Así como en los movimientos populares ha sido determinante la participación masiva de la mujer, es de suma importancia su desempeño en el trabajo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Si en los movimientos populares las mujeres se constituyen en el bastión principal de lucha, donde se estructura y se define el funcionamiento y la movilización de las organizaciones sociales, que no quepa duda que la acción de las mujeres en los poderes públicos trascenderá e irá más allá con el aporte de su pensamiento, de sus intereses y de las perspectivas de género.

Si las mujeres nuevoleonesas son ejemplo de perseverancia, de abnegada lucha y protagonistas de los movimientos urbano-populares, como el Frente Popular ‘Tierra y Libertad’ que me tocó fundar y pertenezco a mucha honra, así como de otras agrupaciones civiles, académicas, comerciales y empresariales, no hay razones que valgan para excluir su participación en la vida pública.

No podemos, ni debemos permitir que se siga excluyendo a las mujeres de sus derechos constitucionales, ni del principio de igualdad.

La igualdad política para el acceso a los cargos de elección popular, no significa que la mujer participe para arrebatarle los puestos al hombre, sino para que se postule y contienda en forma pareja, justa e igualitaria en la disputa de oportunidades para poder servir, no de cargos o de prebendas.

La igualdad política es una condición obligada para hacer posible el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres al momento de votar y, sobre todo, de ser votadas, para lo cual se requiere de derechos específicos de carácter electoral, entendidos como libertades y oportunidades básicas de orden eminentemente constitucional.

Aunado a lo anterior, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, acuerdo internacional suscrito por México ante la ONU y por lo cual posee rango constitucional, dispone en sus artículos 1, 2 y 3 que las mujeres tienen el derecho de votar y ser votadas en igualdad de condiciones que los hombres, sin discriminación alguna.

Por todo ello, no se entiende el letargo de la mayoría masculina de la actual Legislatura local, para emprender la anhelada reforma en materia de equidad de género, sabiendo que el plazo para las reformas electorales está a punto de vencer y sabiendo que por ser una reforma constitucional requiere de dos vueltas en distinto período ordinario para su promulgación.