Cómo analizar el 4 de julio

Juan Reyes del Campillo 

El proceso electoral de 2010 terminó como empezó: de escándalo en escándalo. Desde la conformación de las alianzas entre el PAN y el PRD hasta el asesinato del candidato a gobernador en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, se desarrolló un atropellado proceso que evidenció la crisis la clase política nacional. Desde luego, el cambio de gobernador en doce entidades no es cualquier cosa, son muchos espacios de poder, con lo cual se pusieron en acción muchos recursos y todas las fuerzas políticas.

Son sin embargo varias las preguntas que debemos hacernos al reflexionar sobre este evento, el cual se da por primera vez en el país. Anteriormente, las elecciones del cuarto año de gobierno se presentaban a lo largo de los meses, pues así convenía al PRI o mejor dicho al Presidente de la República. Los procesos se iban dosificando, se hacía la selección de candidatos desde Los Pinos y se operaban desde las oficinas del PRI en la avenida Insurgentes. Las cosas cambiaron al perder los priistas la presidencia y al fortalecerse y atrincherarse los gobernadores en sus estados. Pero ahora es diferente y no faltará quién señale que fue un laboratorio hacia el 2012.

Una primera evaluación tiene que ver con las alianzas opositoras que enfrentaron al PRI en diversos estados. Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, incluyendo además de última hora a Tlaxcala, en donde la perredista Minerva Hernández declinó en favor de la candidata panista Adriana Dávila Fernández. Los primeros cuatro estados se caracterizan por su atraso político, con muestras evidentes de autoritarismo, caciquismo y clientelismo. Muchos datos comprueban que se trata de entidades en las que la pobreza y la marginalidad son añejas y profundas, y que esta situación está fuertemente vinculada con la política. Habrá que analizar su desempeño y sus resultados, así como su misma conveniencia.

Otro asunto a comprobar es cuáles de los gobernadores priistas lograron imponer a sus delfines. Es sabido que la mayoría de los gobernantes estatales ubicaron como candidatos a políticos muy cercanos a ellos, casi todos integrantes de su equipo de gobierno. A varios con poca experiencia, pero ante la necesidad de tener un cargo de elección popular en acuerdo con los estatutos del partido, los enviaron como diputados  federales en 2009, pero sólo para cumplir con el requisito y con la intención de placearlos y foguearlos en el Congreso de la Unión.  

El uso excesivo de dinero en las campañas, mayoritariamente de recursos públicos ilícitos, es un asunto que encendió los focos rojos de la competencia electoral. No obstante, la respuesta ante tantas evidencias fue el cinismo, el contraataque de quienes fueron señalados. Aquellos que fueron subrepticiamente grabados denunciaron la ilegalidad, pero nunca aclararon qué era lo que estaban haciendo. Esto es, lo único que se les ocurrió a los delincuentes fue exigir “agarren a los delincuentes”, con tal de generar una cortina de humo que les quitara los ojos de encima.

Pero el dinero fuera de toda proporción equitativa, el uso arbitrario de programas  gubernamentales, medios de comunicación oficiales para apuntalar a sus propios candidatos, son hechos lamentables que terminaron por ensuciar y restarle credibilidad al proceso electoral. ¿Será así el 2012? ¿Alguien se habrá dado cuenta de que tanta basura no puede engendrar más que basura.

Mediante intereses sórdidos que sólo convocan impunidad y arbitrariedad, al disimulo y la prepotencia, la ilegalidad únicamente incita a una mayor ilegalidad. Qué acaso no es posible reparar en que quien a hierro mata a hierro muere. Es increíble, pero sobre el asesinato del candidato a gobernador todo mundo se lamenta, aunque nadie se pregunta cuál es el móvil del crimen. Todo señala al narcotráfico, pero nadie se cuestiona por qué lo hizo. Al respecto únicamente pueden existir dos hipótesis, la primera es que no quisieron negociar con el crimen organizado y la otra que negociaron con unos malosos y otros se molestaron. La idea de que se busca debilitar a las instituciones es una consecuencia, no puede ser una causa.

Cuando el río suena es que agua lleva y en Tamaulipas, como casi en todo el país, es más que sabida la presencia y la fuerza del narcotráfico, además de sus vínculos con  esferas gubernamentales. Simple y llanamente, narcopolítica, en la que el candidato resultó un chivo expiatorio. Lo cierto es que la barbarie sólo puede provenir de un mundo en el que la ley la infringen los responsables de hacerla cumplir.

Hoy se ha puesto sobre la mesa una convocatoria al diálogo y a la reflexión de cómo enfrentar al crimen organizado. Además de eso, toda la clase política debería ponerse a meditar si no es más conveniente asumir la democracia con el cumplimiento estricto de sus reglas, con elecciones libres y limpias, y no a transgredirlas en beneficio de intereses particulares.

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