ESTADO DE LOS ESTADOS
Espionaje o licencia
Lilia Arellano
Cancún.- Toda la información disponible hasta el momento señala a Felipe Calderón como uno de los presidentes más sumisos y subordinados a los intereses de Estados Unidos, como consecuencia principalmente de su ilegitimidad.
A la fecha, la actitud y el comportamiento del presidente Enrique Peña Nieto demuestran que su administración es totalmente dependiente del gobierno estadounidense no sólo en los ámbitos políticos y económicos, sino también moral y psicológicamente. La gestión de Peña Nieto ha sido espiada desde que era candidato presidencial, ha resentido una flagrante violación a sus políticas y lineamientos económicos, a través de una intromisión generalizada y sistemática de Washington, y no dice ni reclama nada.
En el mundo, el espionaje sistemático de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), coordinada por la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono, ha generado una escalada de protestas internacionales y demandas de explicaciones e investigaciones sobre los hackers e intromisiones ilegales en sistemas y redes de comunicaciones oficiales y confidenciales de al menos 35 jefes de estado, incluidos los de Alemania, Francia, Italia y España, en Europa, y México y Brasil en América Latina, considerados amigos y aliados de los estadounidenses.
Este escándalo de espionaje a nivel mundial está llevando a la administración del Presidente Barack Obama a una rápida perdida de influencia, poder, imagen y proyección internacional, que ha minado su política exterior. Los principales líderes mundiales han podido percatarse, a partir de las revelaciones de Edward Snowden, de que la hegemonía estadounidense se genera, en una gran parte, en el manejo indebido de informaciones obtenidas con métodos ilegítimos, por lo que están tomando sus previsiones a nivel nacional y continental para contrarrestar esa ventaja. No pasan por alto que la información recolectada a través del espionaje a gobiernos, instituciones y empresas de otras naciones, les facilita a los representantes de Washington ganar batallas comerciales, imponerse en discusiones diplomáticas y manipular los encuentros bi o multilaterales para obtener resultados favorables para los intereses de Estados Unidos.
Los principales gobiernos del mundo,”aliados” y “amigos” incluidos, ven ahora a la administración de Barack Obama como un competidor peligroso, un interlocutor inescrupuloso y un socio desleal. Todo parece indicar que sólo en Gran Bretaña y en México la situación no es así. El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha agachado, ha optado por un perfil bajo y ha eludido enfrentar directamente al gobierno del presidente afroamericano. Analistas y legisladores de oposición han criticado abiertamente la tibieza de la administración peñanietista, muy distinta a la de gobiernos como Brasil, Alemania, Francia, Italia e incluso España. La administración de Peña Nieto ni siquiera ha llamado al embajador Anthony Wayne para exigirle explicaciones. La secretaría de Relaciones Exteriores sólo se quedó en el comunicado y manifestó su “categórica condena a la violación de la privacidad de las comunicaciones de las instituciones y ciudadanos mexicanos”.
Contrario a los intereses nacionales, el gobierno de Peña Nieto ha tratado de evitar que la polémica por el espionaje de la NSA escalara. Una nota diplomática revelada por la ONG The National Segurity Archive, redactada con motivo de la visita que hizo en julio la entonces secretaria de Seguridad Interna de EU, Janet Napolitano, a México, comprueba esta actitud sumisa y subordinada: “los mexicanos han señalado que esperan tu reunión con Peña Nieto para poner punto final (put to bead) a los asuntos relacionados con las filtraciones de Snowden, que están escalando en la prensa mexicana. Por separado, se le proveerán puntos clave desde la Casa Blanca para responder a este asunto”, se lee en el documento fechado el 23 de julio de este año.
Ante las pruebas de que la NSA ha venido realizando un monitoreo ilegal e injerencista en las más altas esferas institucionales del país, incluida la Presidencia de la República, los funcionarios de primer nivel han adoptado una actitud claudicante, a pesar de que el espionaje es un delito que debe ser perseguido y sancionado, y las autoridades de esta administración han declinado cumplir con este deber legal. Peña Nieto ha evitado adoptar una postura enérgica y soberana como jefe del Estado mexicano, a pesar de que a nivel internacional crecen las protestas oficiales contra Washington.
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