Degradación en todos los niveles
Hugo L. del Río

Monterrey.- El matutino El Sol, de Tampico, publica en primera página una declaración del gobernador Egidio Torre Cantú: “Nada ni nadie detendrá el desarrollo de Tamaulipas”. En cuatro días de balaceras consecutivas perdieron la vida 31 personas: 28 en el puerto, tres en Ciudad Mier. En el mapa de la violencia, Tamaulipas y Michoacán son entidades pintadas de rojo.

Aparte de la frontera, el petróleo y la importancia de Tampico como puerto marítimo, en Tamaulipas está, en la Cuenca de Burgos, el más importante yacimiento de gas natural de México. Sin embargo, el Estado mexicano se desentiende. La sociedad civil tamaulipeca es muy débil; los editores y concesionarios de los medios se impusieron la autocensura y las instituciones locales son anémicas y corruptas.

La ley de la cuerno de chivo impera en el vecino territorio desde hace muchos, pero muchos años. “Ni el pasado gobierno federal ni el actual han tenido voluntad de resolver el problema”, dice Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y uno de los pocos tamaulipecos que se atreve a hablar.

Desde luego, Tamaulipas no tiene el monopolio del terror. Los templarios, todavía dueños de Michoacán, amenazan a los dos millones de michoacanos que viven en California. Comenta un tarasco residente en Fresno: “Te mochan el buche, te mochan la lengüita, los huevos y las manos y dejan un cartelón con un cuchillo clavado en el pecho para escarmiento de los demás”. Estos dos millones de michoacanos –la población del estado se redujo a poco menos de cinco millones– dominan el miedo y colectan dinero para que las Autodefensas, AD, compren armas. Las milicias voluntarias han liberado a docenas de Municipios de los narcocaciques que padecieron durante años. La Federación quiere desarmar a las AD, y bastó el anuncio para que gavillas de matones de los cárteles del golfo y los zetas ingresaran a disputar a los templarios el control del territorio.

Pero el gobierno de Peña Nieto no la tiene fácil. Dice el doctor José Manuel Mireles, actual comandante de las AD en Tepalcatepec y ex vocero del somatén: “No nos vamos a desarmar. Que quede bien claro. Nosotros vamos a deponer las armas cuando el gobierno federal y el del estado hayan terminado el trabajo de limpiar el estado de Michoacán de criminales”. Ardua faena. Ya cayeron Jesús Reyna, ex secretario general de Gobierno suplente del gobernador Fausto Vallejo cuando éste se enfermó, y José Trinidad Martínez Pasalagua, ex diputado local por el PRI y hasta ayer presidente de la Comisión Reguladora del Transporte. Pero son apenas la punta del gigantesco témpano.

Los hijos de Fausto Vallejo, Fausto y Rodrigo, “se están despachando con la cuchara grande”, comentó un alto funcionario federal a Carlos Loret de Mola, columnista de El Universal. No puedo decir en cuál de las dos entidades mencionadas hay más putrefacción y criminalidad. Pero el Cabildo de Apatzingán aprobó por mayoría una iniciativa para que sea la Policía Federal y no los gendarmes locales, la que proteja el palacio municipal.

Hasta que surgieron las Autodefensas, cada regidor tenía que pagar veinte mil pesos al mes a los templarios, reveló el munícipe panista Martín Gómez Ramírez. Estos narcos pedían “apoyo voluntario”: si alguien se negaba, le mataban a un pariente. Gómez Ramírez denunció que “había hasta periodistas que trabajaban para ellos”. Sin duda, lo mismo ocurre en Tamaulipas y, seamos sinceros, también en Nuevo león y en todo México.

La degradación daña a todos los niveles de la sociedad mexicana: ningún gremio, ninguna profesión, ningún oficio pueden presumir de una aceptable asepsia moral. El narcotráfico nos pervirtió tanto que alternamos con capos y sicarios en ágapes y fiestas y vemos su tarea de envenenar a la nación como algo perfectamente normal. “Si son rebuenas  gentes” (sic), me dijo hace poco un conocido.

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