Producto de la casualidad dos eventos están dando material para regresar sobre una vieja discusión en torno al uso de la fuerza pública para resolver manifestaciones civiles. Mientras en la capital se discute sobre si hubo o no violación de los derechos humanos, en el caso de San Salvador Atenco, por parte de las autoridades federales en 2005, en la capital de Nuevo León nos encontramos con un par de manifestaciones muy peculiares sobre dos de las principales arterias de Monterrey.

El catálogo de opciones que tiene un ciudadano para demostrar su inconformidad sobre el actuar del gobierno incluyen la manifestación pública, la desobediencia civil, y en algunos casos se la legitimado el uso de la insurrección, ésta última siempre en un juicio posterior y una vez que se hayan corroborado actos de violencia contra la sociedad civil por parte del gobierno de manera sistemática, como fue el caso del Apartheid en Sudáfrica. Mientras algunos podrán considerar que el uso de la violencia por parte de la sociedad jamás estará justificado (y aquí podríamos entonces condenar manifestaciones tan violentas como fue la insurrección de Miguel Hidalgo en México o de los Founding Fathers en Estados Unidos), hay otra cantidad que no se atrevería a hacer un juicio tan precipitado.

Por el otro lado, la autoridad también tiene un abanico de opciones frente a la amenaza que puede surgir de parte de la sociedad civil, desde la organización de grupos de presión en las calles hasta una misma amenaza al Estado por una insurrección suficientemente organizada que obligue la suspensión de garantías individuales (en nuestro país establecidas en el 29 Constitucional).

Cuando hablamos de dos casos como fue Atenco en 2005, donde Carlos María Abascal ordenó el uso de la violencia contra la población civil, o el que sufrimos en Monterrey las noches del lunes y el martes (sin saber aún si en miércoles se repetirán), tenemos varios elementos en común. Por un lado un gobierno que respondió agresivamente contra una manifestación civil en donde de acuerdo a trabajos de inteligencia había células que intentaban desestabilizar al gobierno, y que según parece la Suprema Corte dictaminará que sí hubo violación de derechos humanos de manera injustificada y de forma desproporcionada a la amenaza que representaba. Por el otro, un grupo de manifestantes supuestamente pagados por algunas células de los Zetas según las investigaciones de la autoridad local, que aprovecharon el factor sorpresa para desquiciar el tráfico en Monterrey. En el segundo día fueron arrestadas algunas personas además de que de acuerdo a la prensa local se descubrió que hubo pagos en dinero y en especie para quienes participaron en estas manifestaciones.

¿Cómo podría determinar la autoridad en qué momento es posible hacer uso de la fuerza, especialmente cuando no tiene este tipo de información sobre quién está detrás de estos movimientos? De acuerdo al sociólogo Emile Durkheim las manifestaciones pueden presentarse tanto de manera espontánea como por una organización social detrás de ellas ¿En qué momento se puede actuar de una forma y en qué otro debe respetarse el derecho a la libre manifestación de la sociedad? La experiencia en la Ciudad de México nos habla de una laxitud desesperante por parte de la autoridad de la capital, aunque de ninguna manera podría tolerarse la violencia extrema contra la población como fue el caso de Atenco.

¿Quién tiene la verdad en este asunto? ¿Está la autoridad facultada para disolver manifestaciones? ¿En qué condiciones? ¿Acreditar que hay un grupo subversivo como un grupo guerrillero o el mismo crimen organizado detrás de ellas faculta a la autoridad para atacar violentamente a grupos civiles? ¿El derecho de tránsito es prescindible frente al derecho de libre manifestación? Algunas preguntas que nos tendremos que comenzar a hacer en una ciudad donde nos considerábamos ajenos a estos problemas.

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