TRANSICIONES

¿Desaparece la Comisión Estatal Electoral?

Víctor Alejandro Espinoza

Hace algunos años, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, tuvo lugar una interesante discusión en torno al federalismo mexicano. En una orilla se situó la posición oficial que llamó a su propuesta: el “Nuevo federalismo”; la otra posición fue abanderada por el PAN y se le conoció como el “Autentico federalismo”. La propuesta oficial puso en el centro los procesos de descentralización como ejes de una nueva articulación entre el centro y la periferia nacional; en la propuesta panista se trataba de ir más allá de la descentralización a medio camino entre una real transferencia de recursos y poderes a las entidades y la desconcentración administrativa; es decir, la federación se seguía reservando las funciones sustantivas y trasladaba a las entidades sólo procesos secundarios.

En el terreno electoral, la discusión también tuvo eco. Los abanderados del “Autentico federalismo” impulsaron abiertamente la desaparición del Instituto Federal Electoral (creado el 11 de octubre de 1990). Se planteaba que los órganos electorales locales organizaran los comicios, incluyendo los federales. Las entidades eran “capaces” de llevar adelante los procesos electorales “dignamente” y a un “menor costo”; se trataba básicamente de una propuesta ideológica, pues nunca escuché cómo podría hacerse factible. 

Por otro lado, quienes pensaban que los institutos estatales electorales deberían desaparecer y el IFE hacerse cargo de la organización de las elecciones locales lo plantearon en diferentes foros académicos. Es necesario aclarar que esta idea del federalismo electoral no necesariamente era reivindicada por los voceros del gobierno; académicos independientes pensaban que era positivo y factible trasladar a la égida federal la responsabilidad de los comicios.

Los argumentos esgrimidos por esta segunda corriente se basaban en los problemas derivados del funcionamiento de los órganos locales. Básicamente por su dependencia de las autoridades estatales o si se quiere, por su falta de independencia y de su imposibilidad para actuar como árbitros de los procesos electorales. El problema fundamental era de origen: el método de designación por cuotas partidistas en los congresos. El partido que controlaba el Poder Legislativo controlaba a su vez a los órganos electorales vía designación: y aquí no hay partido político que no haya entrado en esa dinámica. La ciudadanización de los árbitros, se decía, era una quimera.

A finales de 2009, Felipe Calderón presentó ante el Senado de la Republica una iniciativa de reforma política que aunque tardía tuvo la virtud de des-atar la discusión sobre los cambios necesarios a nuestro sistema electoral, pero también al sistema político. En ese tenor, el Senado inició en marzo de este año la discusión de algunas iniciativas de los principales grupos políticos nacionales. Pero me llama la atención que dentro de las discusiones se ha planteado, y es probable que en el futuro tome fuerza, una propuesta abanderada por el PAN y que tiene que ver con “el fortalecimiento del IFE en los estados”, concretamente el senador Alberto Cárdenas Jiménez ha sostenido que “Si el IFE asumiera todos los procesos electorales en el país, se reducirían los costos”. La propuesta incluye que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “haga lo mismo en materia de aplicar la justicia en los resultados de los comicios en todo el territorio nacional” (El Informador, Guadalajara, 23/03/2010). Aunque el argumento difundido subraya como fundamental el costo económico para evitar mantener dobles estructuras electorales, en el fondo el tema es otro: como evitar que los órganos electorales sucumban ante los poderes y disputas políticas locales.

Veremos cuál será el futuro de la reforma política y con ella de la propuesta panista de desaparición de los órganos electorales en las entidades. La paradoja resulta interesante: el “Autentico federalismo” condujo a un redimensionamiento de los poderes locales y a una falta de independencia de los órganos electorales. Las consecuencias han sido negativas: descrédito del árbitro, elecciones cuestionadas y sin credibilidad, ausencia de los ciudadanos en las urnas. La discusión sobre el futuro de la organización electoral es urgente pero también, y sobre todo,  acerca del sistema político mexicano.

Investigador del El Colegio de la Frontera Norte / victorae@colef.mx

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