LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
El subsidio educativo no es ninguna ganga
Edilberto Cervantes Galván
iudad de México.- En los Estados Unidos se ha establecido que toda medida de política que se toma en época electoral lleva necesariamente el propósito específico de generar votos a favor del partido que gobierna. El resto del tiempo la sociedad norteamericana está confiada en que los dos partidos principales cumplan de buena fe con las reglas del juego constitucional.
En México el ejercicio de gobierno se utiliza con fines electoreros casi todo el tiempo. El calendario de elecciones locales y federales se distribuye en los meses de cada año; casi en cualquier momento hay alguna disputa electoral a nivel municipal, de gobernador o de orden federal, que se utiliza como justificación para el uso partidista del poder público.
La búsqueda de apoyo electoral se basa principalmente en llevar adelante la agenda programática del político que encabeza el gobierno. Por una parte trata de cumplir con los compromisos que asumió frente a la comunidad durante la campaña y por otra busca congraciarse con los poderes fácticos y los aliados que apoyan su gobierno.
La agenda del gobierno federal se articula en función de dos ejes: una agenda de coyuntura, que tiene que ver con los problemas de gobernabilidad y una agenda histórica que responde a planteamientos ideológicos: unos de tipo conservador (rechazo al estado laico y a la educación pública laica) y otros de política económica neoliberal.
Es así como se explica la tendencia del gobierno de Calderón de brindar subsidios a la educación privada y a instituciones de educación con vocación católica.
A lo largo de los gobiernos del PRI en el siglo pasado la prioridad del gobierno fue la de impulsar la educación pública y facilitar el acceso a todos los niños y jóvenes en “edad escolar”. Darle educación a todos se planteaba como un propósito colectivo, como parte esencial del proyecto de nación. La presencia de la educación privada era modesta y se concentraba en la educación superior. Sin embargo, en la actualidad, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en México existen 2.7 millones de estudiantes a nivel licenciatura, posgrado y educación técnica superior, de los cuales casi 30 por ciento asisten a escuelas privadas.
A fines de la década de los ochenta se desaceleró el impulso a la educación pública y a partir de los años noventa la educación privada empezó a asumir un papel cada vez más importante en la educación media superior y en la educación básica.
El año pasado el presidente de la república dio respuesta positiva a una añeja demanda del sector privado educativo al hacer deducibles fiscalmente los gastos de colegiaturas en las escuelas privadas, desde pre escolar hasta el bachillerato. El argumento fue que como el gobierno no tiene capacidad para ofrecer educación a todo el que lo demanda había que compensar el esfuerzo que hacen los padres de familia al enviar a sus hijos a una escuela “de paga”.
Ahora, la semana pasada, el presidente de la república dio a conocer desde una institución de educación privada en Monterrey, lo que denominó Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior. En realidad no se trata de un programa de gobierno, ni es tampoco nacional, ni cubre a todas las instituciones de educación superior, se trata de la apertura de una línea de crédito a favor de estudiantes que decidan estudiar en 21 instituciones de educación superior privadas. Es sin duda una forma de subsidiar a las 21 instituciones.
El presidente dijo que el acceso a instituciones privadas de este nivel resulta muy costoso, situación que implica enormes sacrificios y que genera también un problema de desigualdad, pues acceder a un centro educativo superior de paga implica un poder económico del cual carece una buena parte de la población.
El presidente subrayó que con ello se beneficia a los alumnos que más lo necesitan, al ofrecerles una opción viable para seguir sus estudios en la universidad que elijan, así como la posibilidad de recibir mejores percepciones salariales futuras por su sólida formación profesional.
Es una forma compleja de justificación, ya que se argumenta una desigualdad en contra de quien no opta por la educación pública que “es más barata” sino por la de paga que “es muy costosa”.
Si no hay suficiente oferta de espacios en el sistema público esto se debe al freno al crecimiento que se ha impuesto a las universidades desde hace ya varios lustros. En materia de calidad de la educación son muy pocas las instituciones, públicas y privadas, que pueden demostrar excelencia en toda su oferta de profesiones.
El ofrecer créditos para que se puedan costear las altas colegiaturas en escuelas privadas es una forma de subsidiar a las instituciones privadas. La figura de crédito responde al enfoque neoliberal que considera a la educación profesional como una inversión de carácter individual que se capitalizará al ingresar al mercado de trabajo al concluir los estudios. Es la educación con fines de lucro, la misma que han señalado y rechazado los estudiantes chilenos y colombianos en los últimos meses.
La oferta de financiar con crédito a los estudiantes y sus familias, para pagar sus estudios, se sustenta en la ilusión de que cuando terminen sus estudios van a encontrar un empleo digno y bien remunerado. Nada más alejado de la realidad.
En los últimos once años la creación de empleos ha sido muy pobre comparado con la demanda por trabajo. De cada cuatro empleos generados sólo uno de ellos se ubica en el sector formal; esto es el 75 por ciento de quienes han encontrado empleo no tiene contrato, ni seguridad social, ni prestaciones.
Por lo demás, una tasa de interés del 10 por ciento anual, que es la que se aplicará al crédito educativo, no es ninguna ganga comercial.
