Francisco Gómez Maza


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Ha habido avances en materia legislativa, pero…
Los criminales de periodistas andan sueltos

maza Este martes, en Ginebra México presentó examen de Derechos Humanos – el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, informó al Consejo que ha habido avances, en especial en lo que se refiere a la libertad de expresión. Señaló como "aciertos" en materia de libertad de expresión que el Gobierno Federal ha impulsado:
"i) La despenalización de la difamación a nivel federal,
ii) La presentación de la iniciativa de federalización de la Procuraduría General de la República (PGR), y
iii) Las medidas de seguridad emprendidas contra el crimen organizado, el cual ha sido el principal perpetrador de las agresiones contra las y los periodistas". Con todo, no todo es miel sobre hojuelas; diría que nada es esperanzador para los periodistas, sobre todo para aquellos que andan en medio de los operativos militares y policiales contra las bandas del narcotráfico, o que denuncian desde sus medios, desde las primeras plantas de los diarios, o de selectas revistas, o de la humilde cabina de una radiodifusora, las cosas que están mal en México, o tocan a los intocables, los barones de la droga y el crimen organizado. La federalización de los crímenes contra periodistas es aún un expediente abierto en el poder legislativo y hasta la fecha no avanza en consenso en la Cámara de Diputados; y sobre la responsabilidad de agresiones a periodistas y medios de comunicación, cierto es que se vinculan al crimen organizado, pero también en un buen porcentaje a funcionarios públicos.
La más reciente agresión, gravísima injuria, ocurrió hace unos días cuando un comando atacó a balazos la casa del director del diario El Debate de Guasave. Un grupo de hombres armados abrió fuego con armas automáticas AK-47 contra el domicilio de Moisés Garcia Castro, director del diario El Debate de la ciudad de Guasave, Sinaloa. Afortunadamente Moisés salió indemne y no hubo lesionados, aunque su casa quedó destrozada por las balas de los sicarios. Por qué fue puesto en la mira de quién sabe quién. Quién sabe. "Al saber…", contestarían en mi datcha. No es la primera vez que la casa periodística El Debate, con presencia en varias ciudades de Sinaloa, sufre un ataque. En noviembre pasado, su sede en Culiacán fue blanco de un atentado con granadas y en 2004, un reportero gráfico del diario de Mazatlán fue asesinado por un ex policía.
Además, se muestra en desacuerdo con el fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, quien ha minimizado las agresiones contra los reporteros en el país. De acuerdo con Orellana Wiarco, de entre 38 y 45 periodistas asesinados de 2006 a 2008, sólo tres casos fueron por su trabajo profesional; pero no informó sobre el castigo que recibieron los victimarios. En el escenario nacional hay periodistas que fueron agredidos por cumplir con su trabajo. Ejemplo de ellos son el caso del columnista Miguel Ángel Granados Chapa, acusado de daño moral por expresar su opinión en el prólogo del libro La Sosa Nostra; Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, quienes enfrentan siete demandas civiles, después de revelar los contratos que firmó en Pemex el lamentablemente desaparecido ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Está pendiente también la investigación del asesinato de José Armando Rodríguez, de El Diario de Ciudad Juárez, quien fue ultimado el 13 de noviembre, cuando salía de su casa.
De 2001 a 2003 se contabilizaron siete periodistas asesinados; de 2006 a 2008, la cifra se elevó a 25; de éstos, el 55 por ciento corresponde a medios impresos. Además, los ataques provienen en su mayoría del poder público con una incidencia del 50 por ciento y un 10 por ciento del narcotráfico. Hasta el momento, a decir verdad y sin afán de contradecir y atacar con mala leche, sino sólo haciendo un análisis, ni uno de los 69 asesinatos y 11 desapariciones de periodistas cometidos desde 1997 en este país, 10 de estos casos perpetrados este año, ha sido resuelto, como lo ha dicho la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que no se puede acusar de opositora al gobierno. "La impunidad es una invitación al crimen organizado para que siga acosando a la prensa independiente y promoviendo la autocensura", aseguró a los medios el periodista guatemalteco Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Los directivos de periódicos que asistieron al Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana, organizado por la SIP, reclamaron ante autoridades que los delitos contra la prensa sean tipificados como delitos federales, que no prescriban y que se apliquen penas más severas a los culpables. Pero los diputados se han venido haciendo "pijijis", pendejos, pues, como dicen en mi datcha. "El Estado mexicano en su totalidad tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad del ejercicio periodístico, algo que hasta ahora no ha quedado más que en promesas y en expresiones de buena voluntad de parte de muchos funcionarios", lamentó Marroquín. El director editorial del diario guatemalteco Prensa Libre aseguró que México vive este año "un repunte" de la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación por el que ha superado a Colombia como "país más peligroso para ejercer el periodismo" de toda Latinoamérica.
Enrique Santos Calderón, director de El Tiempo, el único diario de alcance nacional de Colombia, coincidió con este diagnóstico y aseguró que México vive el mismo fenómeno de narcoterrorismo que vivió su país pero "agravado". "Mientras la economía de las drogas siga siendo tan rentable va a continuar la violencia y la corrupción, resultando afectada la sociedad en general y la prensa en particular", subrayó Santos a la AFP. Para el vicepresidente de la SIP, México debe aprender de la experiencia de Colombia, donde "el asesinato de un periodista es ahora un escándalo nacional". También exhortó a que se produzca en México una "reacción social" en este asunto, porque resulta muy grave que la ciudadanía se quede "indiferente cuando asesinan a un periodista que está defendiendo los intereses de la sociedad".
Los periodistas también demandaron a las autoridades mexicanas que ordenen el otorgamiento de publicidad oficial "para evitar el manejo discrecional de los fondos públicos con el fin de controlar a la prensa". El riesgo para los periodistas en México se ha acentuado en los últimos años por la intensificación de la guerra entre los cárteles de la droga.