Disculpas que honran
Luis Miguel Rionda
eón, Guanajuato.- El empresario hotelero Alejandro Navarro Saldaña dio a conocer ante la opinión pública de la ciudad de Guanajuato, una disculpa formal con referencia a sus opiniones emitidas el 16 de agosto pasado, cuando inculpó a cuatro miembros del Ayuntamiento de un pretendido “pago de favores” con relación a un eventual contrato de compra de agua en bloque a una empresa privada.
El ahora ex presidente fundador de la asociación Guanajuato Somos Todos A.C., emitió esas opiniones al calor de un debate que se desató en ese municipio, cuando se dio a conocer la intención del cuerpo edilicio de buscar opciones para proveer de agua al municipio. Opciones que, curiosamente, sólo pasaban por la contratación de la empresa privada Pro Activa Servicios Ambientales, que había perdido en una licitación previa para hacerse cargo de la recolección y procesamiento de los desechos sólidos de la ciudad. Esa posibilidad se planteó antes incluso de haber sido consultado el consejo directivo del Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato (SIMAPAG), para que emitiera alguna opinión sobre su capacidad para mantener la provisión del líquido al municipio.
El asunto fue ventilado con suma torpeza por parte del gobierno municipal. Los elementos que se hicieron públicos dieron lugar a múltiples interpretaciones, algunas sin duda muy críticas, llegando al cuestionamiento de la honorabilidad de quienes parecían los más entusiastas promotores de la idea. Como afirmó Navarro, eso fue vox populi y fue ampliamente comentado en los corrillos públicos e incluso en los medios de comunicación. Su error personal fue haberse hecho portador de este rumor, sin contar con elementos sólidos para su sustento. Finalmente, “las aguas han vuelto a su nivel” –literalmente- y parece ser que el intento de privatización quedará tan sólo en eso: un intento.
Con referencia a esta demanda penal, siempre he considerado que es un recurso desproporcionado y arcaico, pero útil para las autoridades cuando desean imponer la “ley mordaza” a sus gobernados. Me permito citarme a mí mismo, en un artículo que publiqué en este mismo medio el 2 de septiembre pasado:
“El cuidado de los bienes e intereses públicos no puede estar a cargo únicamente de los gobernantes. La democracia moderna se basa en el principio de representación, que indica que la ciudadanía delega funciones de administración y cuidado del interés público en los titulares del poder social, pero no renuncia a su soberanía original y a su derecho de vigilar la actuación de las autoridades electas. No hay ‘carta blanca’ alguna en el hecho de que los gobernantes reciban la encomienda de tomar decisiones que busquen el bien común. Y para ello se les dota de facultades y recursos, que de ninguna manera son omnímodos. […]”
“Se confirma que este ayuntamiento es incapaz de dialogar y de asumir con prudencia las críticas inevitables en cualquier función pública. Se han aficionado a la judicialización de sus diferencias con la sociedad […].”
“La demanda contra Navarro se basó en el arcaico artículo 188 de nuestro Código Penal estatal, que reza: ‘A quien comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, se le aplicará de un mes a un año de prisión y de diez a cincuenta días multa.’ El estatuto es increíblemente vago. Tanto que cualquier miembro de nuestra sociedad cae cotidianamente en el supuesto combatido. Desde las señoras chismosas del mercado, hasta nuestros más encumbrados políticos hacen asertos que pueden estar causando alguna ‘deshonra’ a alguien. Ya ni digamos la prensa y los medios. No por nada en el código federal se derogó desde el 2007 el delito de calumnia, con lo que se protegió la libertad de expresión y el oficio del periodismo y la opinión. Pero en Guanajuato arrastramos anacronismos como este, anticonstitucionales, que en el ámbito internacional han sido superados hace mucho tiempo.”
En el caso de marras, el empresario demandado debió emitir una disculpa pública para evitar que el asunto llegase al extremo de una posible penalización, lo que lo inhabilitaría en sus aspiraciones actuales como precandidato a la alcaldía. Los términos de su disculpa son respetuosos y sinceros. Hay disculpas que honran más a los que las emiten que a los que las reciben. Ojalá un día veamos modernizado el ordenamiento jurídico que dio pie a esta amenaza contra la libertad de expresión.
Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León.
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