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| 520 20 de abril de 2010 |
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ANÁLISIS A FONDO También en San Juan hace aire Francisco Gómez Maza
Informes sobre el destino de los detenidos han puesto de manifiesto el abuso sistemático y el abandono de los inmigrantes a la custodia del gobierno federal. Hay mujeres víctimas de violación a quienes se les negaron los servicios de aborto durante su detención. Las embarazadas han permanecido encadenadas mientras dan a luz, y los bebés que todavía están siendo amamantados les son arrebatados a sus madres. En un lapso de cinco años, más de 100 inmigrantes detenidos han muerto bajo la custodia de ICE (US Immigration and Customs Enforcement). Estas muertes salieron a la luz a partir de unas investigaciones periodísticas y de la organización American Civil Liberties Union. Un ecuatoriano víctima de negligencia murió después de ser transferido de una cárcel de Rikers Island en Nueva York a las autoridades de inmigración. Con demasiada frecuencia, los detenidos desaparecen en algunas de las divisiones subrepticias de ICE que no aparecen en los registros públicos y que no están identificadas claramente, según reveló un estudio de La Nación. "La capacidad de acceder al mundo exterior es una salvaguardia esencial en contra de la detención arbitraria", afirma Amnistía Internacional.
Los inmigrantes detenidos no tienen derecho a representación legal. Tienen que defender su caso a través de una maraña de obstáculos, como depender de organizaciones sin fines de lucro que no pueden aceptar llamadas con cargos, malas traducciones o interpretaciones, y desconocimiento sobre sus derechos. El sistema socava sus escasas posibilidades a un juicio imparcial. Las condiciones vergonzosas de detención van, obviamente, en contra de los derechos humanos, incluido el derecho de los detenidos a acceder a servicios médicos y abogados, y el derecho a no ser detenido por más tiempo del que el gobierno pueda justificar. Bajo la administración de Obama, el gobierno federal pasó la moción de revisar las políticas en torno a la atención médica y la supervisión. El año pasado, el ICE anunció cambios para mejorar las condiciones de detención y seguidamente se hizo una revisión interna de las prácticas de detención. Pero lo que permanece igual es que estas políticas sobre los servicios de salud y la supervisión no son legalmente vinculantes y por lo tanto, no son imputables. Pero, ¿quiénes son los responsables de esta conducta criminal y negligente? Una empresa privada, contratada para hacerse cargo de los inmigrantes detenidos y en cuyas instalaciones ha habido muertes por causa de negligencia, sigue operando centros de detención. El que nadie se haga responsable es inaceptable. El estándar debe incluir políticas humanitarias de detención, representación legal adecuada y castigos fuertes para aquellos que no respetan los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, la nación debe ir más allá. No podemos permitir que ICE convierta la detención en un negocio. La denuncia de los humillantes malos tratos a los inmigrantes ha sido denunciada por el diario La Prensa, de Nueva York, filial de la cadena de La Opinión de Los Ángeles. http://analisisafondo.blogspot.com/ analisisafondo@gmail.com
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Mientras en México se condena y denuncia el maltrato que sufren los migrantes en la frontera con Estados Unidos, a manos de la American Border Patrol y de los caza migrantes, miles de indocumentados centroamericanos viven un infierno semejante en su paso por nuestro país para alcanzar el llamado “sueño americano”, denunció hace tiempo el documental De nadie, participante en el Tercer Festival de Cine de Morelia. Tin Dirdamal (1982) – el realizador-, habla de que mueren al día cerca de 40 migrantes en su intento por llegar a los Estados Unidos y en territorio mexicano. Con todo, los juicios y actitudes del gobierno estadounidense están regidos por una doble moral y, como santurrones fariseos, se constituyen en los perros pastores de la fe y de las “buenas” costumbres. A México lo acusan, y no sin razón, de violaciones a los derechos humanos, pero en su interior reproducen las aberrantes contradicciones que denuncian hacia afuera. Ellos son “los buenos”; los demás, “los malosos”. Pero son raza de víboras, sepulcros blanqueados. En México ciertamente se practican las desapariciones forzadas, tanto desde los poderes institucionales como los fácticos. Está el caso conocidísimo de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, por cuya desaparición ese grupo guerrillero realizó una serie de atentados contra instalaciones estratégicas y luego optó por el diálogo y la negociación, que nunca se concretó porque no hubo voluntad política, o porque los desaparecidos están ya enterrados. (Los integrantes de la comisión de mediación para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) dieron por terminada su misión, el 21 de abril de 2009, ante la falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta del gobierno federal en la investigación que permitiera dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.) Pero por lo que se refiere al gobierno estadounidense, el Instituto Warren describe los defectos del proceso federal de detención de inmigrantes, como por ejemplo jueces sobrecargados de trabajo y juicios en masa. 
