ANÁLISIS A FONDO
613 agresiones; 65 muertes
Francisco Gómez Maza

90% de los asesinos de periodistas no son detenidos
En marcha el Observatorio Nacional de Periodistas

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que encabeza Raúl Plascencia, hasta ahora se han perpetrado en México, en la década que corre, 613 agresiones contra periodistas y han sido asesinados 65 entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Tales agresiones y muertes están  "en el cajón de la impunidad", bajo la mirada siempre presente e inquisitoria del Observatorio Nacional de Periodistas, organismo que la comisión ha instituido con el fin de documentar los casos de agresiones, desapariciones, secuestros y asesinatos de reporteros y darles seguimiento hasta su conclusión en los tribunales. Y es que los llamados servidores públicos no muestran estar comprometidos para evitar que se anule o mutile el ejercicio de la libertad de expresión. En la 66ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (que de ninguna manera es santo de mi devoción porque en los hechos sólo defiende los intereses de los dueños de los medios de publicidad y propaganda), Plascencia se comprometió, en el panel “Periodistas bajo ataque: combate a una amenaza”, con los reporteros, los trabajadores de la prensa a quienes les dijo que la CNDH está de su lado porque “son un motor para acceder a la democracia" (qué tipo de democracia, le pregunto al señor Plascencia. La democracia que se practica en México no es democracia por muchas razones que no viene al caso discutir ahora, por falta de espacio).

Pero aceptando sin conceder que el “poder legislativo” es un ente existente y no sólo un mito, una fantasía, es indispensable y urgente que el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) apruebe reformas constitucionales y legales para darle mayor fuerza al cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH. Una medida para abatir las agresiones es, como lo plantea el presidente de la comisión, la Guía de Medidas Cautelares para la Protección de Periodistas. Pero no serviría de nada ninguna nueva legislación, si continúa habiendo desinterés y total olvido de parte de las “autoridades”, frente al fenómeno de la impunidad en que están las agresiones y, sobre todo, las desapariciones y asesinatos de reporteros que cubren los operativos militares y policiales en contra de las bandas de sicarios del crimen organizado y el narcotráfico, o reciben amenazas telefónicas de muerte y no son cuidados por guardias de seguridad tanto en su casa, en su oficina, como en cualquier lugar público donde se encuentre inclusive en ocio merecido.
Un despacho difundido por Terra, se refiere a “el aniversario del olvido”. Y narra que María del Carmen Aguilar sintió el regreso de la angustia, a medida que se acercaba el jueves (ayer), cuando cumplió un año sin noticias de su hermana María Esther, una de los cuatro periodistas desaparecidos en una región azotada por el narcotráfico de México. Estuvo meses callada para proteger a sus dos pequeñas sobrinas, que vivían con ella, pero ahora María del Carmen las ha confiado a su padre y quiere volver a llamar la atención sobre el caso de su hermana menor. Porque si autoridades de México, donde más de 30 periodistas han sido asesinados o desaparecidos desde el inicio de la lucha militar antidrogas en 2006, han hecho algún avance en la investigación, nunca la llamaron para informarle. "He pensado en volver a hablar con los medios o hacer una marcha. También me gustaría que se expongan los cuadros que pintaba mi hermana; algunos son de paisajes y otros de 'nota roja' (hechos violentos). Pero la verdad es que no tengo nada claro", admitió con tristeza a la AFP (Agencia Francesa de Noticias). María Esther Aguilar desapareció hace un año en Zamora (estado mexicano federado de Michoacán), al salir una mañana a una cobertura noticiosa. María Esther contaba con 32 años de edad y era corresponsal del diario regional Cambio de Michoacán, especializada en asuntos policiales y de narcotráfico, en una región que se considera un feudo del sanguinario cártel 'La Familia Michoacana'. Al temor al crimen organizado mexicano, al que el gobierno culpa de más de 28,000 asesinatos desde 2006, se une en Michoacán la desconfianza hacia las autoridades locales. María del Carmen cree que la procuraduría estatal "ha investigado y sabe algo" del paradero de su hermana, si bien no hay un sólo detenido por el caso.

Familiares de otros reporteros desaparecidos en Michoacán viven una similar falta de atención, tanto de la procuraduría como de la fiscalía federal especializada en delitos contra periodistas. La familia del editor y periodista José Antonio Apac, desaparecido en 2006, también en Michoacán, sigue intentando que se destine un equipo de buceo para buscar su cuerpo en una presa cercana al último lugar donde se le vio. "Una persona de la fiscalía federal nos dijo que era más fácil que obtuviéramos nosotros el buzo", rememoró a la AFP Rosa Caballero, esposa de Apac, cuyo caso se archivó hace tres años. La propia procuraduría de Michoacán, que ha reconocido que al menos 550 de sus ciudadanos desaparecieron entre junio de 2009 y agosto de este año, reporta desatenciones en las investigaciones. Sus expertos no han examinado los casquillos encontrados en el lugar del asesinato de Gerardo García, en diciembre de 2007, ni se ha "verificado" si este periodista "usaba celular", según un reporte de julio sobre las investigaciones de los cuatro reporteros ultimados y los cuatro desaparecidos en Michoacán desde 2006, ninguno de ellas resuelto. Los agresores no son detenidos en más de un 90% de los asesinatos de periodistas en México, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Y como los desaparecidos no han sido declarados oficialmente fallecidos, sus familiares no reciben pensión ni otra ayuda pública. Las dos hijas de María Esther tampoco tienen apoyo del diario Cambio de Michoacán, que pagaba 80 pesos (6.4 dólares) a su madre por pieza publicada.

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