MINERA CANADIENSE CONTRA EL MOVIMIENTO SOCIAL Y EL GOBIERNO DE CHIAPAS

Intereses económicos se contraponen al respeto a los derechos humanos, al cumplimiento de la ley, al cuidado y preservación del medio ambiente y a intereses de las comunidades cuando se aborda el tema de la minería. En Chicomuselo, Chiapas, el ejemplo es preciso. La trasnacional canadiense Blackfire, que explota barita y otros minerales, ha convulsionado la zona contaminando un río, actuando sin permisos gubernamentales y en oposición a activistas y pobladores que exigen su salida y denuncian la apropiación ilegal de tierras.

Datos aportados por Artemio Ávila Cervera, director general de Blackfire, recogidos en el diario Cuarto Poder de Chiapas, señalan que la beta de barita en ese estado podría ser la más grande del mundo y siendo este mineral fundamental en la industria petrolera, dicho yacimiento reconfigura el mapa de las relaciones comerciales. Se dejaría de importar barita de China e India y además la extraída en México se vendería a Estados Unidos, Canadá y Venezuela, principales productores petroleros en la región. La importancia de esta mina es mayúscula a nivel mundial.

Desde julio pasado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), encabezada en Chiapas por el activista Mariano Abarca Roblero, se apostó a las afueras del complejo minero de Chicomuselo, logrando que la empresa suspendiera sus actividades. En un contexto de tensión social y lucha para cerrar definitivamente este complejo, el 27 de noviembre de 2009 un desconocido disparó contra el defensor de derechos humanos, asesinándolo fuera de su casa. Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia Estatal ha detenido a tres presuntos responsables vinculados a Blackfire.

Mariano Abarca ya había sufrido con anterioridad la criminalización de la lucha de la REMA-Chiapas. Luego del plantón de julio, fue acusado por la minera por asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación (todas estas acusaciones son aplicadas a defensores de derechos humanos como una forma de intimidación por sus acciones y causas), entre otros delitos. El 17 de agosto fue detenido con uso de violencia por policías, previo a que se realizara el II Encuentro de la REMA Chiapas en Chicomuselo; debido a la presión de diversas organizaciones nacionales e internacionales, fue liberado.

Paralelamente, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) del estado de Chiapas, avanzaron acciones legales para clausurar el complejo, dada la falta de cumplimiento de la normatividad en la materia. El 7 de diciembre se clausuro la mina porque la empresa no cumplía con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para la construcción de un camino, ni con un permiso por la emisión de polvos y de fuentes fijas de contaminantes atmosféricos por el uso de maquinaria pesada, que genera dióxido de carbono.

A pesar de esta clausura, se espera que la empresa siga los cauces legales que le permitan seguir con sus operaciones. En unos días, se iniciará el procedimiento legal contra la minera por parte de SEMAVI, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hace unos días llevo a cabo otra visita de inspección y estableció una clausura total de forma temporal, por motivos similares a los encontrados por la SEMAVI en un inicio. Asimismo, se espera que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) den un seguimiento efectivo a estos procedimientos legales que se han iniciando. A estas instituciones federales corresponde valorar si la empresa puede seguir explotando los recursos naturales del estado del sureste.

Hasta el momento policías municipales se mantienen vigilando las instalaciones para comprobar que los sellos de clausura no sean violados, si esto ocurriese el estado y la federación ahora también, se verían en la obligación de actuar haciendo uso de la fuerza pública y confiscando eventualmente la maquinaria de la minera.

A raíz de las acciones de la Semavi, funcionarios públicos estatales han sido amenazados por personas no identificadas, lo cual se suma al clima de tensión tras el asesinato de Mariano Abarca. La aplicación de la ley y el derecho a la protesta quedan vulnerables ante los intereses de la minera canadiense.

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